Gabriel Marclé
El debate en el Senado por Zona Fría dejó algunas postales que involucran directamente a Córdoba, una provincia que en su momento fue clave para presionar al oficialismo nacional por la continuidad del beneficio y que ayer mostró una posición mucho más cautelosa. El rechazo estaba, pero pareció mediar lo inevitable: La Libertad Avanza consiguió los votos necesarios para sancionar la reforma, algo que el cordobesismo daba por hecho en la previa. Tal es así que Alejandra Vigo, única banca que responde al gobernador Martín Llaryora, no estuvo en la sesión.
Con un conteo ajustado de 39 votos en general y 38 en particular, el oficialismo logró convertir en ley un proyecto que los tuvo al borde de perder el quorum, pero que negoció hasta el final para que Javier Milei les gane una nueva batalla a sus opositores. De hecho, el bloque Justicialista se retiró del recinto al momento de la votación.
Para Córdoba, el cambio tiene un impacto concreto: con la reforma sancionada, unos 700 mil usuarios perderán el beneficio, independientemente de la zona de la provincia en la que vivan. El resultado será un incremento en las facturas de gas para quienes dejen de contar con el descuento. Pero el dato político para Córdoba no está solamente en el resultado, sino en el lugar que ocupó la provincia durante la negociación previa.
Zona Fría fue, junto con Discapacidad, uno de los temas que el cordobesismo decidió mantener como innegociable. La posición ya había quedado expuesta cuando el proyecto pasó por Diputados y se sostuvo frente a las conversaciones que el Gobierno nacional abrió con los gobernadores para garantizar los votos en el Senado. En esas negociaciones, el Gobierno nacional consiguió, por ejemplo, incorporar a las provincias del Norte Grande a un futuro esquema de subsidios para zonas cálidas, mientras que también avanzó en acuerdos con gobernadores como Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.
En esa lectura, mientras otros gobernadores negociaron, Llaryora se mantuvo inamovible. “Al Gobierno le votamos todo lo que sea beneficioso para los cordobeses, pero siempre se votará en contra de aquello que los perjudique”, fue el mantra que rigió el posicionamiento en torno al tema desde el primer momento.
Aun así, esa postura crujió de una forma particular en la sesión de ayer. Vigo, quien había levantado la bandera cordobesa en la previa al expresar su rechazo a la modificación, ayer no estuvo presente en la sesión. “Está de viaje”, le respondían a Alfil tras observarse que la senadora cordobesa y esposa de Juan Schiaretti no se encontraba en el recinto cuando comenzaba a tratarse la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que volverá a Diputados con modificaciones.
Otra señal de contraste entre el férreo rechazo y la situación de ayer tuvo que ver con la comunicación cordobesista en torno al tema. No hubo tuit del gobernador ni de sus principales referentes, aunque en el oficialismo indicaron que “irán apareciendo” por estas horas. La ausencia de Vigo podría explicar también la poca reacción cordobesista, pero también pudo ser que la reacción más fuerte los ubicara en la misma bolsa que el justicialismo K, frente que ayer monopolizó el discurso opositor.
Por su parte, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero sí estuvieron presentes y votaron a favor de la iniciativa, en línea con la postura del Gobierno nacional. “El subsidio es para ayudar al que no puede, no al que calefacciona la pileta”, marcó el referente del Frente Cívico en torno a este debate, mientras que Álvarez Rivero expresó “Teléfono para Llaryora”, apuntando a los impuestos cordobeses.
Más allá del futuro del régimen, el debate ya dejó planteada una discusión que puede trasladarse al terreno electoral: quién deberá explicar en Córdoba el impacto de una reforma que encarecerá el gas para cientos de miles de usuarios.
Para La Libertad Avanza, el antecedente ya existe. Gabriel Bornoroni había cuestionado que los usuarios del norte provincial debieran subsidiar a los del sur, al que definió como “pudiente”. Aunque luego intentó mantenerse lejos de la discusión, sus palabras pueden reaparecer cuando los dirigentes libertarios regresen a pedir el voto.
El cordobesismo, en cambio, llega a la definición con una posición distinta: mantuvo Zona Fría como un innegociable, aunque optó por un perfil bajo durante la jornada decisiva. En el Panal dan a entender que la “defensa de los cordobeses” seguirá siendo el eje del discurso frente a la Rosada y depositan parte de sus expectativas en que esa bandera se convierta en un insumo electoral para contrastar al oficialismo provincial con quienes acompañaron una reforma que impactará en las tarifas de gas.
La pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, según informó este jueves el INDEC, lo que representa un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre del año pasado. La indigencia, en tanto, pasó del 6,3% al 7,5%. La cifra equivale a unos 15,5 millones de argentinos pobres y a 3,6 millones indigentes.
En comparación con el segundo semestre de 2025, la pobreza aumentó 3,4 puntos porcentuales entre los hogares y 4,1 puntos entre las personas. Para la indigencia, las subas fueron de 0,8 y 1,2 puntos, respectivamente.
El informe también muestra una diferencia significativa entre los ingresos de los hogares pobres y el costo de la canasta básica. El ingreso total familiar promedio de esos hogares fue de $922.755, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) promedio alcanzó los $1.440.395.
Uno de los datos más relevantes del informe aparece al analizar la situación según grupos de edad. El 44,5% de los chicos de entre 0 y 14 años se encontraba bajo la línea de pobreza durante el primer semestre.
A pesar del incremento registrado durante los primeros seis meses de 2026, el indicador permanece por debajo de los niveles alcanzados durante el primer semestre de 2024, cuando la pobreza había llegado al 52,9% (20,6 puntos menos) y la indigencia al 18,1% (10,6 puntos menos).
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó esa diferencia luego de conocerse el informe y remarcó la caída respecto del primer semestre de 2024, aunque reconoció el incremento registrado frente a la segunda mitad de 2025, lo que marca un quiebre respecto de la tendencia descendente que había mostrado la pobreza en las mediciones anteriores.
