El interbloque legislativo hizo, además, una demostración de unidad
Provincial 17 de enero de 2024
Redacción Alfil
Por Alejandro Moreno
Los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio calificaron ayer de “total fracaso” la política de seguridad de los gobiernos peronistas de Juan Schiaretti, el anterior, y de Martín Llaryora, el actual. Las críticas sirvieron también de reestreno de la unidad del interbloque opositor.
El “fracaso”, indicaron, queda expuesto por llegar “al límite de tener que buscar un ministro de otro signo político, que lo único que hace es ratificar la incapacidad de este gobierno para afrontar el tema”. La referencia es para el ex juecista y ex vecinalista Juan Pablo Quinteros, quien está al frente de la cartera de seguridad.
“Sin lugar a dudas, lo que pregonamos en tiempos de campaña es una realidad: la seguridad de Córdoba está en crisis y en jaque”, agregaron los legisladores de Juntos por el Cambio.
El comunicado lleva las firmas de la presidente del interbloque, la radical Alejandra Ferrero, y de los titulares de las bancadas de la UCR, Matías Gvozdenovich; del Frente Cívico, Walter Nostrala; del PRO, Patricia Botta; de la Coalición Cívica-ARI, Gregorio Hernández Maqueda; y de Construyendo Córdoba, Dante Rossi.
Para la alianza opositora, la firma de todos los miembros del interbloque es una manera de ratificar la pertenencia al conjunto, algo que había quedado debilitado por la ruptura de Rossi con el bloque de la UCR y por el pase al oficialismo de Karina Bruno, del PRO, lo cual alimentó sospechas sobre el futuro del resto de los integrantes del partido de Mauricio Macri.
En el comunicado, los legisladores expresaron su “profunda preocupación ante los distintos hechos de gravedad institucional que han puesto en jaque la seguridad en Córdoba, comenzando con las detenciones de altos jefes y la cúpula del Servicio Penitenciario (SPC), afectando no sólo a Córdoba, sino también Villa María, y revelando una matriz de corrupción, que operaba desde el Servicio Penitenciario, con la presunta complicidad del poder político”.
“Con posterioridad –repasaron-, saltaron a la luz las fallas en los controles, vulnerándose los ingresos del penal de Bower, entrando camiones que burlaban todo tipo de requisas, logrando ingresar celulares, droga y alcohol a las cárceles de Córdoba”.
“Con tantos años del mismo color político en el gobierno, y sin poder deslindar responsabilidades, se descubre una estructura delictiva, con roles y asignaciones claras, que, por ejemplo, en el caso de Bomberos se presume que data de varios años atrás.
En las investigaciones sobre el SPC, se han constatado irregularidades en la entrega de informes, libertades y beneficios a los distintos internos”, agregaron.
Además, señalaron que “se constataron también irregularidades en las habilitaciones de Bomberos; recordemos que con la pandemia dicha habilitación terminó siendo la única constancia física de inspección”.
También apuntaron a “las recientes denuncias de pagos en las habilitaciones a empresas de seguridad privada, que impactan de cerca a la recientemente aprobada Ley de Seguridad del gobernador Llaryora”.
Para los legisladores de Juntos por el Cambio, “los acontecimientos sucedidos afectan la integridad y confianza en la seguridad que imparte el Gobierno provincial, generando la sospecha de una complicidad política y de una desprotección para los ciudadanos de a pie”.
“Hoy, ningún ciudadano que sale a trabajar, tiene la certeza que está siendo cuidado, atento a que la seguridad se encuentra sospechada de corrupción”, cuestionaron.
Los miembros del interbloque recordaron que han presentado pedidos de informes y citaciones a ministros para escuchar las explicaciones oficiales, y que esos intentos fueron abortados con el voto de desempate de la vicegobernadora Myrian Prunotto.
“Seguiremos convocando a los funcionarios a esta Honorable Cámara, para que den explicaciones como servidores públicos, de los vínculos de complicidad expuestos supra y de las medidas adoptadas para que no seamos testigos de nuevas redes de corrupción avaladas por el poder político”, advirtieron, finalmente.
En la edición de ayer, Alfil publicó declaraciones del senador nacional Luis Juez, uno de los máximos referentes de Juntos por el Cambio en Córdoba, quien sostuvo que el gobierno “improvisa” en su política de seguridad.
Para Juez, la inseguridad “va a ser más grave porque siguen improvisando sin estudiar la problemática de la inseguridad en la provincia de Córdoba”. “Me extraña del ministro de Seguridad que crea que los problemas se solucionan con declaraciones periodísticas”, remarcó.
En junio de 2024, el salario mínimo sólo cubrió el 64,50% del costo de los alimentos. Así lo indica el relevamiento del mes de junio realizado por el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP).
El intendente de Carlos Paz levantó el tono de sus críticas contra el gobernador. Lo acusó de “faltarle el respeto a los carlospacenses”, de “abandonarlos” en materia de seguridad y provocar “situaciones conflictivas”. La política, en el detrás de escena.
La Secretaría de Trabajo de la nación ya avanza en la conformación de una mesa tripartita para que empresas, sindicatos y Gobierno perfilen la reglamentación de la Reforma Laboral. La iniciativa, y la receptividad de parte de la CGT Nacional, pone a prueba el equilibrio del sindicalismo cordobés.
La primera sesión legislativa del segundo semestre se vio atravesada por una discusión inédita que nadie vio venir. La crisis que atraviesa el multimedio de los SRT terminó siendo el chivo expiatorio de la “politiquería” en la Unicameral.
El titular del Palacio 6 de Julio reunió a ocho de sus pares de distintos departamentos no metropolitanos y se vienen otros ocho más. Fotos con intendentes de ciudades extra Córdoba. Antes lo había hecho con la colectividad de Río Segundo. Sin segundo tiempo (por ahora), busca fortalecerse en medio de una gestión difícil.
Tras una nueva reunión con la conducción provincial del gremio, el Centro Cívico pospuso para mañana la nueva oferta a los docentes, que analizarán la propuesta la semana próxima. La aceptación o el rechazo llegarán cuando se haya agotado la conciliación.
Tras siete meses, se designó a un nombre de LLA al frente de ANSES. La abogada Silvina Drovandi asumió como directora de la delegación local. Es la segunda dependencia que suma un nombre libertario. Resta blanquear quién será el titular de la Agencia Territorial de Empleo.
Aunque fue el segundo encuentro ordinario del periodo, la de ayer se sintió como la primera con la aprobación de las comisiones y la designación de cargos pendientes. La primera minoría (Primero Río Cuarto) ya tiene prosecretario y propuso representante en el EMOS.
La primera sesión legislativa del segundo semestre se vio atravesada por una discusión inédita que nadie vio venir. La crisis que atraviesa el multimedio de los SRT terminó siendo el chivo expiatorio de la “politiquería” en la Unicameral.
