La guerra sin trincheras que desató la llegada de Rambaldi al poder sigue sumando batallas. A la discusión por la Presidencia del Concejo, que ya llegó al TSJ, ahora hay que agregar una nueva denuncia penal del ex intendente Facundo Rufeil contra su sucesor, por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Provincial 08 de abril de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
Desde que el líder calerense de Encuentro Vecinal, Fernando Rambaldi, llegó al poder, apalancado en la estructura de Juntos por el Cambio, y ante un peronismo que se partió en mitades por las diferencias entre los primos Facundo y Rodrigo Rufeil, la ciudad más poblada del departamento Colón atraviesa una guerra sin trincheras.
El oficialismo, desde el mismo momento en que tomó el mando, denunció desorden administrativo y financiero de la anterior gestión, dio marcha atrás en una serie de designaciones en planta permanente que Rufeil había firmado en sus últimas semanas a cargo del municipio y echó por tierra la paritaria negociada por su antecesor para rubricar una diferente con el sindicato que nuclea a los empleados municipales.
Rufeil, desde la contraofensiva, desmintió las acusaciones de Rambaldi, asegura disponer de registros respaldados en actuaciones notariales que dan cuenta de la salud de las finanzas municipales a su salida del Ejecutivo y denunció “inoperancia” de parte de su sucesor, que ciertamente experimentó algunas dificultades al momento de llevar adelante la primera liquidación de salarios. Pero esto fue apenas la entrada en calor.
El plato fuerte llegó algunas semanas más tarde, cuando el Concejo Deliberante celebró su sesión preparatoria previa al inicio del nuevo ciclo legislativo. Tras tratar la licencia de Facundo Rufeil, la entonces presidenta del cuerpo, Sofía Fernández, mocionó para ratificar las autoridades de cuerpo, sin advertir que la mayoría del oficialismo se había esfumado: la edil radical Analía Marcos no acompañó, y se desató un barullo al que siguió un cuarto intermedio solicitado por Fernández.
El tanteador no cambió, el oficialismo intentó dar por ratificadas las autoridades que venían en funciones desde el cambio de mando pero no logró cerrar la sesión. Con el respaldo de Marcos la oposición consiguió quórum propio y terminó ungiendo a la edil radical como nueva presidenta del Concejo.
Desde entonces La Calera atraviesa una situación sumamente anómala: el oficialismo no preside el Concejo, y no tiene quórum para sesionar, y la oposición, que junto a Marcos puede alcanzar el quórum, no tiene el reconocimiento de Ejecutivo respecto de la presidencia de la edil radical. Ejecutivo y Legislativo transitan en paralelo, desconectados.
De hecho, sendas presentaciones del peronismo y de la concejal radical ya han partido hacia el Tribunal Superior de Justicia, que según dicta la Constitución Provincial tiene competencia originaria para entender el conflictos que se susciten entre diferentes poderes de un municipio. El objetivo, obtener el reconocimiento de la sesión que ungió a Marcos como presidenta del cuerpo.
Lo antedicho configura el escenario sobre el cual llega ahora una nueva acusación, desde la oposición hacia el oficialismo, y de naturaleza penal.
El ex intendente Facundo Rufeil acaba de realizar una denuncia penal en contra de su sucesor, al que acusa de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En sus fundamentos, Rufeil destaca que durante su gestión La Calera firmó un convenio de financiamiento con la Provincia para la construcción de 20 viviendas “Semilla”, y que al cabo de su mandato, las viviendas presentaban un avance de obra del 87 por ciento, extremo que comprueba con certificados con el visado del Ministerio de Hábitat de la Provincia y en base al giro de fondos que debieron atravesar el doble control del Tribunal de Cuentas de la Provincia y del Municipio.
Luego, el ex intendente apunta que su sucesor abandonó la prosecución de esas obras, a pesar de que la anterior gestión habría dejado fondos por 12 millones de pesos para concluirlas.
El meollo de la cuestión es que Rufeil dice que tales fondos eran de afectación específica, sin embargo destaca que no se trataba de fondos provenientes de la Provincia en el marco del mencionado convenio de financiación, sino de recursos propios del municipio, con lo cual deberla establecerse si se trababa o no de fondos que la siguiente gestión debía, por imperio de ley, aplicar a la finalización de las viviendas o podía, según el propio criterio, aplicar a otros destinos.
En cualquier caso, está claro que los cruces entre el PJ y el oficialismo calerense tienen un contenido esencialmente político y sólo accidentalmente judicial. Y así seguirá siendo, ya que fuentes muy cercanas al PJ adelantan que la ofensiva judicial continuará.
Tras una nueva reunión con la conducción provincial del gremio, el Centro Cívico pospuso para mañana la nueva oferta a los docentes, que analizarán la propuesta la semana próxima. La aceptación o el rechazo llegarán cuando se haya agotado la conciliación.
Tras siete meses, se designó a un nombre de LLA al frente de ANSES. La abogada Silvina Drovandi asumió como directora de la delegación local. Es la segunda dependencia que suma un nombre libertario. Resta blanquear quién será el titular de la Agencia Territorial de Empleo.
Aunque fue el segundo encuentro ordinario del periodo, la de ayer se sintió como la primera con la aprobación de las comisiones y la designación de cargos pendientes. La primera minoría (Primero Río Cuarto) ya tiene prosecretario y propuso representante en el EMOS.
La primera sesión legislativa del segundo semestre se vio atravesada por una discusión inédita que nadie vio venir. La crisis que atraviesa el multimedio de los SRT terminó siendo el chivo expiatorio de la “politiquería” en la Unicameral.
