Misterio de Obra Pública

Por Javier Boher

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Todo parece un cuento de terror. De golpe, una frase del presidente electo le heló la sangre a más de uno: “no hay plata”. El pánico se apoderó de los empresarios de la construcción, que rápidamente salieron a preguntarse si Milei entiende realmente de qué se trata gobernar este país.

Se sabe que la obra pública es -desde los inicios del estado interventor- fuente de origen de la riqueza de algunas de las familias más acaudaladas del país. Poco a poco hubo gente que fue amasando fortunas gracias a la decisión política de hacer obras en todo el país.

La cosa siempre funcionó. Más allá de lo que embolsaban esos empresarios, más los retornos que recibían los políticos que decidían y autorizaban las obras, las cosas se hacían. Quizás no eran las mejores ni las más adecuadas (muchas veces los burócratas confundían en Buenos Aires los planos y se terminaban intercambiando edificios pensados para una geografía tan diversa como la argentina), pero se veía que el Estado llegaba con sus ladrillos, su asfalto, su agua o su hormigón.

Todo eso cambió con la llegada del kirchnerismo. La crisis de la salida de la convertibilidad generó en la gente la convicción de que estábamos en una economía destruida. Así, la recuperación económica que llegó con los precios astronómicos de los commodities y la licuación de los ingresos por la devaluación generó una cantidad enorme de recursos para que el gobierno disponga de los mismos. Con esa idea de pobreza en la cabeza, el gobierno decidió gastarlo para hacer política y para beneficiar a los empresarios amigos.

Ese esquema se fue profundizando, pero también fue demostrando sus límites al comprobarse que la plata cada vez alcanzaba menos. Cuando se destaparon las primeras ollas de corrupción del segundo cristinato se llegó a conocer el mecanismo utilizado para ver quién ganaba las licitaciones. Representantes de las constructoras que querían pujar por las obras se reunían en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción. Cada uno escribía su propuesta en un papel y la ponía en el centro de la mesa. Se leían todos y se tomaba una decisión. Se quedaba la obra aquella empresa que ofrecía pagar un mayor porcentaje a las que no resultaran adjudicatarias, pero con menor sobrecosto total de la obra. Increíble.

Esa dinámica fue condicionando a las empresas, que como todo gato gordo cada vez vieron más difícil la posibilidad de cazar ratones. Si no les dan la comida en el plato, lo más probable es que mueran de hambre. Hoy se preguntan de qué manera pueden sobrevivir si el Estado decide correrse de la obra pública.

Representantes de UOCRA en varias provincias aseguraron que todavía no están tan preocupados porque la obra pública pagada por nación no es tanta. Entre esas provincias marginadas está Córdoba, lógicamente. Claramente emerge que la discrecionalidad estuvo siempre a la orden del día, premiando a los leales y castigando a los rebeldes. Pese a ello, pocas provincias deben haber mostrado la cantidad de obra pública que tiene Córdoba.

La discusión sobre quién debe pagar o hacia dónde se debe orientar la obra pública es tan vieja como actual. Se sabe que el mercado es eficiente para asignar recursos pero ineficiente para actuar según otros criterios que no sean económicos. Milei tiene una respuesta para eso. Según su parecer, quitar dinero a través de impuestos para hacer obras que no son rentables para los privados es un robo, una inmoralidad.

Ese razonamiento es arcaico y niega la totalidad de la evidencia sobre la gestión de la cosa pública desde hace al menos un siglo. La política, el Estado, el gobierno, existen justamente para decidir qué se saca, cuánto se saca, cómo se saca y hacia dónde se reparte. El Estado es expropiación con fines sociales, tratando de reducir ciertas desigualdades a los fines de resolver problemas y reducir la posibilidad de conflictos. Después llega la idea del desarrollo, que sería la etapa en la que todas esas primeras decisiones echan a andar y generan sus frutos.

Según un estudio realizado el año pasado por el Centro de Estudios Económicos Argentina XXI, en 20 años de retenciones el campo aportó al tesoro nacional 76.000 millones de dólares, unos 11 millones por día. Con esos recursos se podrían haber asfaltado la totalidad de los caminos de la red terciaria de la provincia de Córdoba y hubiesen sobrado recursos como para hacer 50 plantas como la de Bajo Grande. Esa fue la magnitud de los recursos que se quedó el Estado Nacional por retenciones, aunque también recaudó por muchos tributos más.

Muchos de los empresarios de la obra pública hoy están preocupados por su futuro. No saben qué va a pasar con sus ingresos, algo que le pasa a tantos argentinos. “No hay plata” debe ser una de las frases que más escucha ese 60% de chicos pobres que nos deja un gobierno que se encargó de hacer millonarios a los amigos del poder cada vez que le piden algo a los padres. A los empresarios amigos seguramente les venga bien empezar a escuchar lo mismo.  
 
 
 
 
 
 
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