Carolina Biedermann
La investigación judicial puso en el centro de la escena a Marcos Carasso, abrió un nuevo frente de disputa entre oficialismo y la oposición, pero sobre todo entre radicales y juecistas. El ex presidente de la Unión Cívica Radical y ahora funcionario que que estaría en el Tribunal de Cuentas por el juecismo, aparece como un dirigente sin respaldo de ninguno de los espacios que supo integrar.
Marcos Carasso fue una de las figuras más importantes del radicalismo cordobés. Presidió el partido antes de la llegada de Marcos Ferrer y fue diputado nacional. Pero el quiebre con la UCR se dio cuando decidió acompañar a Luis Juez como candidato a vicegobernador en las elecciones provinciales de 2023. El movimiento generó tensiones dentro del radicalismo y terminó alejándolo de una conducción partidaria.
A partir de esto, cuando la investigación judicial se hizo pública, por parte de la UCR no hubo respaldo. Rodrigo de Loredo marcó distancia: “Es una causa de él personal, que seguramente tendrá que dar sus explicaciones. No está en el cargo que tiene por nosotros; él está en el Tribunal de Cuentas por Juez”, expresó, dejando en claro que el vocal del Tribunal de Cuentas no representa al espacio que conduce.
En paralelo, la respuesta del Frente Cívico tampoco fue indiferente. Consultado sobre el tema durante una entrevista en Mesa Chica, el programa de streaming de Diario Alfil, el presidente del bloque juecista en la Legislatura, Walter Nostrala, rechazó la idea de que Carasso sea una responsabilidad política de Luis Juez y devolvió la pelota al radicalismo.
“Carasso era el presidente del radicalismo, no era el presidente del Frente Cívico”, recordó Nostrala al reconstruir el armado electoral de 2023. Según el legislador, la candidatura del ex presidente de la UCR como compañero de fórmula de Juez fue una propuesta que surgió del propio radicalismo luego de la baja de Rodrigo de Loredo de la disputa por la Gobernación, y su candidatura por la ciudad de Córdoba.
“Carasso no era un dirigente cualquiera, era el presidente del radicalismo. Los que lo propusieron como compañero de fórmula de Luis fueron los radicales”, sostuvo.
Está investigación judicial terminó reabriendo viejas discusiones políticas dentro de la oposición cordobesa.
La situación fue aprovechada rápidamente por el oficialismo provincial. El jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Facundo Torres, anunció la presentación de un pedido de informes para conocer detalles sobre la situación judicial de Carasso y sobre el allanamiento realizado en el Tribunal de Cuentas.
“Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia. No faltó nada: conferencias de prensa, declaraciones, videos para redes, fotos, pedidos de jury y una carrera por llegar primero al micrófono”, sostuvo Torres.
El legislador apuntó contra los principales referentes opositores. “Cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó en su momento a la absoluta mayoría de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe”, afirmó.
Además, explicó que el pedido de informes busca conocer el estado y alcance de la investigación judicial y también las funciones para las que fueron designados Carasso y Claudio Suchecki dentro del Tribunal de Cuentas.
En tanto, la legisladora villamariense Karina Bruno, afín al gobierno provincial, presentó un proyecto de resolución para pedir el apartamiento preventivo de Marcos Carasso de su cargo en el Tribunal de Cuentas de la provincia, luego de conocerse su imputación en una causa judicial.
Desde la defensa de Carasso buscaron llevar cautela al debate público. Su abogado, Maximiliano García, evitó brindar precisiones sobre el contenido de la imputación y sostuvo que, por respeto a la investigación y mientras restan declaraciones de otros imputados, no corresponde adelantar información sobre los hechos atribuidos a su cliente.
No obstante, rechazó las versiones que vinculan directamente la imputación con maniobras de sobrefacturación o perjuicio económico al PAMI. “No tiene que ver ni con la sobrefacturación ni con ningún otro ilícito que se estaba investigando”, afirmó.
