Guiño de Llaryora a sectores medios con boleto social

El gobernador anunció la ampliación del Boleto Educativo y la duplicación de la base de ingreso para acceder al Boleto Obrero Social, que hasta ahora alcanzaba a asalariados de bajos sueldos. El jefe del Panal espera la liquidación de noviembre del fondo del transporte que la Nación le giró a Chubut tras el reclamo judicial.

Provincial01 de marzo de 2024Bettina MarengoBettina Marengo
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Martín Llaryora

Por Bettina Marengo 

En medio de las críticas por el aumento del boleto urbano a 700 pesos y sin expectativas en el corto plazo de arreglar cuentas con el presidente Javier Milei, el gobernador Martin Llaryora lanzó ayer una ampliación del Boleto Educativo Gratuito, una de las estrellas del cordobesismo, y del más solapado Boleto Obrero Social. El mandatario se rodeó de una buena mesa político-institucional en el Centro Cívico para anunciar que este año el BEG alcanzará a docentes universitarios y que el pasaje obrero será para trabajadores públicos y privados que cobren hasta 450 mil pesos mensuales y para monotributistas de las categorías A, B, C, D y E. Hasta ahora, el BOS aplicaba a ingresos de hasta 220 mil pesos.

Se trata de un guiño a la clase media trabajadora, muy golpeada por la política de ajuste del gobierno nacional, tal vez no la más acomodada pero sí la que se maneja en transporte público o ya no puede sacar el auto a diario por el precio de la nafta. 

Según lo que se informó en el acto donde también estuvo el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, la Provincia triplicará la inversión, que pasará de 11 a 30 mil millones de pesos anuales. “No vamos a dejar solos a los cordobeses, siempre vamos a acompañar a quienes quieran trabajar y estudiar”, afirmó Llaryora, cuyo gobierno dedica esfuerzos para que quede claro que el aumento del boleto fue consecuencia de la decisión de Milei de cesar el Fondo Compensador para el Transporte del interior provincial. 

A diferencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el cordobés no decidió aún si peleará judicialmente por los subsidios al sistema de transporte que cercenó el presidente de la Nación. En el Panal están aguardando que Economía le liquide a todas las provincias lo equivalente al mes de noviembre de 2023, que es lo que recibió Torres tras el recurso que presentó en los tribunales federales de Rawson. En el caso de Córdoba, son unos 1800 millones. “Si se aplica la racionalidad y el sentido común no es necesario que todas las provincias vayamos a reclamar a la justicia. Es una medida contra el interior de Argentina”, sostuvo el mandatario ayer, que ve cómo el joven sureño de PRO empieza a acomodar tantos con el jefe de la Rosada de la mano de los vínculos entre Milei y macrismo.

Por ahora, la expectativa del sanfrancisqueño es que el presidente convoque a los gobernadores a una acuerdo federal por los fondos, y en ese sentido espera al discurso de esta noche, cuando el ultraderechista encabece la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. 

Mientras tanto, busca posicionarse como un gobernador que defiende a los cordobeses y a la producción de Córdoba pero dispuesto al diálogo. Por el fracaso de la ley ómnibus, sabe que está en el foco de la vendetta de Milei, quien en la última reunión con diputados de La Libertad Avanza le dedicó largos párrafos críticos, y que el libertario aspira a quedarse con el voto cordobesista. Por eso busca ampliar todo lo que pueda: el guiño que le hizo ayer al intendente radical Marcos Ferrer, posible candidato a conducir la UCR provincial, por el parate de la Universidad de Río Tercero, fue un gesto de solidaridad transversal ante el peligro violeta. 

A los suyos, Llaryora pide que lo defienden en público y lo acompañen. La iniciativa pro Fonid nacional de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura provincial fue una necesidad expresada a viva voz por Llaryora a su gente, incluso frente al riesgo de que la oposición saliera, como sucedió, a pedir que la Provincia recorte pauta publicitaria para crear un Fonid propio.

Del mismo modo, el comunicado de la Mesa de Enlace firmado por Cartez, Sociedad Rural y Federación Agraria Argentina para contrarrestar las críticas de la Sociedad Rural (SRA) de Jesús María en relación al Fondo de Desarrollo Agropecuario, el fideicomiso al que va el 90% del impuesto inmobiliario rural y que es destinado a obras para el sector, fue un reclamo del ministro de Agricultura de la Provincia, Sergio Busso, a la dirigencia rural. En la cabeza de Llaryora, la ecuación inentendible es que la defensa “al campo” con el rechazo a las retenciones que pretendía reimponer Milei en la ley Bases, movida que le había costado la relación con el libertario, no podía quedar como bandera de Juntos por el Cambio ni con el radical Luis Picat, influyente en la SRA jesusmariense, con la última palabra al respecto.

En el acto de ayer estuvieron el ministro de Transporte, Marcelo Rodio, el rector de la UNC, Jhon Boretto y Ana Altamirano, secretaria General del Sindicato de Personal de Casas de Familia, los tres que hablaron antes que el gobernador y Passerini. Además, asistieron la vicegobernadora Myrian Prunotto y los ministros de Gobierno, Manuel Calvo y de Educación, Horacio Ferreyra. También los intendentes de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; de San Francisco, Damián Bernarte; de Villa María, Eduardo Accastello; de Alta Gracia, Marcos Torres Lima; y de Río Tercero, Marcos Ferrer y el secretario General de la Gobernación, David Consalvi.

 

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