El "tercero en discordia" y el pacto de mayo

Hasta el 25 de mayo, cuando en Córdoba, se den cita los gobernadores y Javier Milei para el acuerdo al que convocó el Presidente, habrá mucho debate y se requerirá de un diálogo político más sofisticado del que hubo hasta ahora. 

En el medio, entre Nación y provincias, quedan los ciudadanos que son los que deben pagar los impuestos para, a cambio, recibir servicios del Estado. El “tercero en discordia” los define el economista Marcelo Capello, del Ieral de la Fundación Mediterránea. En los últimos 24 años el gasto público consolidado entre Nación y Provincias pasó de representar 21,6% a 31,9% del PIB, 10,3 puntos porcentuales más. De ese incremento, 75% es responsabilidad del gobierno nacional, y el restante 25% obra del conjunto de los gobiernos provinciales.

A pesar de contar ahora con un Estado “más grande”, no se produjeron mejoras económicas ni sociales significativas, pues entre 2000 y 2023 la inflación anual pasó de 0% a 211%, la tasa de pobreza en el GBA pasó de 32% a casi 40% de la población, no mejoró la educación (en las pruebas PISA sobre matemática, la Argentina pasó de la posición 34 de 41 países en el año 2000 a ubicarse en la posición 71 de 77 países en el 2022), no hacen falta estadísticas para decir que la inseguridad aumentó y el PIB sólo creció un 1,5% promedio anual, con decrecimiento del 0,04% anual entre 2011 y 2023, período de plena estanflación.

Capello señala que, frente al fracaso estatal en su fuerte avance sobre la economía, se ha producido un cambio en la visión promedio de la sociedad respecto a en qué y cómo debería actuar el Estado en la economía local.

Generalmente se acepta que en una economía de mercado el Estado pueda intervenir con objetivos de estabilizar la economía (bajar inflación y desempleo), redistribuir el ingreso (mayor equidad) y mejorar la asignación de recursos, en este último caso cuando existen fallas en los mercados, y siempre que dichas fallas sean mayores a las que puede provocar el mismo Estado con su intervención.

“Si se trata de un país es federal, los tres niveles de gobierno deben distribuirse las funciones del Estado en una forma que garantice la mayor eficiencia pública, cuyas recomendaciones teóricas suelen ser las siguientes: la función de estabilización y manejo macroeconómico a cargo exclusivamente del gobierno nacional, la función de redistribución del ingreso mayoritariamente a cargo de la Nación y la función de mejorar la asignación de recursos en manos de los tres niveles de gobierno, especialmente de las provincias y municipios”, sostiene el reporte.

Estas características han llevado a que en Argentina los gobiernos locales se encarguen principalmente de proveer bienes y servicios públicos (varios de ellos trabajo intensivo), mientras el poder central se dedica principalmente a pagar transferencias a privados (jubilaciones, planes sociales, subsidios en tarifas, etc.) y a manejar la macroeconomía, la defensa y las relaciones exteriores.

En la discusión actual en Argentina, no se observa una situación en que un nivel de gobierno intente quedarse con los recursos de otro nivel, sino más bien el intento de Nación de estabilizar la economía, tratando que todos los niveles contribuyan a ese objetivo, dado que todos ellos aportaron para generar el problema, reseña.

El economista se pregunta ¿por qué los gobiernos provinciales ajustarían en forma importante sus erogaciones, si ello se necesita principalmente para bajar el déficit nacional y luego la inflación, siendo que la inflación causa costo político a quienes integran el gobierno federal, y no a los gobernadores? Es más, los gobiernos provinciales a veces se han beneficiado con la inflación, pues les permitió subir la presión fiscal en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que como viene escondido en los precios, se confunde con el mismo proceso inflacionario.

Así, repasa, las provincias no tienen mayores incentivos para acompañar el ajuste fiscal requerido desde la Nación, pues esto les causa costo político, y la reducción de la inflación no les genera mayores beneficios políticos. En este contexto, la única manera que los gobernadores ajusten sus erogaciones, además de la Nación, es que se vean obligados a hacerlo porque reciben menores transferencias desde el Poder Central, y esto último precisamente es lo que está ocurriendo: caen drásticamente las transferencias más discrecionales que envía el gobierno nacional a provincias, dirigidas a financiar funciones que son potestades de éstas, y que por ende el poder central no está obligado a financiar.

Con menores transferencias desde Nación y en un marco de alta presión tributaria, las provincias deberían responder recortando sus gastos, aunque no necesariamente aquellos que se financian con las transferencias discrecionales que se dejan de recibir, pues las provincias pueden (deberían) compensar aquellas funciones que la sociedad valora más, recortando otras erogaciones menos valoradas, especialmente allí donde hay menos eficiencia y transparencia.

“Lo bueno de esta situación, es que se observa desde diciembre pasado un saludable debate e importante presión social para que el sector público en general, en sus tres niveles de gobierno -añade-, gaste menos, exhiba más eficiencia, más transparencia y menos corrupción. Finalmente, el ciudadano promedio argentino parece asumir su rol de control sobre los representantes que eligió para que manejen los temas públicos”.

Capello sintetiza que que la estrategia estabilizadora nacional que deriva en recortes a provincias sólo se justifica si se plantea como un esfuerzo “compartido” entre todos los niveles de gobierno, en forma proporcional y objetiva. Para que así sea, se lo puede plantear de dos maneras: que la cuantía del ajuste resulte proporcional a la porción del gasto que cada nivel representa, si se dejan de lado los municipios (62% Nación y 38% Provincias) o que el ajuste en las erogaciones resulte proporcional a cómo han aumentado el gasto en el último cuarto de siglo (75% Nación y 25% Provincias).