Felipe Osman
La oposición presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que investigue un presunto circuito de pagos destinados a evitar clausuras de locales nocturnos, desde hace tiempo denunciado por el concejal oficialista Diego Casado, que luego cobró notoriedad al ser puesto bajo el foco por la periodista Laura González en La Voz del Interior.
Con las firmas de Elisa Caffaratti (UCR), Javier Fabre (UCR), Graciela Villata (FC), Soher El Sukaría (PRO) y Jessica Rovetto (Cordobeses por la Libertad), la nota elevada a la fiscalía pretende que estas versiones, conocidas por ya casi cualquier vecino de a pie, capturen la atención de algún fiscal. O, al menos, dejar la tarea del opositor hecha formalizando las denuncias periodísticas que le precedieron.
La iniciativa, debemos decir, no destaca por ser una pieza acusatoria demasiado sólida. Aunque sí por buscar puntos de dolor del oficialismo.
Además de denunciar que los hechos podrían configurar -entre otros- el delito de asociación ilícita, en ella se mencionan la ‘causa Bomberos’, que investiga la presunta conformación de una asociación ilícita destinada a fraguar certificados utilizados para la habilitación de locales comerciales, y hasta el ‘caso Agostina’, que activó distintas terminales del municipio: el principal sospechoso, Claudio Barrelier, era becario de la ciudad, mientras otra sospechosa, acusada de encubrirlo, trabajaba en ‘Wachitas’, bar deficientemente habilitado que concentró la atención de los medios nacionales durante el inicio de la investigación.
Así, más allá del éxito que se pueda esperar de la investigación, la denuncia vuelve a encender una luz de alerta para el oficialismo, que aún dedica algunos esfuerzos al control de daños.
Por caso, esta mañana la Comisión de Legislación General del Concejo volverá a tratar el proyecto enviado por el oficialismo para codificar la normativa relativa a la habilitación y control de los establecimientos comerciales, junto a las cámaras del Comercio, la Industria y los colegios profesionales.
El proyecto, cuyo impulso está a cargo de Nicolás Piloni, tiene fecha tentativa de votación en dos meses. Y antes de que eso suceda, será discutido en comisión junto a representantes de la Cámara de Discotecas. Esto sucederá en tres semanas y, de seguro, la oposición marcará esa fecha en el calendario.
La ambiciosa iniciativa que busca dar orden y sistematicidad a las ocho ordenanzas que regulan la habilitación y fiscalización de comercios tiene puntos controversiales, como la implementación de un registro cerrado de gestores que desde la oposición señalan como un intento por preservar un sistema cerrado y poco transparente en el proceso de habilitación. Además, no define cuáles serán las competencias de las actuales oficinas de Habilitación y Control, levantando entre los inspectores y el Suoem la sospecha de que se intente vaciar esas reparticiones.
En paralelo, la Unidad Ejecutora creada por el intendente para fiscalizar las habilitaciones de establecimientos nocturnos después de que estalló el affair Wachitas (es decir, para sustituir temporalmente al Ente de Fiscalización en esas funciones) sigue funcionando en el mismísimo Ente de Fiscalización, y -alerta de spoiler- no ha denunciado hasta ahora ninguna irregularidad.
