Juez arremetió por transporte y Passerini pidió VAR completo (arranca el 2025)

El senador cumplió con lo anunciado y radicó la denuncia en la Justicia federal acompañado únicamente de tropa juecista. Apunta a los convenios firmados entre Ersa y Tamse en la gestión de Llaryora. Por su parte, Passerini hizo lo propio en el mismo fuero, pero solicitando que se investigue desde el 2003 a la fecha, cuando Juez era intendente.

Provincial 04 de abril de 2024 Gabriel Silva Gabriel Silva
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Por Gabriel Silva

Luis Juez tiene decidido ir por la matriz económica y financiera de los herederos del cordobesismo. Y lo de ayer lo demuestra de manera bien clara: la decisión del (¿inesperado?) aliado del presidente Javier Milei de materializar en la Justicia federal la denuncia en contra de la gestión de Martín Llaryora al frente del Municipio así lo evidencia. Donde apunta, específicamente, al convenio firmado entre Ersa y la empresa municipal Tamse en diciembre del 2022 y que tuvo vigencia durante todo el 2023.

Concretamente, la acusación del Frente Cívico radica en el acuerdo de colaboración que se suscribió entre ambas, con las firmas de Marcelo Rodio, como secretario de Transporte de esa gestión; Eduardo Ramírez, en aquel momento y hasta la fecha, titular de Tamse; y Emilio Monzón, el apoderado de la empresa correntina que dejó el transporte urbano cordobés el 1° de marzo pasado y bajo la gestión de Daniel Passerini en el Municipio.

En el mismo, piden rever el traspaso de cinco líneas a Tamse en un servicio que era prestado por Ersa, y la denuncia apunta a cómo los subsidios, tanto de Nación, Provincia y Municipio, siguieron entrando a las arcas de los correntinos sin prestar servicio alguno.

Contabilizando los 28.000 millones de pesos que ingresaron bajo ese ítem en ese período, por los 7.000M que aportó Nación, el mismo monto que puso la Provincia y los 14.000M que destinó el Municipio; divididos entre las 49 unidades que tenían las líneas 600, 601, 53, 54 y Aerobus da un total de 30 millones de pesos por unidad en todo el 2023. Lo que es igual a 1.500 millones de pesos para Ersa sin colocar coches, ni prestar el servicio con su infraestructura.

Además, la duda está en cómo continuó el giro y la administración de esos fondos aún con Ersa en Córdoba. Porque, cabe recordar, que la empresa estuvo hasta el 1° de marzo en Córdoba, con Passerini como intendente y Gabriel Bermúdez como secretario de Movilidad Urbana, luego desplazado.

Por lo que algunos conocedores de varios detalles pusieron en la lupa esa ventana de casi tres meses con la actual gestión y estuvieron al tanto de la reacción del actual titular del Palacio 6 de Julio.

Ya que casi en simultáneo con la presentación de Juez, Passerini hizo lo propio, aunque pidiendo en el mismo fuero federal una investigación más amplia que incluya desde que comenzaron los subsidios nacionales en 2003. Bajo la presidencia de Néstor Kirchner y la intendencia de Luis Juez. Concretamente, Passerini radicó una presentación para que se considere desde el 2003 a la fecha, y con todas las gestiones municipales.

Avanzada juecista en grageas

Que la denuncia la impulse con ímpetu Juez después de la reunión con Milei el fin de semana pasado generó alertas en el Centro Cívico. Aunque existe una porción del PJ que confía en que no habrá acuerdo entre Milei y Juez hacia adelante; también es cierto que con este tipo de acusaciones el actual titular del bloque PRO en el Senado, vuelve a las bases. A su esencia de denuncias.

Y como cuentan por lo bajo en el Frente Cívico esto puede ser apenas una muestra, la punta de un iceberg. Si bien, por ahora, la prioridad está en la cuestión vinculada al transporte y el manejo de esos subsidios, hay quienes no descartan que la recolección de residuos, donde el mismo grupo correntino intervino en Córdoba, sea un segundo capítulo.  

“En este momento estamos abocados a lo que ha sido el traspaso de Ersa a Tamse. Queremos saber el estado de las unidades, lo que se pagó, la cantidad de empleados. Seguimos buscando información y nos cuesta muchísimo por la delegación de funciones y la emergencia económica, de salud y de transporte con las que gobernó cuatro años Llaryora. Seguimos buscando”, dijo ayer en Pulxo 95.1FM, Graciela Villata, la jefa del bloque del Frente Cívico en el Concejo Deliberante.

Es decir, no lo descartó.

En paralelo, la propia Villata reconoció que será la justicia la que deba investigar si había un retorno o no entre lo que recibía Ersa y Tamse. Por un famoso período de 30 días que reconocieron otros dirigentes abocados a la denuncia.

Igual, anoche una fuente reconoció a este diario que existe otra acusación apunto de asomar e involucra a los fondos destinados a cooperativas en la gestión anterior del Municipio. Otra denuncia que podría tener el sello juecista, además del juego en tándem con otro de los condimentos en el relato de Milei.

La defensa del PJ

Ayer, en Noticiero Doce, Rodio dijo que la denuncia de Juez “es totalmente falsa”, apuntó a que se incluya el arranque de la actual gestión municipal con Passerini como intendente y, por elevación, apuntó a Bermúdez, aunque sin nombrarlo.

En tanto, Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno actual, y quien tiene Movilidad dentro de su órbita, reconoció que hubo una “rápida reacción” en el Municipio para buscar ampliar la investigación y destacó esto para “revisar todo desde que empezó: con Néstor Kirchner como presidente y Juez como intendente”. En esa gestión municipal, la secretaria de Economía era Villata.

Dentro del Municipio reconocieron a este diario que “Juez debería aprovechar su experiencia y buen vínculo con Milei para ayudar a los cordobeses”. Además de agregar que hay un error en el cálculo en la denuncia, pero no dejan de apuntar al convenio que se acordó y los firmantes del mismo. “Fue entre Tamse y Ersa”, dijeron. Haciendo referencia al organismo descentralizado.

Con esto, Juez aventajó al radicalismo, quiere jugar en todas las canchas con los propios y, volviendo al inicio de la nota, una fuente recordó dos cosas: un encuentro entre un veterano e influyente exministro schiarettista con la cúpula del juecismo; y una frase frecuente de un exfuncionario municipal “yo pago, yo cobro”. Arrancó el 2025. 

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