Javier Boher
Hace un tiempo se viralizó un video de un productor rural de La Pampa que llevó una paleta de un novillo a la municipalidad de General Acha para quejarse de que le habían faenado unos animales en el campo y que estaba cansado de que nunca pase nada. Hace casi 20 años me pasó lo mismo, pero en mi caso fui a la comisaría con un lechón que alguien sacrificó y tiró a un tanque de agua por el gusto de hacer daño. El pampeano tuvo suerte de que su actitud (y el empuje de las redes sociales) llevaron a cinco detenciones; yo recibí una invitación al calabozo que decliné cortésmente.
Por esas cuestiones del algoritmo una noticia me fue llevando a otra, pero todas vinculadas a la inseguridad rural. Algunas veces parece mentira que el Estado ignore con tantas ganas al único sector que ha generado divisas en serio durante gran parte de nuestra historia, pero es la consecuencia lógica de la reticencia agropecuaria para convertirse en un actor político de peso y la concentración de los votos en las grandes ciudades.
Hace nueve años el lobby ambientalista consiguió prohibir las carreras de galgos, una actividad que me parece horrible. El problema, como pasa tantas veces, vino con las consecuencias del proyecto buenista de los urbanitas que creen que todos los perros usan pantuflas para no rayar el parquet y duermen a los pies de la cama sobre cálidos plumones.
En algunas zonas del país los galgueros no desaparecieron, sino que se dedicaron a salir a despuntar el vicio en tierra ajena, cazando con sus perros en campos que tienen dueños y donde hay actividades productivas. Se sacó a los perros de pistas reguladas para mandar todo a la clandestinidad y complicarle la vida a la gente, que aunque denuncie no encuentra respuestas de parte de las autoridades porque cortar un alambre y entrar en un campo es una contravención menor. Ni hablar de los problemas de enfrentar a los invasores usando la fuerza propia: hay gente que ya se ha tenido que mudar por las amenazas.
En todo ese contexto de abandono estatal y desgobierno de los espacios rurales es que el gobierno nacional propuso modificar las leyes para sancionar la Ley de Protección de la Propiedad Privada que se discute actualmente en el Senado. es increíble que haya que estar haciendo una ley que reciba el nombre de un derecho consagrado en la Constitución desde 1853 porque las sucesivas oleadas de dirigentes se han dedicado a relativizarlo.
Los que se quejaron fueron los mismos de siempre, los que pretenden vivir del esfuerzo del resto. La Iglesia Católica, los movimientos sociales, los ambientalistas y un amplio abanico de organizaciones peronistas o filoperonistas salieron a quejarse de un proyecto que pretende devolver racionalidad a la capacidad de ejercer derechos sobre aquello que se posee (y sobre lo que se tributa en cantidad).
Una de las peores objeciones escuchadas fue la de los intendentes que se quejaron del artículo que establece que no se puede expropiar nada sin antes pagarlo por completo, porque no van a disponer nunca de esos recursos. ¿Cómo se puede esperar que el Estado haga lo que corresponde si está desesperado por echarle mano a algo que no puede pagar, muchas veces para implementar programas y proyectos que los perpetúen en el poder?
No hay dudas de que el derecho de propiedad no es un absoluto que no puede recibir regulaciones, pero no defenderlo y ponerlo siempre en duda representa un freno a la inversión. Está buenísimo pensar en el bien común, en los que menos tienen y en vivir en soiñciedades más justas y sostenibles, pero no se puede hacer si el precio a pagar es someter a amplios sectores del país a una profunda desprotección estatal que frene el desarrollo y haga caer la calidad de vida.
