Bajo tensión, la política local se acomoda frente a la marcha universitaria

Voceros de Llaryora y de Passerini afirmaron que no irán a la primera movilización no cegetista contra las políticas de recorte de Javier Mile, pero destacaron que el gobernador viene apoyando la educación pública y a las universidades. Juez y De Loredo, a favor del reclamo, pero misteriosos sobre la marcha.

Provincial 22 de abril de 2024 Bettina Marengo Bettina Marengo
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Por Bettina Marengo

“Hoy somos todos River-Boca”, respondió un alto funcionario del gobierno de Martín Llaryora a la pregunta de qué postura tendrá el mandatario y su administración frente a la marcha universitaria de mañana martes, la primera no cegetista sino de la sociedad civil en contra del ajustazo de Javier Milei, que buscará torcerle el brazo al libertario en el recorte presupuestario que deja a la Universidad Nacional de Córdoba y a todas las casas de altos estudios públicas en riesgo de no poder abrir el segundo semestre. 

En efecto, Llaryora y los suyos ayer ocuparon la tarde en “vender” la marca Córdoba como organizadora de megaeventos, y a ponderar el impacto económico y simbólico que dejó el clásico que se jugó en el estadio Kempes, con intento del oficialismo, que necesita dar buenas noticias, de que el intendente Daniel Passerini se luzca como vocero post espectáculo, y el oficialismo pateó la pelota afuera sobre el tema universitario. Cerca del jefe del Panal afirmaron que éste ya ha dicho mucho en defensa de la educación pública en general y sobre la situación universitaria en particular. “Y seguiremos por ahí”, enfatizó una fuente a la que no se le escapa el orgullo cordobés por la universidad que le dio a la ciudad el mote de “la docta”.

Es tan cierto que el jefe del Panal afirmó la semana pasada en la ciudad de San Francisco que “no se puede dejar a las universidades en una situación tan deplorable que ni siquiera puedan pagar el servicio de luz”, como que el cordobés no está en condiciones de irritar a Milei y caer bajo su ejército de trolls a poco más de un mes del Pacto de Mayo y con gran parte de la opinión pública provincial recostada en el discurso anti casta. 

En ese marco, no parece que algún funcionario provincial de las primeras líneas vaya a mostrarse en la marcha, cuya recorrida los claustros universitarios y los gremios, no sin internas y cruces, fijaron para las 11 am, con partida del Monumento de la Reforma, en la Ciudad Universitaria, y fin en el Patio Olmo, en el centro de la ciudad.  Por caso, al cierre de esta nota no hubo posteo en Twitter del PJ Capital que, por ejemplo, saludó fuerte la instalación de la escultura de Sonia Torres en la plazoleta de la Merced.

Desde la Municipalidad de Córdoba los voceros del intendente Daniel Passerini, un “militante” de la universidad pública que suele expresarse en estos casos, afirmaron que el alcalde no participará de la movilización. La hora de la movida, en plena jornada laboral, es un argumento a manos de todos. “Tal vez vayan algunos funcionarios o dirigentes muy identificados con lo universitario”, abrió el paraguas otra fuente.

A salvo del malestar social que produce el ejercer la gestión pública, el senador Luis Juez no vio contradictorio estar de buenas migas con Milei, con quien se whatsappea luego del almuerzo que compartieron en Olivos, y marchar por el presupuesto universitario que el propio Milei podó, una flexibilidad que seguramente el libertario no le perdonaría a Llaryora. Tampoco a la UCR, cuyo presidente nacional, el senador Martin Lousteau, es objeto de durísimos cuestionamientos de parte de La Libertad Avanza. El último, por el aumento de las dietas de los sanadores. Juez le dijo a Alfil que “es un egresado de la universidad pública y eso es más importante que cualquier vínculo” que pueda tener con el presidente, y aseguró que “si está en Córdoba”, participará de la marcha. 

Algo similar a lo que indicó el diputado Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de la UCR en Diputados que emitió un comunicado de “compromiso con la educación pública” y acompañamiento “a las universidades en su reclamo”. Un comunicado que no hizo hasta ahora el bloque dialoguista Hacemos Coalición Federal, que se limitó a dar RT a tuits de diputados puntuales. De Loredo, dentro de un radicalismo pro universidad pública pero en tensión y con posiciones casi antagónicas en relación al jefe de la Rosada, tampoco precisó si estará en Córdoba o en Buenos Aires el 23. Seguramente lo retendrán las elecciones del Colegio de Abogados que se celebran ese día, donde el radical juega fuerte con la lista opositora que encabeza Mariano Jándula, que busca arrebatarle la conducción al oficialismo apadrinado por el llaryorismo, que lleva a Edgardo Bittar. 

Dos dirigentas mujeres dieron un sí contundente a la marcha, una lista que se suma a presencias políticas que son de cajón: dirigentes kirchneristas o de partidos progresistas, y distintas versiones de izquierda, además de lógicamente todo el mundo sindical y universitario.

Una es la diputada nacional Natalia de la Sota, que posiblemente sea una de las pocas, o la única presencia de primera línea del PJ cordobés en la movilización de la ciudad que tiene la universidad más antigua del país y la segunda más antigua de Sudamérica. La otra es la exlegisladora Tania Kyshakevych, parada en el espacio del Frente Renovador que lidera el excandidato presidencial Sergio Massa.

Hoy habrá reuniones entre los funcionarios del Ministerio de Seguridad de Córdoba y el fiscal Guillermo González, a cargo durante el mes de abril de las manifestaciones en vía pública que suele tener bajo su éjido el fiscal Ernesto de Aragón. No parece que González tenga la orden de endurecer la mano en la calle el martes, pese a que, como se dijo arriba, todo va a suceder en pleno horario de actividad citadina y la columna llegará a pleno centro. “Una movilización popular no es un piquete”, diferencian desde Tribunales y dejan abierta la posibilidad de que se autorice, según la cantidad de gente en la marcha, la ocupación de los dos carriles de las calles. Otro dato a leer, teniendo en cuenta que Milei ya anunció la aplicación del duro protocolo antipiqutes en Buenos Aires, que reprime y penaliza la ocupación de la calle.

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