Por Javier Boher

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El gobierno está preocupado por la performance que pueda legar a tener el domingo, por lo que el ala dura del massismo se está jugando al todo o nada por retener sus votos y meterse al ballotage. Casi no les quedan promesas por hacer, tal vez por eso pasan a la campaña del miedo.

El ministro del transporte, Diego Giuliano, anunció que se presentará un esquema para la renuncia voluntaria a los subsidios al transporte. De esa manera esperan generar un proceso reflexivo en los votantes, que puedan ver qué perderían en caso de no renovarse la confianza en el gobierno del hiperministro Massa.

Hay que tratar de desmenuzar la propuesta.

En primer lugar, lo que hizo el ministro fue una lisa y llana extorsión hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, los que más dependen del transporte público. Decir que ahora deberían pagar $700 o $1.000 el servicio si renuncian al subsidio es tratar de que funcione el miedo.

Por supuesto que esas cifras no son caprichosas, ya que es el histórico valor de alrededor de un dólar que siempre se ha pagado, pero es medio violento deslizarlo como un posible cambio de un día para el otro. ¿Tiene que valer eso? Si se pretende que sea sustentable probablemente sí, dejando posibilidades de subsidio directo para quienes más lo necesitan (como el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Obrero Social o el Boleto para Adultos Mayores).

En segundo lugar, el anuncio implica una injusticia mayúscula para con los más vulnerables. En la misma semana pretenden que la gente más pobre deje de recibir subsidios para el transporte público y que los sectores más ricos vean al subsidio del previaje convertirse en ley.

Breve dato de color: un amigo recibió alrededor de $100.000 por el último previaje y cambió de carnicería porque ahí le aceptan el débito. El boleto urbano en la ciudad de Córdoba cuesta $185, por lo que nos faltan $815 para llegar a los $1.000. A 20 viajes mensuales, a una persona le llevaría seis meses cubrir lo que a mi amigo le dieron por ir a tomar sol y a respirar el aire de las sierras. No parece justo.

Además, la renuncia al subsidio se piensa para el transporte público, no para Aerolíneas Argentinas, que en el primer semestre del año le ha costado a los ciudadanos 500.000 dólares por hora. Esas son las prioridades de un gobierno de ricos empleados públicos que quieren vivir a expensas del esfuerzo de los cada vez más empobrecidos empleados privados.

En tercer lugar, y muy importante, ¿por qué alguien renunciaría a cobrar aquello que está pagando por otro lado? No es que la renuncia a los subsidios conlleva una suspensión en el pago de tasas e impuestos, sino que todo se mantiene igual en lo que el Estado le saca a los ciudadanos, a los que le pide dejar de recibir una de las pocas ayudas que le encuentra. Es un grave caso de incomprensión de lo que significa la racionalidad, esa que nos hace buscar el mayor beneficio al menor costo.

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Todas estas medidas y anuncios con los que el Gobierno trata de consolidar su núcleo duro de votantes apuntan pura y exclusivamente a entrar en el ballotage. A pesar de que el escenario de una posible victoria libertaria en primera vuelta es algo que se desprende de las encuestas, casi nadie cree posible escapar de una segunda vuelta. Es por eso la desesperación massista.

Pensemos por un momento en el objetivo del gobierno: Massa se mete en una segunda vuelta, que se concretaría el 19 de noviembre. Aunque no tuvieses chances ciertas de ganar, al menos reduciría la brecha entre el día de la defunción del gobierno y el traspaso del mando. Tres semanas para la transición sería poco tiempo, insuficiente para que todos abandonen el barco.

Sin embargo, si Massa no llegara a entrar en el ballotage la cosa sería radicalmente distinta, porque ese tiempo más que se duplicaría: habría 49 días con la certeza de que el Gobierno está acabado, con el kirchnerismo pasándose facturas y viendo qué cosas puede rescatar de una casa que se les está prendiendo fuego.

¿Qué podría pasar con el presidente testimonial, ese que renunció a su candidatura hace casi seis meses y desde entonces es un becado caro para los contribuyentes?¿qué haría la vicepresidenta, que se llamó a silencio durante mucho tiempo, para tratar de que no recaiga todo el peso de la derrota sobre su figura?¿Cuánto podrían aguantar los pendeviejos de La Cámpora sin salir a pedir la cabeza de los que ellos creen responsables de la derrota? Si una derrota en las PASO desestabiliza a los ejecutivos, ¿cuánto podría llegar a pegarle el salir tercero en una elección?.

La elección más importante es la del domingo, como lo saben todos los candidatos, de allí la desesperación del Gobierno por demostrar una supuesta potencia política que nadie sabe si tiene. Si la derrota en las legislativas de 2021 abrió la puerta a una renovación permanente de nombres, una derrota el próximo 22 podría significar una desintegración anticipada de un gobierno que, con los números de las PASO en la mano, es resistido por 7 de cada 10 votantes.

Quizás ese sea el broche final para el tributo alfonsinista del último kirchnerismo.