Por Javier Boher

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Sabemos de sobra que el sistema político permite que en el Poder Legislativo (o en los poderes legislativos, de distintos niveles y ubicación geográfica) ingresen personas que no están realmente capacitadas para hacer normas que luego serán obligatorias para todos los ciudadanos. Amantes, amigos, parientes, todos tienen un lugar en las listas con las que hay que llenar los asientos del Congreso.

No se trata de apuntar contra el carácter mucho más plebeyo de la Cámara de Diputados, que permite que ingresen al recinto personas sin formación básica. Como parte de la sociedad ellos deben estar allí, tal el caso de la diputada que juró por la patria cartonera o el diputado que supo ser recolector de residuos. No tienen por qué ser trabajos menos dignos que los que llegaron desde el periodismo o por haber sido valijeros de algún político.

Muchas veces alcanza con tener sentido común, bajo la premisa de que menos leyes y regulaciones significa más libertad para que la gente desarrolle sus vidas y prospere con más facilidad. Marcos mínimos de convivencia que dejen buena parte del contenido de las relaciones entre personas a las personas que deciden entablar esa relación.

Tal vez por eso, por la falta de sentido común, cualquiera puede caer en los problemas que llevan al desprestigio del legislativo ante los ojos del vulgo. Si no fuese por eso no habría tantos argentinos despotricando contra la Ley de Alquileres, que salió con amplio consenso entre las fuerzas políticas. Ahora no se pueden poner de acuerdo para derogarla, así que la gente sigue sufriendo las consecuencias de tan absurdo acto.

Casualmente, más de un diputado de los que avalaron aquel proyecto hoy estará cuestionándose su voto. Impedidos de conseguir un nuevo proyecto para derogar la ley existente, bastaría con mandar una carta a la presidencia del cuerpo para cambiar aquel voto de fines de 2019 y conseguir que deje de tener validez.

¡Momento! No, eso no se puede hacer. Si ya se votó, esa es la voluntad que queda registrada y no se puede hacer nada al respecto. Si además se trata de cuestiones que ya tienen promulgación y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, con mucha más razón.

Eso, que debería estar absolutamente claro para los que hacen las leyes, no parece ser algo al alcance de todos los legisladores. Es más, otros directamente plantearon dudas sobre por qué está prohibido.

Quien quedó en evidencia respecto a esto es el diputado Javier Milei, quien pidió a la presidencia del cuerpo que acepte un cambio en su voto sobre dos proyectos que le habían significado una gran cantidad de críticas desde diversos sectores de la sociedad. Su voto negativo fue respecto a los proyectos de modificación del trámite de Fe de Vida para jubilados y a la instauración del 18 de julio como día de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA.

Así, la falta de sentido común por parte del economista demuestra que no entiende lo que significaría -en términos de seguridad jurídica- que un legislador pueda cambiar su voto después de transcurrida la votación. Eso le valió chicanas por parte de “la casta”, que se mofó de su profundo desconocimiento sobre las reglas del Poder Legislativo y la ingenuidad con la que pretende decodificar de qué se trata la política. Como un economista de poco vuelo, su modelo tiene individuos racionales y un puñado de variables que hacen que todo sea previsible, cuando en la política hay un barro espeso que hace que sea muy difícil saber para dónde se van a mover los actores o cómo van a discurrir los eventos relacionados a ciertos temas.

La ignorancia de Milei no sería tan grave si se tratara de un diputado que entró de rebote por un par de licencias o algunas renuncias, mas se trata de alguien que encabezó su lista en 2021 con la idea de ir por la presidencia en 2023. De hecho, las encuestas le dan entre 15 y 25% de intención de voto, un caudal nada despreciable de apoyo popular de cara a lo que viene.

De ser ciertos esos números, a entre un sexto y un cuarto de la población no le molestaría tener un presidente que sufra de un severo caso de analfabetismo político-institucional. Ahora que se lo ve en funciones es más fácil entender el por qué de sus categóricas afirmaciones sobre gobernar por decreto o a través de sucesivas consultas populares.

¿Ese nivel de ignorancia lo hace menos deseable para ese sector del electorado que ha sabido juntar hasta ahora? Para nada, pero es una señal clara sobre qué cabría esperar de un eventual gobierno suyo. Como dijo alguien en twitter, si no sabe ser diputado, ¿cómo se puede esperar que sepa ser presidente?.

Lógicamente Alberto Fernández ha dejado una vara inusualmente baja con la cual comparar la capacidad para conducir al país, pero ante los desafíos mayúsculos que le esperan a quien llegue a sentarse en el Sillón de Rivadavia, se espera que quien logre apoyar sus posaderas sobre tan noble pieza de mobiliario tenga algo de idea sobre cómo funciona el mundo.

Milei, una respuesta antisistema en un contexto de hastío general respecto a la política, es el caso paradigmático de que la política es un oficio profesional, con formas y modos que le son propios, con pactos, acuerdos y normas -escritas o no- que regulan su práctica y con instituciones que -funcionen o no- son un corset para la acción individual. No importa cuánto denueste al Estado, está atrapado en esa jaula de hierro que va a definir de qué manera se hacen y se cambian las leyes.