El 70% de las empresas considera que la litigiosidad laboral afecta la inversión

El 70% de las empresas considera que la litigiosidad laboral afecta la inversión y el 74% dice que los disuade la contratación de trabajadores. Los datos surgen de una investigación encargada recientemente por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a la Sociedad de Estudios Laborales, consultora especializada en la problemática. En la muestra, ponderada por compañía, rama, región y cápitas, se encuestaron 5048 empresas.

La información obtenida viene a confirmar con números la amplia opinión de empleadores de diversos tamaños respecto del peso de los juicios laborales en la decisión empresarial. La conclusión obtenida reafirma que la cuestión es hoy un obstáculo crítico que entorpece el desenvolvimiento del enorme potencial productivo del país.

Además, la investigación señala que la incidencia negativa de la litigiosidad laboral en inversión y crecimiento del 70% y en creación de nuevos puestos de trabajo 74% tiene un mayor peso específico en empresas de hasta 50 trabajadores, principales generadoras de empleo y en el interior del país.

En tal sentido, la UART vuelve a alertar que este año se estima el ingreso de 128.000 nuevas demandas solo por riesgos de trabajo (9% más que en 2023), a las que se suman las vinculadas a las causas laborales (como despidos).

La Población Económicamente Activa (PEA) de la Argentina alcanza 23 millones de personas. De las cuales únicamente 10,2 millones tienen un empleo formal en relación de dependencia y otros 3 millones son trabajadores independientes registrados. Por lo tanto, hay 10 millones más de personas que trabajan en la informalidad, privadas de coberturas de riesgos, obra social y sin realizar aportes al sistema previsional, lo cual también genera un enorme impacto presente y futuro. La amenaza judicial torna casi imposible su ingreso a la formalidad.

Desde UART comenzamos a alertar acerca de esta crítica distorsión cuando la misma era mucho menor. La situación reclama una urgente solución, más imperiosa aún, en momentos en que la economía comienza a estabilizar variables como inflación, déficit fiscal, brecha cambiaria y se registra un incipiente crecimiento en algunas áreas que, para generalizarse al resto, justamente, requiere liberar la posibilidad de activar ambas variables que la litigiosidad entorpece: inversión y creación de nuevos empleos, único camino posible para el desarrollo.

Por el lado de los juicios por accidentes laborales, Buenos Aires y CABA son los distritos más litigiosos. Entre enero y octubre de este año se presentaron en todo el país 105.960 demandas de este tipo, de las cuales, 42.550 fueron en PBA y 19.206, en CABA. En tercer lugar, se ubica Santa Fe, con 13.968, un 23% más que en el año precedente. En el caso de CABA, casi el 60% de los juicios laborales ingresados en 2023 fue por riesgos del trabajo, realidad que se profundizó en 2024.

Buenos Aires no solo superó su pico histórico de 2017 (que ascendió a 32.656 juicios), sino que, además, concentra el 40% de los juicios del país, con el 33% de los trabajadores. Es decir, que tiene siete puntos porcentuales adicionales a su proporción de trabajadores, según los datos de la UART.

“Estos distritos son tan litigiosos, en parte porque concentran gran actividad económica y de trabajadores, pero además porque continúan con descalabro de pericias en sede judicial, todo agravado por los intereses o actualizaciones”, señala el informe de la entidad empresarial.

“¿Cómo opera el descalabro pericial? Por ejemplo, un trabajador recuperado al 100% de un esguince cuya evaluación de incapacidad en instancias previas es de 0 puede presentar una demanda en la Justicia y, en esa instancia, obtener una pericia con incapacidad, que promedia el 12%. En 2023, el 88% de los juicios ingresados fueron sin incapacidad en la instancia previa. Es decir, la casi totalidad de quienes acuden a juicios son casos sin incapacidad que yendo a la justicia obtienen un porcentaje pericial”, ejemplifica.