Felipe Osman
Tras una apertura a cargo de Guido Sandleris, en la que repasó el ABC de la macro libertaria, y una breve presentación del anfitrión, Manuel Tagle, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva expuso en detalle los logros de su cartera durante la gestión libertaria, interpretándolos como una continuidad del trabajo desplegado por el ministerio entre 2015 y 2019.
En cualquier caso, el eje del convite en la nueva sede de la Bolsa de Comercio fue la presentación de Monteoliva, que a lo largo de más de una hora repasó la agenda libertaria en materia de seguridad.
La ministra agradeció la invitación, destacó la presencia de los diputados libertarios Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado, y de la senadora Carmen Álvarez Rivero, remarcando la importancia de los legisladores nacionales en la construcción del marco normativo que posibilita el despliegue de las acciones de su cartera.
Luego, saludó también al ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros, con quien dijo trabajar en permanente coordinación “al igual que con los ministros de Seguridad de las 24 jurisdicciones”.
Resuelta la cuestión protocolar, Monteoliva destacó la perniciosa incidencia económica del crimen organizado y, fiel a su estilo, ancló en números cada una de sus aseveraciones: dijo que esta actividad tiene un costo del 3,4 por ciento del PBI de la región (América Latina), y que el 47 por ciento de ese costo es soportado por la actividad privada.
Después de describir, con números, la evolución del crimen organizado en Latinoamérica durante los últimos 15 años, destacó que la Argentina sea el país con menos homicidios de la región, con una tasa de 3,6 homicidios cada 100 mil habitantes (la media de la región es de 15/100.000 y la mundial de 5,8/100.000).
Asignó esas cifras al éxito del Plan Bandera, estrategia desplegada por su ministerio para combatir el narcotráfico, reducir la violencia y coordinar a las fuerzas en la ciudad de Rosario, lanzada en diciembre de 2023, apenas llegado Milei al poder.
A renglón seguido, dejó quizá lo más interesante de toda su exposición: destacó la importancia de la puesta en marcha del sistema acusatorio y pidió a Córdoba avanzar en ese sentido. “Es importante que Córdoba empiece la implementación del sistema acusatorio. Se volvió a posponer. Y nosotros tenemos la evidencia de que donde el sistema acusatorio funciona, las investigaciones se aceleran y los resultados son distintos. Es un punto a trabajar”.
Abramos el concepto. En Córdoba rige un sistema mixto o inquisitivo mitigado, que años atrás le quitó la investigación a los jueces de instrucción, transformándolos en jueces “de control”, y la puso en manos de los fiscales de instrucción. Sin embargo, el juez aún conserva el conocimiento pleno del expediente desde una instancia inicial de la causa y los fiscales, a excepción de los casos de flagrancia y cuasiflagrancia, siguen dictando las prisiones preventivas.
Estas son algunas de las condiciones que separan a Córdoba de la adopción de un sistema acusatorio adversarial pleno, como el que impera en Chubut o en Buenos Aires. Sin embargo, la falla no es legislativa. Desde 2017, Córdoba introdujo modificaciones al Código Procesal Penal que empujan a la Justicia hacia una concepción acusatoria adversarial, pero la implementación de esos cambios está frenada, desde lo formal, por circulares del TSJ, y desde lo material, por condiciones presupuestarias: la implementación de un nuevo sistema demanda una mayor inversión. Esencialmente, un sistema judicial más robusto. Algo que Córdoba parece estar lejos de ofrecer.
(Una digresión: poco puede pontificar el Gobierno Nacional; la Justicia Federal mantiene aún la investigación a cargo de los jueces de instrucción, y solo ha implementado en algunas provincias los cambios al Código Procesal Penal de la Nación que llevan al sistema hacia un paradigma adversarial).
La observación de Monteoliva resulta incómoda porque apunta a una deuda que Córdoba no puede desconocer. La Provincia hizo hace casi una década buena parte de la tarea legislativa necesaria para avanzar hacia un modelo acusatorio adversarial, pero postergó su implementación efectiva. Y esa demora no parece responder ya a una discusión jurídica sobre las bondades del sistema, sino a una mucho más prosaica: cuánto cuesta ponerlo en funcionamiento y quién está dispuesto a pagar ese costo.
Hay, sin embargo, una paradoja que conviene no perder de vista. La Nación, que reclama a Córdoba acelerar la transición, tampoco completó la propia. El sistema acusatorio federal avanza de manera gradual y todavía conserva el viejo esquema inquisitivo en la mayor parte del país.
