El club de las Cajas: Llaryora acelera reclamo a Milei por fondos

El gobernador compartirá acto de Región Centro en Santa Fe con sus pares Pullaro y Frigerio. El tema central serán los fondos para las cajas previsionales no transferidas a Anses, que la Nación dejó de enviar desde el año pasado. En el caso de Córdoba, son 10 mil millones mensuales. Acto en túnel subfluvial, símbolo de federalismo.

Provincial 27 de junio de 2024 Bettina Marengo Bettina Marengo
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Por Bettina Marengo

Hoy se reúnen en Santa Fe los gobernadores de la Región Centro y en el contexto Milei y con el Congreso intentando cerrar de una vez la ley Bases y el paquete fiscal del oficialismo, el encuentro trasciende lo institucional del marco. El tema dominante será el reclamo al gobierno nacional por los fondos para las cajas de jubilaciones no transferidas al Anses, una situación que comparten los tres distritos. Habrá un documento conjunto por ese tema, en el primer reclamo interprovincial al gobierno de Javier Milei luego de la crisis de verano por la caída de la primera ley Bases. El tema preocupa a las administraciones provinciales que están pagando sueldos y jubilaciones en un marco de caída de la recaudación propia y federal. Los gobernadores aguardaron a que sus diputados firmaran la adhesión al dictamen de las leyes de Bases y el paquete fiscal que hoy se tratarán en Diputados, donde los cordobesistas mostraron diferencias sobre privatizaciones y la moratoria.

El cordobés Martín Llaryora viajará junto a una comitiva de legisladores a la cita que será a las 11 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde se encontrará con el anfitrión, el radical Maximiliano Pullaro, y Rogelio Frigerio, el mandatario de Entre Ríos que pertenece al PRO, quienes también estarán con sus delegaciones legislativas. 

Al finalizar esa reunión, que se extenderá aproximadamente una hora, los gobernadores irán al túnel subfluvial que une las ciudades de Santa Fe y de Paraná, Capital de Entre Ríos, que cumple 80 años. Nada azaroso, ya que que el ex túnel Hernandarias (hoy se llama Uranga-Begni) es símbolo de acuerdo federal entre las dos provincias, que decidieron el proyecto porque el gobierno nacional de entonces se negaba a construir un puente aéreo entre ambas capitales. En ese acto se esperan mensajes de reclamo de infraestructura y obra pública al gobierno de Javier Milei, como sucedió el martes en el encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) donde Llaryora dijo que “es imposible desarrollarse sin infraestructura” y que “en un país federal como la Argentina, se requiere un plan que contemple las obras para mejorar la competitividad”, aseguró, en la mesa de exposiciones que compartió con los dos gobernadores mencionados arriba y con el mendocino Alfredo Cornejo. Al tema lo siguió ayer en Adelia María, donde habilitó los 20 kilómetros de pavimento entre esa localidad y General Levalle. “Estamos ratificando la voluntad de decirles que nosotros no vamos a parar la obra pública, que es dinamizadora de la economía, genera puestos de trabajo y permite el desarrollo de las ciudades y pueblos del interior", dijo, y sostuvo que al mercado no le interesaría esa obra y los vecinos no podrían concretarla, ironizando sobre la posición de Milei al respecto.

Pero lo dominante de la jornada será la deuda previsional con las provincias. Desde que asumió Milei, la Nación no sólo cortó los flujos mensuales acordados para paliar el déficit, sino que tampoco volvió a hablarse de achicar la deuda por diferencias en actualizaciones, previas al actual gobierno. Según fuentes del Panal, el Ministerio de Economía de la Nación debería enviar unos 10 mil millones de pesos mensuales a la Caja cordobesa. La deuda consolidada, sumando la que fue judicializada durante la presidencia de Alberto Fernández, trepa a 300 mil millones según los funcionarios llaryoristas. El Panal se mantuvo cauteloso y a la espera sobre el punto, sin volver a recurrir a la Corte por los fondos, como tampoco lo hizo cuando Milei/Caputo anunciaron el fin de los subsidios al transporte y del Fonid. Otros gobernadores sí lo hicieron y el propio Pullaro contrató al estudio jurídico Cassagne Abogados para litigar en la causa, con honorarios iniciales de 30 millones de pesos.

 

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