Felipe Osman
Con cobertura opositora del juecismo y parte de la UCR, el oficialismo acaba de ponerle otro parche a la normativa que regula el estacionamiento medido en la ciudad.
Para no agotar al lector, una síntesis brevísima de la ordenanza, que desde estas páginas ya hemos glosado: mantiene el esquema de prestación en manos de la cooperativas, lleva el precio de “servicio” al 60 por ciento del valor de la nafta premium (hoy, 1.320 pesos por hora); fija la franja horaria sujeta a pago entre las 8 y las 20; digitaliza el pago y distribuye lo recaudado en un 80 por ciento para las cooperativas y en un 20 por ciento para el municipio; convierte a los “naranjitas” en “constatadores” (de que los conductores paguen por estacionar); y faculta al Ejecutivo a definir las zonas donde se cobrará por estacionar.
Despejada la mesa, corresponde hacer casi una única pregunta: ¿Hizo el Concejo la voluntad de los vecinos?
En algunos casos, no es una pregunta fácil de responder. Para ellos existe, por ejemplo, la Consulta Popular. En una ciudad que recibe premios por su nivel de digitalización el asunto no debería tropezar con mayores complicaciones logísticas. Y permitiría conocer de primera mano la voluntad de los vecinos en un asunto particularmente complejo, que la ciudad ha arrastrado durante décadas, sin poder resolver.
Tiene, eso sí, un inconveniente: cuando la voluntad popular se hace escuchar es mucho más difícil satisfacer, a su despecho, intereses sectoriales. Cuando deciden los vecinos, no deciden los concejales.
Pero los ediles de Córdoba no han claudicado ante la duda, y convencidos de saber interpretar fielmente el sentir de los cordobeses han alumbrado esta ordenanza. En algunos casos, dignos de revisión, esa convicción ha sido incluso tan fuerte que los ha llevado a romper, en la votación, su bloque.
Sobre el inicio del debate Marcos Vázquez (PJ), miembro informante de la comisión, presentó el proyecto. Tuvo un lapsus: a la hora de particularizar los motivos por los cuales los vecinos merecían este régimen habló de seguridad. Craso error. Vázquez olvidó que la gambeta discursiva del nuevo sistema radica en que los “cuidacoches” ya no son más “cuidacoches”, ahora son “constatadores”. No prestan un servicio de seguridad; tercerizan, para el municipio, un servicio de fiscalización. Por eso mismo la ordenanza prohíbe la actividad durante el horario nocturno. No cuidan autos; fiscalizan en pago de un precio público que (en teoría) tiene por fin ordenar el uso del espacio público.
Es que desde ahora los “naranjitas” constituyen el órgano de fiscalización más ridículamente ineficiente del que se tenga recuerdo, cuyo costo es cuatro veces mayor que el canon cuyo pago controlan.
Luego llegó el turno de Martín Juez (FC), que después de un largo alegato en contra del proyecto votó a favor, fijando la postura que seguirían el resto de los integrantes de su bloque, que a diferencia de la UCR no se rompió. El Frente Cívico se mantuvo monolítico en una postura difícil de compatibilizar con la línea que cultiva Luis Juez. Y respaldó esta iniciativa, aparentemente, condicionado por su historia: las cooperativas surgieron durante la gestión municipal del juecismo.
Javier Fabre (UCR), por su parte, intentó darle un encuadre al asunto: ¿Para qué y por qué se cobra el estacionamiento medido? Es evidente que el Concejo Deliberante no quiso responder esa pregunta. O porque no quiso admitir que disimula un plan social debajo de un sistema de estacionamiento medido. O porque no quiere fijar pautas objetivas que encorseten al Ejecutivo a la hora de fijar la reglamentación de la ordenanza.
Antes del cierre del debate, Elisa Caffaratti, presidenta del bloque radical, también tomó la palabra, e hizo énfasis en el asunto que originó el reclamo: la falta de control. Y en la perfecta ausencia de precisiones que a este respecto adolece la ordenanza.
El debate concluyó con el voto afirmativo del oficialismo, el juecismo, Gabriel Huespe (Ciudadanos), Juan Balastegui (UCR) y Claudia Luján (UCR). Rechazaron Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad), Cintia Frencia (FITU), Sohel El Sukaría (PRO) y la mayoría del bloque radical.
