Yanina Soria
A esta altura, el show con pirotecnia, los cruces entre oficialistas y opositores y el ánimo combativo que atraviesa cada una de las sesiones, se volvieron parte del paisaje político del poder legislativo cordobés.
Que el recinto opere como caja de resonancia de lo que sucede en el escenario provincial no es ninguna novedad; sin embargo, en las últimas semanas los legisladores quedaron trabados en disputas donde el funcionamiento del propio cuerpo termina siendo, también, una herramienta de presión política. Y mientras tanto, la agenda parlamentaria, congelada.
El nuevo capítulo tiene otra vez como blanco a la radical Alejandra Ferrero y como telón de fondo el caso Omar Ludueña, el empleado legislativo que se desempeñaba en su despacho y que está detenido e imputado en una causa por abuso sexual. El peronismo, dispuesto a estirar como chicle lo que considera un “escándalo espejo” al caso Cañito Flores, volvió a poner el foco sobre la responsabilidad política de la hoy jefa del Interbloque de Juntos por el Cambio y reclamó que se aparte de su banca. Para el peronismo, el radicalismo sabía desde antes lo de su asesor.
La estrategia de ayer fue directa: si Ferrero no pide licencia, el PJ no garantiza el quórum. Así lo planteó la legisladora Julieta Rinaldi al comienzo de la sesión de ayer. Después de fijar esa posición, los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba abandonaron sus bancas y dejaron al recinto sin el número necesario para sesionar. Una decisión tomada previamente entre los parlamentarios, pero avalada por el Panal.
Ya en la sesión pasada el oficialismo jugó con el quórum convirtiéndolo en una herramienta de presión para intentar forzar una decisión política de la oposición.
Ojo por ojo, diente por diente, parece ser el camino que elige la bancada que responde al gobernador Martín Llaryora. Desde allí, ayer volvieron a gritar por la “doble vara” que le atribuyen al radicalismo, justamente, en comparación al caso propio del legislador del norte provincial forzado a renunciar salpicado por una causa complejísima en la que hay más de diez detenidos.
“Desde el inicio sostuvimos que la legisladora Ferrero debía solicitar licencia o dar un paso al costado mientras avanzara la investigación. No como una condena anticipada, sino como un gesto de respeto hacia la víctima y de resguardo de la propia Legislatura”, dice el comunicado que suscribieron los oficialistas. A excepción del legislador Bernardo Knipscheer quien comunicó que decidió no participar de la sesión desde su inicio, al no compartir la estrategia de dejar sin quórum a la Legislatura. El delasotista consideró que no se debía impedir el tratamiento de temas que afectan directamente a los cordobeses.
El tiro por elevación del PJ fue hacia el candidato a gobernador radical, Rodrigo De Loredo, a quien también acusan de complicidad y le endilgan responsabilidad política.
Lo cierto es que mientras el cordobesismo fuerza una interpretación de que no hay sesión posible mientras la UCR sostenga a Ferrero en su banca; los opositores denuncian que esa condición constituye una forma de disciplinamiento político y una clausura del debate. Aunque con mayor o menor energía en la defensa de Ferrero quien suena para ser la nueva presidenta de la bancada UCR, todos los bloques coincidieron en exponer la “gravedad” en la maniobra oficialista.
Persecución política y bloqueo directo a la democracia, fueron los dos conceptos que se repitieron ayer en la improvisada conferencia de prensa que los 35 opositores organizaron tras caída la sesión.
La Unión Cívica Radical, Frente Cívico, PRO, Construyendo Córdoba, La Libertad Avanza, Encuentro Vecinal, Izquierda Socialista en el FITU, Juntos por el Interior, Partido Demócrata y Valores Republicanos se juntaron para repudiar enérgicamente el accionar cordobesista.
“Por segunda vez consecutiva dejan sin funcionamiento la Legislatura de Córdoba, impidiendo que discutamos los múltiples problemas que tiene Córdoba y que necesitan soluciones urgentes. La inseguridad, la pobreza, la falta de empleo, los magros salarios de educación y salud, entre otros. El peronismo de Córdoba demuestra una vez más que lo que no pueden colonizar, lo rompen. Amenazan con no volver a funcionar hasta no apartar a una de las voces de la oposición. Quieren disciplinar a quienes se animan a denunciar al poder político de Córdoba”, señalaron en el texto difundido.
Acusaron a Llaryora de dictador y autoritario, y adelantaron que no permitirán “este avasallamiento a las instituciones de la democracia y que se cancele el normal accionar de uno de los poderes del estado”.
En el medio, la Legislatura queda atrapada en una dinámica cada vez más habitual: una acusación, una respuesta, una maniobra parlamentaria y un nuevo contraataque. El quórum, las cuestiones de privilegio, los pedidos de apartamiento y hasta la posibilidad de hablar desde una banca pasan a formar parte de la disputa entre bloques.
