El fuerte recorte de subsidios que impulsa la Casa Rosada abroqueló a los intendentes del interior en un reclamo unificado y advierten que la pérdida del beneficio geográfico disparará las tarifas de invierno un 100% y saturará la contención social en las comunas.
En marcos de tensiones crecientes, la disputa en torno a la continuidad de la Ley de Zona Fría se transformó en el principal conflicto político entre la Provincia de Córdoba y la Nación de los últimos días. La reciente cumbre en el Centro Cívico, que logró sentar a intendentes de toda la geografía provincial y de diversos signos políticos, marca el tenor de los reclamos.
Los municipios consideran que se viene un golpe directo al bolsillo de más de 680.000 hogares cordobeses ya castigados por el ajuste.
En ese marco, Diario Alfil dialogó con el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas. El mandatario del Imperio del Sur analizó las consecuencias estructurales que puede llegar a tener este nuevo impacto de la “motosierra” y exigió que aquellos legisladores que decidan votar en contra de los intereses provinciales “den la cara” y expliquen sus fundamentos “ante los cordobeses que los votaron para representarlos”.
- ¿Qué implicancias reales tiene para Río Cuarto y la región la posible eliminación de la Ley de Zona Fría?
- Es fundamental aclarar que la Zona Fría ha sido una tarifa diferenciada, no un subsidio discrecional. Esto es fruto de una equiparación que se logró después de mucho tiempo de lucha para igualar las condiciones climáticas de 13 departamentos de Córdoba en base a indicadores técnicos y promedios de temperatura, tal como ya la tienen la Patagonia o Malargüe. Debido al intenso frío y al consecuente mayor consumo de gas, se estableció esta tarifa diferenciada que se financia de manera virtuosa a través de un fondo fiduciario compuesto por el aporte de todos los que consumen gas en el país. Se aprobó en 2021 y estaba prevista por un plazo de 10 años, representando en muchos casos un descuento del 30% al 50% en la factura. Su quita va a afectar gravemente a todos los domicilios de la provincia; hay hogares que en los meses más crueles del año van a pagar un 100% más de gas, y eso es inadmisible. Es un derecho adquirido que estos 13 departamentos tenemos que defender con firmeza.
-Desde su perspectiva, ¿esta medida se inscribe en un plan más general del Gobierno nacional?
-Totalmente. Esto es parte de una matriz que tiene el Gobierno nacional de aplicar restricciones severas sin medir en absoluto las consecuencias. Lo vemos diariamente con el recorte al PAMI, el desfinanciamiento a los adultos mayores, la quita del incentivo docente y ahora con lo que representa el gas, donde directamente deciden no cumplir con leyes vigentes. Existe un centralismo nocivo: por ejemplo, lo que pagamos los cordobeses en combustibles debería volver por ley en obras y no regresa. Es la aplicación de una motosierra desmedida. Con este cambio, Córdoba no solo pierde la tarifa diferenciada, sino que nuestros vecinos van a tener que seguir pagando el recargo para que otras zonas del país sí se beneficien como zonas frías. Es un golpe directo a los bolsillos en la peor época del año, que profundizará la desprotección de los jubilados, provocará más enfermedades y generará una mayor presión sobre el sistema de salud pública, un costo que terminamos pagando la provincia y los municipios. Estamos hablando de una afectación directa sobre 680.000 hogares cordobeses.
-Ante este panorama de retracción del consumo y aumentos de tarifas, ¿cómo impacta la crisis en la gestión diaria de las intendencias?
-Los municipios sufrimos las consecuencias de manera directa e indirecta. Cuando se pierde fuerza de trabajo y se cierran pymes por la falta de competitividad y los costos energéticos, el impacto local es inmediato. Primero lo sufren los empresarios, que pierden su capacidad de desarrollo, y luego los trabajadores. Ya registramos una baja sustancial en la coparticipación que orilla el 50% en términos reales, producto directo de la caída del consumo general. Al no generarse ningún tipo de política económica orientada al desarrollo productivo, la situación va a ser cada vez peor y los números fiscales van a cerrar cada vez menos. El problema es que el Gobierno nacional ajusta sin pensar en las consecuencias humanas y sociales que tenemos en cada territorio. Los municipios somos los que tenemos el cara a cara diario con el vecino. Somos la primera puerta de entrada del Estado, los que gestionamos la urgencia.
- El gobernador Llaryora reclamó una postura unificada a los legisladores nacionales por Córdoba. ¿Cuál es el mensaje que dejan los intendentes de cara a la votación en el Congreso?
-Así como los vecinos nos reclaman a nosotros porque estamos cerca, creo que los diputados de Córdoba que decidan no acompañar a su provincia y voten una ley que quita estos beneficios tienen que recordar quiénes los votaron. Fueron elegidos por los cordobeses. En el caso de que decidan votar en contra de la provincia, afectando gravemente la confianza depositada en ellos, sería muy bueno que den la cara, expliquen los motivos y fundamenten las razones por las cuales perjudican a Córdoba. Nadie les dio un mandato electoral para que les quiten derechos adquiridos a los ciudadanos; deben defender a los cordobeses que les dieron su banca. Los intendentes respondemos ante nuestra gente, el gobernador también lo hace, y los diputados deben dar cuenta de la misma manera. Si rechazan el mandato de defensa provincial y votan a favor del ajuste de la Nación, deben explicar los motivos de cara a la sociedad. Es la responsabilidad elemental de todo funcionario público. Ayer mismo en Río Cuarto hizo 4 grados bajo cero; esa es la realidad climática innegable de nuestra región y por eso estamos en Zona Fría.
