Bettina Marengo
Una reunión entre el viceintendente Javier Pretto y el concejal Ricardo Moreno luego de que el intendente Daniel Passerini no quisiera reunirse con el abogado de la seccional Décima, y una posible convocatoria para hoy a todos los concejales del bloque oficialista que preside Martín Simonian son las primeras reacciones de Hacemos Unidos por Córdoba a las secuelas políticas del femicidio de la niña Agostina Vega. El clima en el Concejo Deliberante se corta con una tijera.
Todas las miradas llevan al futuro de Moreno, referente de las 62 Organizaciones, a quien la oposición pide expulsar del Concejo Deliberante por haber sido quien sponsoreó a Claudio Barrelier, asesino de Agostina, para que ingresara como becario a la Municipalidad en 2021. Y a quien luego defendió en 2025, cuando el sujeto secuestró a una mujer en la misma casa de barrio Cofico donde mató a la adolescente, causa por la cual el fiscal Iván Rodríguez lo dejó en libertad en 20 días. Dicen que el raid mediático del edil y su admisión de que designa personas en el municipio, provocó un fuerte malestar en el Palacio 6 de Julio y en el Panal, y que Passerini no sólo se lo reprochó sino que reclamó que cesara. El jefe del Ejecutivo quiere dar una señal concreta de reacción frente al escándalo.
Moreno no integra la Mesa del PJ Capital por veto del intendente, que es el presidente del peronismo capitalino, que tampoco estuvo muy de acuerdo con sumarlo a la lista de concejales. Pero el dirigente tiene 40 años de militancia en el PJ y viene de los tiempos de Leonor Alarcia, aquella histórica delegada cordobesa de Carlos Menem. Hoy milita en el éjido de la senadora nacional Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, y tiene un sobrino, el también concejal y abogado Diego Casado, como compañero de bloque.
Vigo ayer rompió el silencio y posteó en su cuenta de X la frase “Justicia por Agostina”. En el oficialismo leyeron la intervención como un dato polisémico: apoyo a la familia de la víctima, bandera anti femicidios y/o crítica al poder judicial y político que cometió errores en la investigación.
En el PJ Capital deslizan que es Passerini, como presidente de la Capital y jefe comunal, quien debe tomar una decisión sobre Moreno, pero no será sin acordar con el gobernador Martín Llaryora, quizás el más perjudicado políticamente por los entretelones políticos del femicidio. El clima tenso mencionado arriba tiene que ver con esos costos, que también le impactan a Passerini como jefe, en última instancia, del becario que resultó femicida.
Las opciones no son muchas porque nadie cree que Moreno vaya a renunciar. En todo caso, se lo instará a pedir licencia en una banca a la que llegó como “interino” porque ingresó al cuerpo legislativo por ascenso, cuando otros concejales varones se fueron al Ejecutivo municipal o provincial. Los tres ediles de licencia son Raúl La Cava, actual secretario de Políticas Públicas, Marcelo Rodio, actual titular de la Agencia Cultura y Juan Domingo Viola, actual secretario de Participación Ciudadana y Juventud, reemplazados por Mauricio Romero, Gustavo Pedrocca y Ricardo Moreno respectivamente.
Una posibilidad es que alguno de los licenciados vuelva al Concejo y desplace a Moreno. Otra es la mencionada renuncia, que muchos descartan. Y la tercera es que el oficialismo le suelte la mano en la sesión del jueves, donde la oposición pedirá la expulsión del edil y abogado penalista, una medida para la que se necesitan los dos tercios de cuerpo, a los que sólo se llegaría con el voto de al menos un sector del PJ. Parece lo menos probable. Hay referentes del PJ Capital y del oficialismo en general que desligan a Moreno de responsabilidades políticas por el ingreso de Barrelier al municipio y sacan a relucir que Luis Juez y Rodrigo de Loredo no tienen mucho para acusar en materia de colaboradores, becarios o punteros oscuros. Son los cultores del “ya pasará”, como el escándalo Kraisman u otros. En cualquier caso, una llamada de Llaryora modificaría el rumbo. Se verá si la hace.
