Sacar adelante el partido

Por Javier Boher

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Guillermo Francos estrenó cargo consiguiendo el dictamen para que el proyecto de Ley de Bases esté un poco más cerca de convertirse efectivamente en una ley. Su intervención fue como cuando el arquero decide ir a cabecear y tiene la suerte de meterla. Tal como en el fútbol, la jugada salió bien a pesar de que siempre hay más posibilidades de que salga mal.

El oficialismo festejó la resolución como un triunfo sobre la hora que alegra más a quienes lo consiguen. Sin embargo, no la tuvo nada fácil.

Hace alrededor de un mes se publicaba en estas mismas páginas una nota titulada “Equilibrios legislativos”. En la misma se adelantaba un poco de todo esto que se vio durante la tarde del miércoles. Un gobierno nuevo, sin relevancia institucional en dos poderes del Estado, con falta de cuadros para llenar los cargos del Poder Ejecutivo (según respondió el ex Jefe de Gabinete Nicolás Posse en su visita al Senado, hay 1867 funcionarios que vienen de la gestión anterior) y que lleva la batalla cultural a extremos insostenibles es extremadamente débil para negociar. Necesitaban anotarse un poroto para demostrar que además de hacer memes también saben de política.

En ese proceso el oficialismo debió ceder a las provincias para conseguir el apoyo, pero siempre manteniendo las cosas calmas para evitar que el resto también pida lo mismo: todos tienen que tener la sensación de que ganan algo, sin la sensación de que hay otros que ganan mucho más. Parece difícil, pero es como cuando le damos a alguien a elegir entre las dos últimas porciones de pizza: quizás nos sorprende eligiendo la que nosotros no queríamos.

Las cosas ya estaban más o menos claras de antemano, siendo el retoque del mínimo no imponible del ex impuesto a las ganancias para las provincias patagónicas uno de los elementos que se caían de maduro. Las provincias patagónicas representan más o menos un quinto de los senadores, por lo que era fundamental conseguir su apoyo. Además consiguieron una modificación en el régimen de regalías, lo que debería descomprimir también otros reclamos vinculados a fondos que se dirigen a las provincias. 

Otro de los puntos a negociar fue el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que quedaría pendiente de aprobación por parte de cada provincia y que también le otorga beneficios a las empresas nacionales que sean proveedoras de las que decidan hacer inversiones aquí.

Hay una decisión que no está en la ley pero que lleva por nombre “peronismos provinciales”. Esto es la designación de gente de los gobernadores en oficinas locales de entidades nacionales, tratando de desplazar a muchos de los camporistas que quedan ocupando cargos para los que los libertarios no tienen gente. 

Finalmente, una que seguramente dejará conformes a los radicales que gustan de sentirse la vara moral de la nación: se cambian las reglas para el blanqueo de capitales: se pasa de cinco a diez años desde la última vez que se ejerció un cargo, se prohíbe para hermanos de funcionarios (casualmente ayer detuvieron al hermano de un ex senador bonaerense con 12 millones de dólares y cuatro kilos de oro) y se les prohíbe volver a acceder a un régimen similar por 15 años. Otra parte  de los radicales -los que medran en el Estado aunque no ejerzan el poder- se pondrá contenta por la exclusión de algunas empresas públicas del régimen de privatizaciones.

Todos estos cambios fueron necesarios para torcer el destino de un proyecto que estaba cerca de volver a fracasar. Quizás lo iba a hacer con un poco más de suerte que en la versión anterior, pero no sirven los proyectos que no pueden salir del recinto convertidos en ley. Las leyes regulan la vida social, política y económica de las sociedades, por lo que no alcanza con las intenciones. Hay que ser efectivo para sobrevivir.

Esa es, tal vez, la mayor crítica que se le puede hacer a los opositores que se creen tan vivos como para presionar mucho al gobierno en busca de beneficios exclusivos. A David Carradine le gustaba que le aprieten el cuello cuando tenía relaciones sexuales, pero calculó mal y terminó ahorcado. Presionar demasiado al gobierno quizás le genera placer a algunos senadores, que en su inexperiencia son incapaces de ver que la alternativa ante un fracaso del gobierno libertario no es Perón, Yrigoyen, Roca o el estadista que les guste, sino un profundo abismo del que no se sabría cómo salir. Sin vía de escape clara, nadie gana nada si el Congreso bloquea tanto al presidente como para hacerlo caer.

Está perfecto que el Poder Legislativo intente equilibrar al Poder Ejecutivo, para eso existe. Pero el equilibrio en un sistema presidencialista implica negociar todo el tiempo buscando acuerdos y haciendo algunas concesiones, no delirar con un rol de cogobierno o de veto permanente que ponga en riesgo toda la estabilidad del sistema y la vida de los millones de argentinos que están podridos de la política, la inflación, los aumentos de sueldo de los senadores y todas esas cosas que le hacen perder la fe en la democracia.