El reflejo de Ecuador

La situación de crisis que se vive en el país andino debe servir para tomar nota sobre qué puede pasar acá si seguimos desdibujando al Estado

Nacional 10 de enero de 2024 Javier Boher Javier Boher
2024-01-09-milei

Por Javier Boher
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6 de octubre de 2023. Ese día no pasó nada extraño, pero salió publicada una nota titulada "La mafia y el Estado", en la que me tomé el trabajo de reflexionar sobre una afirmación del entonces candidato presidencial Javier Milei, por la que aseguraba que entre la mafia y el Estado él prefería a la primera "porque tiene códigos".

En la nota se traza el siguiente panorama:

"Hace tiempo me puse a pensar en cómo resultaría un hipotético gobierno de Milei, con esa liberalización extrema que declama. (...) No hay experiencias concretas en las que se hayan aplicado las ideas que enarbolan los libertarios, pero hay aproximaciones. La Argentina de los '90 es una de esas, por la magnitud e intensidad de los cambios. (...) El otro caso -incluso más extremo- fue el de la Rusia de la salida del comunismo. Funcionarios que se apropiaron de los recursos y bienes públicos para disponer de los mismos y obtener un beneficio personal que permitieron el surgimiento de multimillonarios y mafiosos protegidos por esos mismos funcionarios corruptos. Una explosión de bandas privadas gestionando la violencia que debería estar monopolizada por el Estado, en un vale todo que sacó al país de un autoritarismo para entregarlo a otro.

Este es uno de esos momentos en los que a uno le gustaría estar equivocado, como para que el tiempo lo contradiga y se pueda enrostrar la mala predicción. Sin embargo, el temor personal es el del tránsito de Argentina hacia un caso como el de la Rusia de los '90, donde un Estado atacado desde los que llegan al poder termina siendo destruido y rifado a las mafias que están deseosas de hacerse con el control del territorio. No es que en este país no existan dichas bandas o intereses destructivos, pero la matriz corporativista suele someter a todos a un liderazgo estatal fuerte que -de manera algo difusa- termina poniéndole algunos límites a esa codicia privada".

América Latina está atravesada por el problema del narcotráfico. La inestabilidad económica, el financiamiento de la política, la justificación y sintonía ideológica, la desigualdad social, todas son aristas que explican el fenómeno. Argentina entró hace mucho tiempo en el mapa de esas bandas, que controlan buena parte del territorio sin que nos demos cuenta. Para ilustrar este punto, bien vale una historia personal. Hace un par de años trabajaba en una marmolería haciendo mediciones y colocaciones de mesadas y revestimientos, lo que me permitió recorrer muchos lugares de la ciudad de Córdoba. Una de esas veces me tocó ir a lo que debe haber sido un refugio narco: una calle sin salida con guardias apostados en autos estacionados en la entrada y a mitad de cuadra. Parecía una escena de película yanqui en la que venden crack en los barrios bajos, pero en Córdoba.

Lo que pasó ayer en Ecuador es lo que sucede cuando el Estado se retira del espacio público como garante del orden. El problema de la seguridad es lo que justifica moralmente la existencia de una autoridad superior, capaz de usar la fuerza para imponer el orden. Desde hace unos cuatro siglos el mundo está tratando de organizarse de ese modo, buscando la forma de asegurar la libertad de los individuos a través de limitar los excesos de alguna forma. El problema del narcotráfico es que rompe cualquier noción de justicia en el uso de la fuerza, quedándose en un estadio premoderno de ejercicio del terror como instrumento aleccionador.

Desde estos lares todos han tratado de llevar agua para su molino. Algunos atribuyen la inseguridad ecuatoriana a la dolarización, a pesar de que estos problemas no se vieron en la primera década de adopción de la moneda norteamericana. Otros lo marcan como consecuencia de red de alianzas que tejió el ex presidente Correa con el chavismo y los grupos que operan ilegalmente en Colombia, todos bajo el paraguas del progresismo. Indudablemente que la situación es compleja y excede lo que podemos hacer desde estas páginas, pero es un llamado de atención para quienes hoy deben tomar decisiones sobre la seguridad en Argentina.

Anteayer fue noticia que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mudó a su familia a una locación desconocida por las amenazas recibidas. La ministra Bullrich anunció que ya identificaron a quienes profirieron dichas amenazas y que aislarán a los presos federales de alto riesgo. Es difícil saber si es cierto o si se trata de una maniobra comunicacional, pero la presión de la gente apunta en ese sentido.

La seguridad es una cuestión central en lo que hace al Estado, pero también como demanda social. La radicalización de los discursos y el clamor popular por la adopción de mano dura es la consecuencia lógica del corrimiento del Estado de esa función clave para la convivencia. La mafia -o, en este caso, cualquier banda narco- no puede ser nunca un sustituto del Estado, porque tiene intereses incompatibles con la preservación de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, se terminan imponiendo en la vida de la gente como garantes del orden porque los responsables de conducir el Estado prefieren ponerlo a trabajar haciendo penes de madera o proyectos de ley para que los jueces usen toga. 

El caso de Ecuador debe servir para empezar a tomar nota sobre qué puede pasar en este país si seguimos discutiendo qué debe hacer el Estado en lugar de ponerlo a trabajar para sostener todo el edificio de derechos y obligaciones consagrados en nuestra constitución. No existe el vacío de poder, porque algo siempre lo llena. Si el Estado se resiste a hacerlo aparecerán otros a ganar ese espacio.

 

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