Francisco Lopez Giorcelli
Apenas unos días después de haber asumido formalmente su segundo mandato, la gestión encabezada por Jhon Boretto ejecutó su primera acción política de relevancia frente a la coyuntura nacional. Mediante una resolución dictada “ad referéndum” del Consejo Superior, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se plegó de manera orgánica a la reciente declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El documento unificado planteó una defensa estricta de la soberanía territorial y rechazó de plano cualquier intento normativo de flexibilizar los límites a la extranjerización de la tierra y los recursos naturales estratégicos.
El detonante directo de este fuerte pronunciamiento institucional fue el apartado incluido en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual proponía modificar de cuajo la actual Ley de Tierras. La iniciativa lleva el sello de Federico Sturzenegger, actual funcionario libertario que arrastra en su currículum su paso por la gestión de Mauricio Macri y por el gobierno de la Alianza en 2001, administración que culminó con el país en default tras la aplicación de sus políticas económicas.
Sin embargo, el escenario legislativo se modificó en las últimas horas. Como resultado de una masiva y sostenida campaña de rechazo impulsada por el conjunto de la sociedad civil y diversas organizaciones socioambientales —a la que el pronunciamiento de los rectores le aportó un volumen institucional clave—, el Gobierno nacional se vio obligado a retirar el capítulo de extranjerización de la tierra del proyecto. Por este motivo, hoy jueves no se debatirá este punto específico en el recinto.
A pesar de este retroceso oficial, las alarmas en el Pabellón Argentina continúan encendidas. El retiro del articulado sobre extranjerización no elimina el peligro sobre los bienes naturales, ya que el proyecto mantiene vigentes otros capítulos que afectan directamente la soberanía argentina. El foco de preocupación del sistema universitario se concentra ahora en la modificación de la ley sobre el uso de la tierra quemada, una desregulación que amenaza la protección ambiental y territorial frente a posibles especulaciones inmobiliarias o agropecuarias tras los incendios.
En este contexto, resulta ineludible repasar los tiempos políticos del debate. Cabe recordar que el proyecto normativo en su conjunto había obtenido dictamen favorable en mayo. Frente a este dato, el accionar de los gobernadores provinciales dejó expuesta una innegable especulación: los mandatarios recién decidieron pronunciarse en contra de la iniciativa cuando la presión ciudadana se volvió insoslayable. Si esto no es especular políticamente, resulta difícil encontrar una definición más precisa.
En franca contraposición, el sistema universitario sostuvo un rol activo y coherente; durante los últimos meses, los actores y referentes universitarios llevaron a cabo múltiples actividades para poner en discusión pública las graves consecuencias de la ley, mucho antes de que el tema escalara por la presión social.
La medida adoptada por el Rectorado cordobés se inscribe en la declaración formal emitida por el Comité Ejecutivo del CIN. En ese texto, las autoridades advirtieron sobre los severos riesgos geopolíticos, económicos y ambientales de entregar recursos estratégicos. Bajo esa premisa, el sistema universitario sumó su voz a la presión ciudadana para exigir la preservación del marco normativo vigente, aportando el respaldo técnico y científico de sus propios investigadores para fundamentar la protección frente a la avanzada de la Casa Rosada.
Desde el análisis político interno, esta declaración funciona como un movimiento táctico central para Boretto en el inicio de su nuevo ciclo. Al asumir una postura frontal y alinear a la UNC en un reclamo que, motorizado por la sociedad, terminó forzando a los libertarios a retirar el artículo, el titular del Rectorado consolida su figura de conducción hacia el interior de la universidad. Esta acción le permite adelantarse a las críticas de los sectores opositores y le otorga mayor capital político para transitar un segundo semestre que anticipa altos niveles de conflictividad institucional con el Gobierno central.
Además, hay una lectura que subyace a este suceso y es que Boretto viene posicionándose del lado contrario a Patricia Bullrich, con quien el rector mantuvo encuentros públicos durante las elecciones presidenciales en 2023, lo que podría leerse como un acto pragmático más que orgánico frente al conflicto. Además de tensionar con la ex candidata y actual senadora, también parece ser un mensaje para dentro de la UCR al menos en el plano nacional, ya que en el ámbito local el radicalismo (que no cuenta con una banca cordobesa en el Senado) aún no logra resolver sus múltiples internas, un conflicto partidario en el que Boretto nunca se posicionó o decidió no hacerlo.
