Transparencia massista

Por Javier Boher

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Pese a que no encabeza la lista de preocupaciones de la gente la corrupción es uno de los grandes problemas de la Argentina. Es un problema histórico, muy instalado en la sociedad, que se refleja de múltiples formas y que empeora la calidad de vida de los ciudadanos (a pesar de que los involucrados suelen llevarse un beneficio por su accionar).

Tampoco caben muchas dudas respecto a la magnitud del fenómeno, ya que todos podemos ver de qué manera la cosa se fue incrementando con el correr de los años. La tolerancia parece haber aumentado, aunque también es cierto que con todas las otras preocupaciones inmediatas de un trabajador promedio la corrupción termina siendo un tema lejano.

A partir de que quedan un par de votos huérfanos dando vueltas de cara al ballotage -y algo golpeado por esa referencia a “las porosas manos del Estado” que hiciera Milei en el debate- Sergio Massa decidió tratar de juntar algún voto “republicano” con su nueva propuesta de sancionar una nueva Ley de Ética, que lanzó en un encuentro con referentes de ONGs, universidades nacionales y otras instituciones de la sociedad civil, ese entramado corporativista paraestatal que han sabido tejer a lo largo de los años.

La apelación a los valores del republicanismo fue tan fuerte que habló de “ética, integridad, lucha contra la corrupción, transparencia”, a pesar de que el espacio político del gobierno que integra ha dado sobradas muestras de ser el más corrupto de la historia argentina. Los condenados por distintas figuras vinculadas a la corrupción pasan la docena, contando específicamente a los funcionarios políticos de más alto rango. El caso más relevante es el de la vicepresidenta, que sigue moviendo los hilos desde el Senado tratando de mejorar su situación.

Solamente en este mandato vimos las compras del ministerio de Desarrollo Social con altísimo sobreprecio, la vacunación VIP para los amigos y familiares de funcionarios, el cumpleaños de Fabiola en Olivos, las visitas al mismo lugar durante la cuarentena, el uso discrecional de los aviones del Estado para moverse por todo el país (sea Cristina o la primera dama), Insaurralde, “Chocolate” Rigau, Ishii repartiendo droga en ambulancias, los autos con sobreprecio que compró Malena Galmarini en AYSA o el escándalo de las SIRA para importar, que muchos estiman en miles de millones de dólares recaudados por gente de confianza del hiperministro. Así y todo, este probablemente sea el mandato menos corrupto de todos, por la falta de recursos en general.

Un momento importante fue cuando decidió tirarle un caramelito a los amigos que tiene en otros partidos, al asegurar que implementaría un cambio en la Oficina Anticorrupción, la que pondría en manos de alguien de la oposición. Esa persona además debería tener el acuerdo del Congreso.

Es fácil anticipar que sería una oposición falsa la que sería convocada a tal espacio (es decir, partidos formalmente fuera del kirchnerismo pero regularmente votando en sintonía en el Congreso) o que no sería una estructura funcional en el caso de que se eligiera a los integrantes de entre las filas de la oposición más dura. De una forma u otra es casi imposible creer que se someterían voluntariamente a que los controlen. Simplemente no es su estilo.

El peronismo se ha encargado de borrar los caminos formales o institucionales para que los ciudadanos le puedan exigir a sus representantes, estableciendo en su lugar mecanismos difusos en los que el partido y el Estado se confunden. De esa manera, todas las iniciativas de transparencia que no vayan acompañadas de verdaderos cambios institucionales y operativos son declaraciones con fines electoralistas para adultos infantilizados que eligen creer los cuentos que les cuentan desde el poder.

Esta vez la declaración apunta específicamente a los que consideran la ética y la transparencia un valor fundamental del sistema democrático. Son los que necesitan algún tipo de cobertura dulce que les permita comerse un candidato del que sobra evidencia de que no es lo que dice ser. El rechazo que produce su adversario no es suficiente para llevarse su voto, por lo que necesitan autoengañarse sobre lo que hay realmente debajo de la piel de ese candidato hipercoacheado.

Basta recordar que el kirchnerismo se opuso a la ley de extinción de dominio, que trató de hacer caer la ley del arrepentido, que se opuso a la ley de ficha limpia y que lleva dos décadas poniendo y sacando jueces, desde que le salió bien aquella arremetida contra la mayoría automática menemista.

Ya hay rumores de que están planeando una amnistía general para antes de irse. No sabemos si es real o apenas una parte de la campaña negativa en contra de Massa, pero los números del Congreso los acompañarían y quizás sería lo último que necesita Cristina para correrse del medio y dejar de atar el peronismo a su capricho.

¿Transparencia, ética, integridad, lucha contra la corrupción? Nunca lo hicieron en cuatro mandatos, ¿por qué creer que empezarían justo ahora, que la elección está peleada?.