Felipe Osman
La (seguramente pasajera) centralidad del affaire ‘Wachitas’, como desprendimiento del ‘caso Agostina’, ha llamado a la acción al Ejecutivo Municipal, que este sábado anunció la creación de una Unidad Ejecutora Mixta destinada a revisar, durante los próximos 90 días, las habilitaciones de bares, pubs y demás establecimientos vinculados a la actividad nocturna.
Aunque el decreto todavía no fue publicado, la información arrimada por el municipio adelanta que este órgano creado ad hoc para examinar las habilitaciones estará integrado por representantes del ministerio de Seguridad de la Provincia, el Ejecutivo Municipal y todos los bloques del Concejo Deliberante. Y el asunto podría ser prometedor si no se pareciera tanto las soluciones que el mismo municipio propuso dos años atrás, y que ya han certificado su insuficiencia; léase, el Ente de Fiscalización y Control (ENFyC).
Ayudemos a la memoria: el ENFyC fue la primera cruzada que la actual gestión llevó al Concejo; con esfuerzo consiguió los dos tercios necesarios para crear este ente autárquico -orgánicamente escindido de la administración central, aunque directamente controlado por el municipio- con el que esperaba sanear las irregularidades de las oficinas de Fiscalización y Control. Para hacerlo lo munió de un Consejo Consultivo con participación de integrantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante, el sector privado, las universidades, los colegios profesionales y representantes de los vecinos.
Repasando la secuencia, el municipio creó en 2024 un ente autárquico diseñado ad hoc para revisar el poco transparente funcionamiento de las oficinas de Fiscalización y Control, con participación de una mesa interdisciplinaria, y ante la incapacidad de aquel para resolver el problema ahora propone, dos años más tarde, la creación de otro ente integrado por una mesa interdisciplinaria diseñado ad hoc para resolver los problemas que su predecesor no resolvió y su falta de transparencia.
Ingentes cantidades de optimismo resultan necesarias para no pensar que, cual ‘sísifos’ modernos, los cordobeses se aprestan a recorrer una vez los enrevesados e inconducentes laberintos de la burocracia.
Mientras el Ejecutivo reacciona con este movimiento reflejo, muy del buqué de la gestión precedente, la oposición también prepara lo suyo. El viernes de la semana pasada la UCR presentó dos proyectos: uno, promoviendo una auditoría externa sobre el ENFyC, y otro proponiendo la creación de una “Comisión Especial Investigadora de Procesos de Habilitación y Promoción de Locales Nocturnos" en el seno del Concejo Deliberante.
En el primer caso, la tarea de auditar los expedientes de habilitación, fiscalización y clausura de bares, pubs y locales bailables sería encomendada a la UNC. En el segundo, sería la propia comisión la que la llevaría adelante, para lo cual debería ser facultada a requerir cualquier documentación que resulte necesaria para su cometido.
En rigor, las dos soluciones apuntan en un solo sentido: tener acceso a los expedientes administrativos en la que constan las habilitaciones y fiscalización de los locales. Es apenas eso lo que se pide: información.
De hecho, los concejales podrían avanzar un paso más y pedir que los expedientes que habilitan y controlan a estos locales sean de acceso público y estén colgados en el portal municipal, a disposición de cualquier hijo de vecino. ¿Qué obstaría esta solución? De un plumazo, todo estaría a la vista de todos, y se acabaría (o confirmaría) cualquier sospecha.
Se arrancaría el problema de raíz. Y a quien dijera que es costoso se le podría responder que mucho más costoso es duplicar estructuras administrativas, cosa que se hizo con la creación del ENFyC.
Pero es difícil sostener el entusiasmo en una solución como esta. Los baqueanos de la Justicia Penal aseguran que la prueba clave en la causa Bomberos no ha sido otra que los expedientes administrativos requeridos por el fiscal. Tener la cocina a la vista tiene sus costos, y entra en pugna con aquel irrefrenable deseo de pescar en la pecera.
