En su cruzada contra los sindicatos, el Gobierno Nacional golpea al corazón de su financiamiento. En las próximas horas la Casa Rosada publicará el decreto reglamentario que llevará a la práctica, a partir de abril, la libre competencia entre obras sociales y prepagas. El gremialismo analiza la jugada y prepara su reacción.
Provincial19 de febrero de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
La blitzkrieg (guerra relámpago) de Milei sobre los sindicatos sumará hoy un nuevo capítulo, cuando el boletín oficial publique el decreto reglamentario que tornará operativo, a partir de abril, el capítulo del mega DNU 70/23 que aborda una reconfiguración de los servicios de salud.
El objetivo declarado de la Casa Rosada es conocido, virar hacia un sistema de libre competencia entre prepagas y obras sociales para que los trabajadores, encuadrados en cualquier actividad o convenio, puedan elegir libremente entre dirigir sus aportes a una empresa de salud prepaga o a cualquier obra social, retirando la inhibición por la cual, durante el primer año de una nueva relación laboral, el trabajador carecía de esta capacidad de decisión.
Sin embargo, más allá de la finalidad que el oficialismo dice perseguir, el sindicalismo interpreta la medida como una nueva avanzada en su contra. E indicios no le faltan. Días atrás, al asesor presidencial innominado, Federico Sturzenegger, apuntó en una conferencia virtual organizada por la Universidad de Harvard que era necesario “empobrecer a los grupos de interés” para poder llevar adelante una reforma de la estructura política y económica del país. Con lo cual las conclusiones del sindicalismo distan de ser descabelladas.
La iniciativa libertaria ya disparó todas las alarmas en el gremialismo. Sin aludir al tema en específico, Pablo Moyano ya habla de la necesidad de ir a otro paro general aunque, de momento, sin precisar la fecha. Es posible que la reglamentación del DNU sea un elemento relevante para la CGT al momento de tomar tales definiciones.
Es que las embestidas del Gobierno Nacional se acumulan, y la tensión va en ascenso. Al capítulo laboral del DNU 70/23, que fue su carta de presentación, se sumó una campaña en redes contra los líderes sindicales durante la jornada de paro y movilización del 24 de enero, el fracaso de la reunión para la actualización del salario mínimo vital y móvil –en la que el Ministerio Trabajo rehusó dictar un laudo arbitral para definir la actualización ante la falta de acuerdo entre representantes gremiales y del empresariado-, las palabras de Sturzenegger, un recurso judicial interpuesto por el Gobierno para destrabar el capítulo laboral del DNU –hasta ahora- suspendido por la Justicia, y ahora un golpe al corazón (léase, la caja) de los gremios.
En la interpretación de las conducciones gremiales, sólo una modificación a la Ley de Asociaciones Sindicales representaría una afrenta más profunda que la que ensaya el Gobierno Nacional mediante una reconfiguración del sistema de servicios de salud.
Surgen, a partir de esta avanzada, una serie de interrogantes. La primera, ¿cuál será la reacción del sindicalismo? Más allá de las palabras de Moyano, que advierten sobre la inminencia de un nuevo paro general, la estrategia defensiva a desplegar será “despersonalizar” el avance y hablar de una afrenta en contra de la salud y el trabajo, en lugar de un golpe a las estructuras sindicales.
Por otro lado, el propio gremialismo carece de reflejos a la hora de responder si el golpe al corazón de sus finanzas puede traer aparejado un actuar más orgánico del movimiento obrero, que en muchas provincias, al igual que en Córdoba, aparece gravemente fragmentado.
Finalmente, también vale encuadrar el conflicto desatado entre el Gobierno Nacional y los gremios en un mapa más amplio. Como aliado estratégico del peronismo -al punto de ser definido por su ideólogo como su “columna vertebral”-, el debilitamiento del sindicalismo podría implicar el debilitamiento del propio justicialismo, que siempre se ha valido de sus estrechas relaciones con el mundo gremial, especialmente cuando le ha tocado estar alejado del poder.
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Las renuncias desencadenadas en la municipalidad de Mendiolaza, marcan una nueva oportunidad en la gestión de la intendenta del PRO Adela Arning. La herencia de un municipio recibido en condiciones críticas sigue generando sus consecuencias.
El Panal sale a mostrar gestión en la ciudad cordobesa más mirada del país y da señales políticas. Toda la carne al asador allí donde la Sociedad Rural acusó a Llaryora de cobrar mucho y gastar mal.
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