Passerini e intendentes apuran a legisladores: el interior o Milei

Daniel Passerini volvió a poner al federalismo en el centro de la disputa con el gobierno de Javier Milei. Esta vez, el intendente de Córdoba Capital llegó al Congreso junto a otros 80 alcaldes y representantes de distintas provincias para llevar hasta la Comisión de Asuntos Municipales que conduce la cordobesista Carolina Basualdo, un reclamo que tiene dos frentes concretos. Por un lado, la reducción del programa Remediar, y por el otro, la distribución de los subsidios al transporte público.

Considerando que la Nación cruzó un límite en sus decisiones de “profundizar el abandono al interior argentino”, los intendentes apuestan a que el conflicto deje de ser una pulseada entre los municipios y la Casa Rosada para convertirse en una discusión que involucre directamente a los representantes de las provincias en el Parlamento. En otras palabras, buscan apurar a diputados y senadores nacionales para que tomen posición y acompañen el reclamo desde el Congreso.

En el caso de Córdoba, la jugada apunta a exponer especialmente a dos de los principales opositores provinciales, el senador Luis Juez, y el presidente de la bancada de la Libertad Avanza, el diputado Gabriel Bornoroni. El cordobesismo encontró en la narrativa por el federalismo, una trinchera desde donde cascotear al gobierno Nacional y denunciar discriminación.

Esa consigna quedó plasmada en el documento que firmaron los integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), titulado “Un país desigual es un país injusto”. Allí, los jefes comunales cuestionaron lo que consideran un esquema de distribución discriminatorio de los recursos nacionales y apuntaron directamente contra la concentración de las compensaciones al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según los números consignados en el comunicado, durante este año la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares al AMBA en concepto de compensación tarifaria. Si se excluyen los fondos que reciben todas las jurisdicciones a través de la tarjeta SUBE, el interior no habría recibido transferencias por ese concepto.

La discusión tiene, además, un componente tributario. Los intendentes sostienen que el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que pagan todos los argentinos, tiene un destino específico y federal que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo. Por eso, plantean dos alternativas: que esos recursos se distribuyan de manera equitativa para subsidiar el transporte del interior y atender el mantenimiento de las rutas o que directamente se elimine el impuesto, reduciendo así uno de los componentes del costo del boleto. De hecho, el propio Passerini no descartó la posibilidad de asistir a la Corte Suprema de Justicia frente a ese incumplimiento.

Passerini incluso puso una propuesta concreta sobre la mesa: si Nación elimina el impuesto a los combustibles, el municipio podría reducir un 35% el valor del boleto urbano.

El segundo capítulo del reclamo apunta a la salud. Los intendentes cuestionaron la reducción del Plan Remediar, que pasó de contemplar alrededor de 128 medicamentos a solamente seis. Una decisión que, advierten, traslada a provincias y municipios la responsabilidad de sostener tratamientos y garantizar medicamentos esenciales con recursos propios.

El diagnóstico de COFEIN es que las administraciones locales están absorbiendo costos que corresponden a políticas nacionales, con presupuestos cada vez más ajustados y dificultades para sostener otras prestaciones municipales. “Los municipios estamos hartos, pero no vencidos”, dijeron.

Sin embargo, esta vez, los intendentes se propusieron evitar que la visita al Congreso termine siendo solamente una exposición catártica. Quieren que los legisladores nacionales se conviertan en parte activa de la discusión.

El documento es explícito en ese sentido: los representantes de las provincias deberán decidir si defienden los intereses de sus vecinos o acompañan las decisiones del Gobierno nacional. Una interpelación directa a diputados y senadores que, por su representación territorial, quedan ahora frente a la obligación política de fijar una posición.

La estrategia busca aprovechar el ámbito parlamentario para traducir el reclamo municipal en iniciativas concretas, modificaciones presupuestarias y gestiones legislativas que permitan revisar las decisiones nacionales.

El mensaje de los jefes comunales apunta a instalar una contradicción: mientras la Nación exige equilibrio fiscal y ordenamiento de las cuentas públicas, son los municipios los que aseguran que terminan absorbiendo el costo de los recortes en servicios esenciales.

Además del intendente cordobés, participaron de manera virtual y presencial jefes comunales y representantes de distintas localidades del país: Pablo Javkin (Rosario, Santa Fe); Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe); Rosario Romero (Paraná, Entre Ríos); Juan Manuel García (Machagai, Chaco); Isa Castagnino (Victoria, Entre Ríos); Emiliano Paredes (Tanti, Córdoba); Claudia Alejandra Godoy (San Marcos Sud, Córdoba); Silvio Miguel Sotero (San Bernardo, Chaco); Alejandro Santiago Arenas Diez (Capilla del Monte, Córdoba); Francisco Iser (General Roca, Córdoba); Franco Villar (La Playosa, Córdoba); y Juan Pablo Vazzia (Idiazábal, Córdoba), entre otros.