Felipe Osman
El Concejo Deliberante se prepara para su primera sesión post ‘caso Agostina Vega’, y el asunto importa, centralmente, porque haber quedado en el foco el hecho de que el homicida era becario en la municipalidad, y el concejal Ricardo Moreno -de la bancada oficialista- fue quien, cinco años atrás, intercedió para que Barrelier fuera incluido en los planteles municipales bajo esta forma de contratación.
Trascartón, las declaraciones públicas de Moreno no conformaron al bloque, que esperaba un perfil más bajo del concejal, y el asunto terminó resolviéndose con el retorno de Raúl La Cava al Concejo, manera ideada por el Intendente para que el penalista terminara cayéndose de su banca y volviendo a la “reserva” de los casilleros suplentes.
En ese marco, la sesión de hoy estará atravesada por tres circunstancias: el regreso de La Cava al recinto; el ingreso de un nuevo proyecto del Ejecutivo para imponer a los empleados municipales la obligación de tramitar semestralmente certificados de antecedentes penales y practicarse tests para la detección del consumo de drogas; y la ofensiva opositora para redoblar la presión en el punto de dolor en que se ha convertido la banca 16 de Hacemos Unidos.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo tiene un objetivo claro: ajustar los controles para mostrar capacidad de reacción frente a los reproches por la situación de Barrelier, que revistaba en el cuerpo de becarios y se encontraba en pleno proceso de convertirse en un contratado a pesar de registrar antecedentes por privación ilegítima de la libertad desde 2025.
Es por esto que el nuevo proyecto busca incorporar al Estatuto del Empleado Municipal (Ordenanza 7244) nuevos deberes, modificando el artículo 44, que pasará a exigir, además de los requisitos hasta ahora demandados, que los empleados presenten semestralmente certificados que acrediten buena conducta, a saber: “certificados de antecedentes nacional y provincial sin causas ni condenas penales; (…) de no encontrarse inscriptos en el registro provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, (…) de no encontrarse inscripto en el registro de deudores alimentarios morosos, (…y…) certificado expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”.
Asimismo, la iniciativa propone incorporar en el artículo 53, como causal de cesantía, la reiteración de la falta de presentación de estos certificados y/o estudios por dos años, cuando hubieren dado lugar a sanciones.
Hay una primera consideración ineludible, de naturaleza jurídica, que es hasta qué punto estas nuevas obligaciones no colisionan de frente con el Principio de Reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional “Las acciones privadas de los hombres…”. Pero quizá el costado más problemático del asunto es el que plantean allegados al sindicato: ¿Cuántos municipales no pasan, hoy, el nuevo estándar que pretende incorporar Passerini? Es una gran pregunta. El tiempo dirá.
En cualquier caso, el control de daños del PJ tendrá hoy, por contrapartida, una recalibrada ofensiva de la oposición. Recalibrada, decimos, porque en realidad las bancadas opositoras habían trazado un plan según el cual Moreno estaría hoy sentado en su banca. Pero, a pesar de un oficialismo que les “corrió el arco”, los ediles no peronistas no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de maximizar los costos de su adversario común.
Por eso han resuelto insistir con el pedido de expulsión del penalista, ante el riesgo de que un capricho del destino lo haga volver a su banca para suplir a algún compañero temporal o definitivamente imposibilitado de desempeñarse en el recinto.
Las imputaciones que desde el radicalismo, el juecismo, el PRO, y las demás bancadas lanzan contra Moreno acusan una suerte de falta de idoneidad moral del concejal para integrar la cámara, en virtud de haber admitido facilitar el ingreso de agentes a la administración pública y, fundamentalmente, por la incompatibilidad que, a su entender, surgiría de defender a Barrelier en su antecedente por privación ilegítima de la libertad y representar, al mismo tiempo, a los vecinos de Córdoba.
Si se tratara de una cuestión legal, los opositores no podrían entusiasmarse demasiado con sus acusaciones. Pero lo cierto es que el asunto es netamente político, y en esa arena todo se vuelve opinable.
Lo que no debería perderse de vista -al margen de los apoyos y rechazos que un personaje orgullosamente polémico como Moreno pueda suscitar- es cuáles de las faltas que se le imputan son personales, y cuáles son un reflejo sistémico del funcionamiento de la política en este tiempo y lugar. Porque de seguro el concejal no firmó la admisión de Barrelier como becario, ni la resolución que lo pasaría a contrato, ni la planilla en que se registraron sus 20 ausencias sucesivas tras quedar detenido el año pasado. Y mucho menos creíble es, aún, que haya sido el único en “hacer entrar gente” al municipio. El desenfadado Moreno es más bien un reflejo de sí misma que incomoda a la política, aunque no a el mismo.
