Gremios proponen a Llaryora un “Consejo de la Producción y el Trabajo”

Operadores de distintos sectores del oficialismo tantean a sindicatos y cámaras empresarias para construir el organismo, que serviría como plafón para respaldar al gobernador en su negociación con el Gobierno Nacional, al que reclama un plan productivo.

Provincial 08 de marzo de 2024 Felipe Osman Felipe Osman
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Por Felipe Osman

En las distintas centrales obreras en las que aparece fraccionado en gremialismo cordobés dan cuenta de que, desde hace varios días, operadores de diferentes puntos del espectro oficialistas han empezado a tantear la posibilidad de generar un “Consejo de la Producción y el Trabajo”, un espacio de encuentro en el que los actores del proceso productivo despejen inquietudes y debatan, por igual, las medidas que impulsa el Gobierno Nacional y las necesidades de cada sector.

Las 62 Organizaciones Peronistas se arrogan la autoría de esta iniciativa, aunque vale aclarar que son operadores tanto del oficialismo como del ecosistema sindical en su conjunto los que han empezado a sondear la posibilidad de concretarla.

Desde luego, la expectativa del oficialismo es también contar con el respaldo de gremios y cámaras empresarias al momento de sentarse a negociar con el Gobierno Nacional, que ha propuesto a los gobernadores un “nuevo contrato social” para establecer “los principios del nuevo orden económico argentino”.

Tal acuerdo, bautizado por el presidente como “Pacto de Mayo”, estaría supeditado a la aprobación de la Ley Ómnibus un nuevo Pacto Fiscal.

El asunto es que tanto la Ley Ómnibus como el referido pacto tocan intereses centrales para los sindicatos y las empresas, y tantos los gremios como las cámaras empresarias quieren tener voz en las tratativas que los gobernadores llevarán adelante con el presidente.

Por ejemplo, entre los diez puntos que Milei mencionó en su discurso de Apertura de Sesiones como integrantes del “Pacto de Mayo”, aparece las reformas laboral, previsional y tributaria, además de la apertura del comercio. Cuatro ejes en los que empresas y sindicatos aparecen aludidos.

Pero, además, la propia Ley Ómnibus implica una reforma integral del ordenamiento jurídico que tendrá profundos efectos sobre el ecosistema productivo. E incluso sin llegar al articulado de la ley, también surgen otros puntos que fueron abordados por Milei en su discurso o que han sido mencionados por sus funcionarios como materia de análisis y próxima reforma.

En el primer caso, y por dar un solo ejemplo, el presidente mencionó ante el pleno de la Asamblea Legislativa su intención de avanzar en una reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales para limitar a dos los mandatos consecutivos a los que pueden aspirar los secretarios generales, una vieja iniciativa que jamás consiguió trasponer siquiera los límites de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados y que tendría un enorme impacto en el sistema gremial del país, donde los jerarcas de cada sindicato suelen atornillarse por décadas al frente de la conducción de sus gremios.

En el segundo, aparece la declarada intención del Gobierno Nacional, y expresada por el ministro del Interior Guillermo Francos, de reponer el impuesto a las ganancias, algo que también preocupa de sobremanera a las conducciones sindicales. 

Ahora bien, no menos cierto que el interés de sindicatos y cámaras empresarias de tener voz (aún intermediada) en las tratativas del Gobierno Nacional con los mandatarios provinciales es el interés del gobernador de contar con el respaldo de tales actores al momento de plantarse en la mesa de negociación.

Llaryora, que esta semana ponderó la necesidad de muchas de las medidas de ajuste que viene tomando el presidente en su disertación en la Bolsa de Comercio, también volvió a reclamar la necesidad de que detrás del plan fiscal de Milei aparezca un plan productivo para reactivar la economía y evitar que la recesión siga incrementando los niveles de pobreza y desempleo. 

Es, por cierto, el mismo planteo que el gobernador viene defendiendo desde el debate de la Ley Ómnibus en la Cámara Baja, y representa un interés común para los gremios y las cámaras empresarias que integrarían en propuesto “Concejo de Producción y Trabajo”.

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