Gabriela Yalangozian
La actualización de la tarifa del agua volvió a instalar un foco de conflicto en Villa Carlos Paz y amenaza con reavivar una discusión que trasciende lo estrictamente técnico. La decisión del municipio de trasladar a los usuarios y a las comunas del sur el aumento dispuesto por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) sobre el valor de extracción de agua cruda de los ríos cordobeses no sólo abre un debate por el impacto económico, sino también por sus derivaciones políticas.
Mientras el oficialismo sostiene que se trata de un costo impuesto por la Provincia que la Municipalidad no puede absorber, desde la oposición surgió un interrogante que atravesó el tratamiento legislativo: ¿por qué ese cargo recién comenzará a reflejarse ahora en las facturas si la normativa que creó este mecanismo de actualización lleva más de un año vigente?
El viernes pasado, el Concejo de Representantes aprobó en primera lectura la modificación del cuadro tarifario para incorporar el ítem específico vinculado al incremento del canon que la APRHI cobra por la captación de agua del río San Antonio. Según informó el Ejecutivo, el impacto para las categorías residenciales de menor consumo rondará entre los 1.000 y los 2.000 pesos mensuales y aparecerá discriminado en la próxima boleta.
Resta ahora realizar una audiencia pública y una segunda lectura. Pero ante la consulta de los ediles de bloques opositores, la explicación oficial fue directa: la Provincia elevó el costo que deben afrontar los municipios que extraen agua para potabilizarla y distribuirla, por lo que Villa Carlos Paz trasladará ese mayor gasto a la tarifa del servicio. Sin embargo, detrás de esa decisión comenzó a perfilarse una discusión que excede ampliamente el cuadro tarifario.
El anuncio llega en un contexto particular para la gestión de Esteban Avilés. En los últimos meses, el municipio reforzó un discurso basado en la autonomía financiera, el superávit de las cuentas públicas y la eficiencia alcanzada desde que el servicio de agua volvió a estar bajo administración municipal.
La prestación del servicio fue presentada reiteradamente como uno de los principales activos políticos del oficialismo, tanto por su equilibrio económico como por las inversiones realizadas en infraestructura. Ahora, en cambio, el Ejecutivo busca despegarse del costo político del incremento y atribuye la decisión exclusivamente a la administración de Martín Llaryora.
El movimiento también puede leerse como una forma de anticiparse a un escenario de mayor tensión con las comunas del sur de Punilla, precisamente cuando esos gobiernos avanzan en la consolidación del Ente Intermunicipal de Punilla Sur, un espacio que busca fortalecer posiciones comunes frente a problemáticas regionales.
La oposición, por su parte, no cuestiona la existencia del canon provincial, sino el momento elegido para trasladarlo. Recuerda que el Valor de Gestión del Agua (VGA), utilizado por la APRHI para calcular estos cargos, fue creado durante 2025 y que la Resolución General Nº 28 estableció hace tiempo el mecanismo para su actualización periódica.
Por eso, durante el debate en el Concejo surgió una pregunta que quedó sin respuesta: si el municipio ya conocía este esquema, ¿por qué decidió incorporarlo recién ahora y no cuando comenzó a afrontar ese costo?
El efecto de la medida no se limitará a los vecinos de Villa Carlos Paz. También alcanzará a las localidades que reciben agua en bloque desde la planta potabilizadora, entre ellas Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo.
Según pudo reconstruirse, esas administraciones todavía no fueron notificadas formalmente sobre la modalidad del ajuste, aunque todo indica que el mayor costo también será trasladado a los convenios de provisión. Para esos gobiernos locales el margen financiero es reducido y absorber el incremento aparece como una alternativa prácticamente inviable.
Ese escenario amenaza con reabrir un conflicto que tuvo uno de sus puntos más altos a comienzos de este año, cuando la rotura del caño de captación en la planta de Cuesta Blanca dejó sin agua potable durante más de 48 horas a Villa Carlos Paz y a toda la región sur de Punilla, en plena temporada turística.
Aquel episodio derivó en fuertes reclamos de los intendentes y presidentes comunales, que recurrieron al Ersep y al Gobierno provincial para reclamar una mayor participación en las decisiones vinculadas al sistema regional de agua y otros servicios. Las gestiones no prosperaron y el diálogo institucional con el municipio carlospacense quedó prácticamente interrumpido.
Con ese antecedente todavía fresco, el nuevo esquema tarifario aparece como otro factor de tensión en una relación que nunca terminó de recomponerse.
