Felipe Osman
La manera en que el oficialismo municipal -y parte de la oposición- ha decodificado el reclamo de los vecinos de terminar con los “cuidacoches” es digna de estudio, y presenta un ejemplo inmejorable de la desconexión entre representantes y representados, de la “crisis de representación” de la que por estos días hablan los politólogos.
De aquel pedido, el resumen que se puede inferir del último despacho -que se convertirá mañana en ordenanza- es: 1. Que el pago, que antes era voluntario (a los “naranjitas”) será ahora obligatorio (vía APP, al Sistema de Estacionamiento Medido Municipal) 2. Que la tarifa, que antes era una colaboración, será ahora de 1.320 pesos por hora (atada al valor de la nafta premium) 3. Y que de 358 “naranjitas” registrados en cooperativas, ahora el número pasará, en las estimaciones más optimistas, a más de 800, lo que indudablemente redundará en un aumento de las cuadras en las que los cuidacoches podrán operar bajo el paraguas de la normativa municipal.
Eso sí, no faltarán eufemismos.
Los “cuidacoches” ya no serán “cuidacoches”, ahora serán “constatadores”. Es que hay un problema filosófico en admitir que el Estado, al que se le ha delegado el monopolio de la violencia para garantizar la seguridad, es incapaz de hacerlo. Por eso ahora una remozada ingeniería jurídica tomará a los “naranjitas” como una suerte de agentes externos de control, que revistarán en cooperativas que, a su vez, serán prestadoras del municipio. Ya no “cuidarán”, ahora “fiscalizarán el pago”.
Es decir, si el reclamo era prohibir la actividad, el resultado será que ahora los cuidacoches presten funciones bajo un esquema mucho más costoso por el que pagarán los propios vecinos.
Un cordobés de a pie, que trabaja en el Polo Sanitario, se dolía al conocer la noticia: “Nosotros habíamos arreglado con los naranjitas pagar 2.000 pesos por día para estacionar. Si el nuevo sistema se aplica a ese sector, ahora vamos a pagar 280.000 pesos por mes para dejar el auto en la calle”.
Pero esto es solo el comienzo del asunto. Porque, de lo que cada cordobés pagará por estacionar en la calle, solo el 20 por ciento irá al municipio. El otro 80 por ciento irá directo a las cooperativas. Es decir: la Municipalidad no dará ninguna contraprestación, sino que cobrará el estacionamiento bajo su potestad de ordenar el espacio público. Pero de esos recursos, el 80 por ciento estará destinado a un costosísimo e ineficiente sistema de contralor para que el vecino pague, y solo el 20 por ciento será canon. Es algo parecido a que un gestor de cobro se quede con cuatro quintas partes del pago que ayuda a percibir.
Esa deformidad tiene un origen claro: el Municipio no quiere admitir frontalmente que no está diseñando un sistema de estacionamiento medido, sino un plan social financiado por los conductores.
Hay más. Según el relevamiento que el oficialismo llevó a estudio en las comisiones, en Córdoba existen 358 “naranjitas” cooperativizados. Y existen 400 cuadras en las que se paga por estacionamiento medido: 300 por SEMM (Sistema de Estacionamiento Medido Municipal) y 100 ocupadas por las cooperativas.
Además, según una estimación de la Iglesia, habría 1.500 “naranjitas” ilegales, y según otra, del municipio, apenas 1 de cada 3 de ellos se inscribirían en las cooperativas. No está claro de donde proviene el optimismo, pero incluso en el caso de que la proyección fuera acertada, los “cuidacoches” cooperativizados pasarían a ser 858. Más del doble. Si es así, y el Ejecutivo se reserva la facultad de determinar, por vía reglamentaria, las cuadras que quedarán alcanzadas por el nuevo sistema, es de esperarse que, en lugar de reducirse, ahora muchas más cuadras estén alcanzadas por una tarifa para estacionar.
Una vez más, el tiro le salió por la culata a los vecinos, que querían menos “naranjitas” y más estacionamiento libre y gratuito. Algún opositor jocoso hasta se animó a ironizar con que el Concejo, lejos de darles la derecha a los vecinos, los va a “disciplinar” el próximo jueves.
Un peronista que ve de cerca el asunto ofreció otra conclusión: “Teníamos una oportunidad histórica de llegar a sectores a los que al peronismo siempre le cuesta llegar, a barrios en los que ni siquiera jugamos, si sacábamos a los naranjitas. No sé qué pasó en el medio”.
Hasta aquí las precisiones de cómo funcionará el sistema. La pregunta es de qué manera esto representará, además de una suma de malas noticias para los vecinos, alguna solución al problema que pedían resolver.
