Francisco Lopez Giorcelli
Por Francisco López Giorcelli
Para el Gobierno nacional parece que no solo alcanza con “desarmar” los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, algo que resulta extraño que suceda ya que el Estado no tiene participación directa en el directivo de la empresa, lo que puede ser considerado una medida un tanto populista o, en todo caso, que desconoce cómo es el funcionamiento de la empresa universitaria. Una situación de inexperiencia que se repite en muchos ámbitos de la nueva gestión nacional de Javier Milei.
En este caso la “Ley Ómnibus” arremete contra tres leyes que son importantes en el funcionamiento universitario. Pero primero cabe destacar algo que estudiantes de la universidad han resaltado con mucha preocupación ya que en el capítulo de la ley en donde se trata la Educación Superior y las Universidades Nacionales y Públicas lleva el título de “Universidades Privadas”, algo que puede ser un error o un deseo pero que de llano plantea la privatización de la Educación Superior.
Es de destacar cómo impacta el funcionamiento de la UNC en la Ciudad de Córdoba ya que solo en Ciudad Universitaria transitan por dia alrededor de 219 mil estudiantes que se dividen entre el nivel medio, pregrado, grado y el posgrado con sus respectivas especializaciones, doctorados y maestrías. A los estudiantes se le suman unos 10.596 profesores universitarios y docentes preuniversitarios y alrededor de 3270 no docentes que ponen en funcionamiento día a día las dependencias académicas de la UNC.
Con estos números, a los cuales faltan sumar directivos, investigadores, egresados y estudiantes en el exterior, la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con más gente que muchos municipios de la Provincia, pero en la Ciudad de Córdoba esto se traduce en un movimiento económico importante que atrae gente de todas partes del país y el mundo que vienen a vivir a la capital cordobesa por lo que su importancia es más que relevante.
Entonces, que se quiera tratar como Universidades Privadas a las Universidades Públicas tiene una intencionalidad por lo menos, económica. Esto queda explícito en el nuevo organigrama de la ahora Secretaría de Educación del Ministerio de “Capital Humano” que impulsa en la Ley Ómnibus la eliminación del artículo donde se explicita la prohibición a las instituciones educativas públicas de realizar convenios con fines lucrativos.
Los estudiantes organizados en la agrupación La Comunidad UNC consideran, y lo dejan explícito en un comunicado difundido en las últimas horas, que esto “solo genera que la educación sea vista como una mercancía que se puede ofertar, y no como el Derecho Humano que es”. Dejando a las claras que el capítulo de reforma educativa tiene intenciones económicas más que de mejoras del funcionamiento del sistema.
Pero no es el único punto en cuestionamiento ya que dicho capítulo plantea otras reformas que en mayor o menor medida implican transformaciones que deben ser tratadas como corresponde y no deberían pasar sin un tratamiento a fondo con la comunidad universitaria la cual ya se sabe lo masiva que es.
Se plantea que el acceso siga siendo libre e irrestricto pero que los estudiantes podrán optar por un examen de ingreso o hacer un curso nivelador. Desde el punto de vista de la planificación educativa puede ser contraproducente ya que estudiar en la universidad no implica una competencia con quien estudia al lado sino que se trata de la construcción de conocimiento holístico junto a quien se tiene al lado.
Otro punto de las modificaciones que se plantean ya es más controversial aún y tiene que ver con las evaluaciones internas a las que se someten las instituciones que se realizan cada seis años y que tiene como finalidad la mejora constante de la actividad académica. Dicha modificación prevé que esto se haga cada diez años y no la harán las mismas academias sino que se harían desde el gobierno nacional (a contramano de la independencia universitaria del gobierno de turno) lo que se puede considerar como “una herramienta de control y no un mecanismo que asegure la calidad universitaria” dijeron desde La Comunidad.
El proyecto también contempla el arancelamiento de la Educación Superior para estudiantes extranjeros medida que “viola el principio de gratuidad, del derecho al acceso de la educación y atentando contra una minoría social que aporta a las economías locales en materia de alquileres, impuestos, transporte público, etc” dijeron desde la agrupación.
Lo cierto es que los estudiantes extranjeros en la Universidad son entre el 1,7% y el 2% de la comunidad universitaria por lo que el “ahorro” es insignificante, de hecho un estudiante extranjero le dijo a este diario que sería más redituable “generar las condiciones necesarias para que ese estudiante devuelva a la comunidad universitaria y cordobesa lo que la universidad le permitió estudiar” en contraposición de cobrarle un arancel.
Pero no solo esto, la Ley estima eliminar un programa muy importante como lo es el “Programa +25” el cual permite ingresar a la Universidad a personas de más de 25 años que cuenten con conocimientos en una determinada disciplina pero que no hayan podido terminar los estudios secundarios, lo que les permite estudiar una carrera ingresando mediante una serie de exámenes que, cabe aclarar, no son para certificar estudios de nivel medio pero que dan la posibilidad a miles de adultos de acceder y reincorporarse al sistema educativo.
Por último un punto que quizás sea el más polémico y que tiene que ver con el financiamiento educativo y la distribución de los recursos de las Universidades Públicas. En este caso la Ley Ómnibus en su artículo N° 556 sustituye al N°58 de la Ley de Educación Superior disponiendo así que el aporte del Estado Nacional será distribuido “en función de la cantidad de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su area de formacion y tambien el numero de egresados y otros criterios que se definan” cita textual de la Ley.
Con preocupación, desde la agrupación dicen que “no solo no se terminan de definir los criterios para la distribución de los recursos sino que tampoco quien los define”. Esto se suma a que claramente se hace una discriminacion por carrera categorizando como “importantes” a algunas sobre otras lo que puede llevar al desfinanciamiento de las facultades que dictan estas carreras universitarias.
Para finalizar, los estudiantes de La Comunidad UNC destacan que esto “afecta mucho más a las Universidades que se encuentran en el interior de la patria y que cuentan con un menor número de inscriptos” que las que se encuentran en grandes ciudades del país y esto puede provocar “un aumento en la desigualdad social, ya que sin recursos es complicado que las instituciones funcionen correctamente”.
De esta forma se visibiliza algo que en el debate fugaz del poder legislativo no surgió con mucha fuerza y que modifica, solo en la Ciudad de Córdoba la vida de más de 300.000 personas que dia a dia dan vida a la UNC y que, justamente, es un gran movimiento económico para la Ciudad que se llena de estudiantes de muchas partes del país y también del mundo.
