El país de los decretos

Por Javier Boher
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Antenoche, después de una dilatada espera, el presidente Milei realizó una Cadena Nacional en la que dio a conocer el trazo grueso de su decreto de desregulación de la economía. Desconozco qué habrá sentido toda la gente, pero intuyo que para muchos debe haber sido tan liberador como el triunfo de Mauricio Macri en 2015, que sirvió para ver que el kirchnerismo no era una condena política de por vida. Esta vez la sensación fue similar, pero en el plano económico.
Quizás haya que hacer una aclaración antes de empezar: la forma elegida va en contra de los principios y valores establecidos en la constitución, lo que hace que el decreto esté reñido con el ideal republicano y liberal de la misma. Si se acepta que las leyes se puedan hacer y derogar libremente por Decretos de Necesidad y Urgencia, se acepta una situación de inestabilidad jurídica permanente, porque cada presidente podría modificar las reglas a su antojo.
Habiendo dicho eso, la jugada es arriesgada y acertada. Milei sabe que no tiene tiempo y que está en una luna de miel de un matrimonio arreglado: la mitad de sus votantes no lo eligió, pero prefiere darle una chance antes de pedir el divorcio. Demuestra una iniciativa política en las antípodas de la acefalía provocada por su eunuco antecesor. Trabajan y proponen como si no hubiese un mañana o como si supieran que no tienen forma de hacerse cargo de un Estado tan sobredimensionado. 
Las críticas llovieron desde todos lados y por muchísimas cosas. El arco progresista le pegó por el corrimiento del Estado, que pasa de ser omnipresente a ser un árbitro que está para regular cuestiones gruesas. Desde ese lugar no pueden entender que haya gente dispuesta a sacarle el poder de la lapicera a un gris burócrata porteño para dejarle la decisión a un campesino norteño, a un peón patagónico o a un obrero cordobés. 
Hubo otra serie de críticas de índole republicana, más propias de los radicales. Sorpresivamente, una buena parte del kirchnerismo cayó en el mismo lugar, víctima de un proceso de radicalización (a partir de que también confundió el significado del término para ponerle la misma moderación que los correligionarios de boina blanca). Por mi cuna filoradical esta es la que me parece más acertada, pero con algunas salvedades.
Hasta la llegada del peronismo los decretos emanados de presidentes de facto cesaban cuando terminaba el gobierno, volviendo a la legislación anterior. Fue en el primer gobierno de Perón que se aceptó que tuvieran validez hasta ser derogadas por un nuevo gobierno democrático. El mismo Perón legisló profusamente a través de sus decretos–ley, herramienta inconstitucional entonces, pero aceptada incluso hasta ahora (la normativa sobre sociedades del estado derogada ahora es herencia de aquellos edictos). Transformó la matriz socioeconómica argentina de un modo similar al que pretende hacer ahora Milei.
Desde entonces los decretos fueron usados por todos, incluso generando privilegios (en eso, Onganía y las obras sociales deberían tener un recuadro, al igual que el decreto-ley de Bignone que regula las elecciones). Alfonsín lo usó para el Plan Austral, por ejemplo. Tanto le gustó la herramienta que negoció con Menem incluirla en la Constitución de 1994. Desde entonces es una facultad constitucional del poder ejecutivo nacional.
En 2006 sancionaron la ley para el control legislativo sobre los decretos, pero Cristina se encargó de conseguirle a Néstor una hermosa norma que lo dejaba hacer prácticamente cualquier cosa. Por su amplitud, laxitud y una doble negativa expresa de ambas cámaras para que el DNU no tenga validez, prácticamente cualquier decisión del ejecutivo pasa a ser ley. Algunos dicen que Cristina casi no usó la herramienta, pero si fue así es porque prácticamente siempre tuvo mayoría parlamentaria. 
Macri trató de nombrar por decreto un par de jueces para la Corte, cosa que fracasó. Sin embargo, no cambió su voluntad: Rosatti y Rosenkrantz llegaron al máximo tribunal por los caminos correspondientes. Ahí la movida le da la razón a Milei: sin iniciativa ni conducción las cosas no se hacen. Es como Néstor Kirchner aprendió de los gremios: primero pegar para después negociar.
Finalmente llegamos a Alberto Fernández, el indigno. El encierro durante la pandemia, que incluyó la creación de figuras penales, algo expresamente prohibido por la Constitución, demostró hasta qué punto se puede legislar por decreto mientras la gente acompañe. No hubo estallido social por el encierro, pero tampoco estado de sitio declarado para encerrat. Todo funcionó en un gris anómico que tuvo el broche de oro de la fiesta en Olivos y la defensa del presidente, que él no había hecho nada ilegal porque era un decreto presidencial y él no podía legislar. Lisérgico.
Por todas esas cosas se llega a que Milei tenga la suficiente legitimidad como para lanzarse a esta misión. Eso pasa cuando se naturaliza la violación de las leyes y el atropello a las instituciones. Es poco creíble la pose de los hoy republicanos que se valieron de todas estas artimañas cuando les tocó gobernar. La gente lo sabe y se los hace saber. Recuerdo que cuando pasó la primera rueda escribí una nota sobre esto mismo: el verdadero problema era que la pelea del ballotage era entre dos populismos, por lo que la gran derrotada era la minoría republicana e institucionalista del país.
Soy un convencido de que las personas nos equivocamos, algunas veces muy mal. Por eso la idea de un mesías salvador que pase por encima de las normas y las instituciones me parece una aberración. Hay que buscar consensos colectivos que sean difíciles de desarmar de un plumazo, pero eso solamente puede pasar cuando todos se sientan a la mesa, no cuando una minoría se pasó 20 años cortando calles y llevando gente a marchas para decir que hablaba en nombre del pueblo, en nombre de la mayoría. Si hubiesen hecho las cosas bien, con verdadero compromiso democrático, nada de este envión refundacionalista estaría pasando. Pero no. Eligieron decir que iban por todo y que si no les gustaba que armen un partido y ganen las elecciones. Ahí está.