Llaryora exporta costo político del ajuste y vende “coherencia cordobesista”

Esfuerzo del Panal para que el aumento del transporte y de la luz y el no pago del Fonid queden vinculados al presidente Milei y no sean facturas para el oficialismo provincial. Los cuatro jinetes de Llaryora para que no caliente el clima en Córdoba.

Provincial 19 de febrero de 2024 Bettina Marengo Bettina Marengo
llaryora (33)
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Por Bettina Marengo

Decidido a salir del foco del conflicto con el presidente Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora quiere recuperar el perfil que considera apto para el momento: ser un gobernador del interior que defiende los intereses de su provincia ante los recortes nacionales, con “coherencia cordobesista” pero que apuesta a dar gobernabilidad a la nueva administración. Habrá que ver si el jefe de la Casa Rosada deja descansar este rincón, pero en tierras mediterráneas retomarán aquel slogan de De la Sota “no peleamos por pelear” con la Nación. Por eso la intención del sanfrancisqueño es bajarse del ring al que no quiso subirse y donde lo desconcierta el tipo de match que propone Milei. No está previsto por ahora que participe de reuniones en público con gobernadores ni que tenga presencia en medios nacionales, pero la sensación que circula en el oficialismo es que no hay vuelta atrás en la relación rota con el libertario. Pero el mandatario provincial no pondrá la otra mejilla: la reacción al juego de Milei será dentro de Córdoba. El jefe del Panal hará todo lo posible para que los cordobeses tengan en claro que el aumento del transporte urbano de más del 100% y del interurbano, del orden del 44%, la suba de la energía eléctrica que aplica desde febrero, y el cese del pago del Fonid a los docentes, unos 27 mil pesos menos por mes por cargo, es responsabilidad de Milei y no del gobierno provincial. La directriz intendentes-Nación por el cese del Fondo Compensador, que tuvo a Daniel Passerini y otros jefes comunales como protagonistas, es el modelo que se ajusta a las necesidades del oficialismo provincial.

Por las dudas, ya se puso en marcha una encuesta en formato doc que sondea qué creen los comprovincianos sobre el ajuste y a quién responsabilizan. Además de las preguntas de rigor sobre la imagen de Llaryora, Milei, y Passerini, indaga sobre lo siguiente: “¿a quién adjudica el aumento del boleto a $700?”, “¿a quien adjudica el aumento de la energía eléctrica?” y si el gobierno  provincial está defendiendo los intereses de los cordobeses o su propio interés político, o si Milei está haciendo el ajuste para bajar la inflación o recorta sobre las provincias sin importarle la gente.

Dicen cerca del sanfrancisqueño que, en el mal momento, los cordobeses le dieron un señal al gobierno y pagaron los impuestos provinciales con vencimiento en estos días en un 75 o 80%, lo que le da tranquilidad a la cartera de Finanzas que conduce Guillermo Acosta y una cierta espalda a Llaryora, cuando los ingresos vía coparticipación nacional están en descenso. 

En el gobierno provincial no ven “demasiado lejos” un acuerdo salarial con el sector docente nucleado en la Uepc, único gremio con el que no acordó y al que citaría en las próximas horas para una oferta salarial vinculada con la recaudación, a una semana del inicio de las clases. Entienden los llaryoristas que el reclamo del magisterio se va a nacionalizar por la decisión del presidente Javier Milei de cortar el incentivo docente y de no convocar a paritarias con la Ctera, aunque esa convicción podría chocar con el fuerte malestar de los docentes por la pérdida de poder adquisitivo del salario, aun entre los que votaron a Milei una, dos y tres veces el año pasado. En ese marco, desde el ala sindical más dura, que controla la delegación Capital, aseguran que van a trabajar para recordar que el empleador del docente es el estado provincial y es quien tiene que garantizar que sus trabajadores no cobren menos. Lo que está claro es que un plan de lucha docente provocaría malhumor social con el oficialismo provincial por los inconvenientes que provoca en las familias que sus hijos no tengan clases. En esto de evitar malestares en la comunidad docente, un dato: desde el Ministerio de Educación objetaron el proyecto del legislador Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal Córdoba) para eliminar la obligatoriedad del uso del uniforme escolar en escuelas privadas y estatales en virtud del alto costo del mismo. Aunque inicialmente el oficialismo en la Unicameral no vió con malos ojos la iniciativa y lo incluyó en el temario del miércoles pasado, el rechazo de directores de escuela y de la cartera que conduce Horacio Ferreyra selló por ahora la suerte del mismo, que volvió a comisión.

Educación, junto a seguridad, salud y en los últimos días se sumó ambiente, un poco por agenda verde y otro poco para levantar la figura de la ministra Victoria Flores, son cuatro prioridades que marcó Llaryora a sus primeras líneas para enfrascarse en la gestión. El titular de Gobierno, Manuel Calvo, seguirá reuniendo intendentes del interior, rol que comparte con la vicegobernadora Myrian Prunotto. La semana pasada, Calvo convocó a los de Calamuchita, Tercero Arriba y Santa María. El presidente del bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, estuvo en Unión, en una actividad del titular de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pero con el cometido de ser la voz política de Llaryora frente a temas nacionales. 

 

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