Por Bettina Marengo

Aunque hoy el foco principal del gobernador electo Martin Llaryora es la elección de la Capital que se realizará el 23 de julio, instancia fundamental para sus necesidades y proyectos políticos, hay una agenda de trabajo para el día después, sea cual fuere el resultado que obtenga el candidato a intendente del oficialismo, Daniel Passerini.

Claro que ese “día después” no estará completamente definido para Llaryora el 24 de julio. Faltan las elecciones PASO del 13 de agosto y las nacionales del 23 de octubre. Recién ahí, el sanfrancisqueño va a tener un mapa completo del escenario político en el que se va a mover durante su Gobernación, que desde el vamos va a estar condicionada por la escasez propia en la Legislatura, al menos al lado de la actual abundancia schiarettista, y por la situación de minoría en el Tribunal de Cuentas, organismo que manejará el juecismo. 

Tanto pesa el futuro entorno nacional, donde juega como candidato el gobernador Juan Schiaretit, que Llaryora no definiría del todo su gabinete hasta que no se completen los espacios en disputa. No es lo mismo un Schiaretti con presencia importante en la primera vuelta electoral, negociando con cierta espalda en un balotaje, que no. Y no es lo mismo un presidente de Juntos por el Cambio que un peronista. Se sabe que el sanfrancisqueño habla con todos. Hasta ahora, el nuevo gobernador ha dicho que el suyo será un gabinete que represente la coalición que ganó la elección provincial, donde el único lugar reservado es para el actual ministro provincial de Agricultura, Sergio Busso, en el mismo rol.  

En ese marco, suena la pregunta sobre si el gobernador electo enviará a la actual Unicameral un proyecto de ley marco para encolumnar su futura gestión, antes de que asuma la nueva cámara legislativa, en la que Hacemos Unidos por Córdoba estará en empate numérico con Juntos por el Cambio y en puja por el quórum. ¿Una ley de Nuevo Estado II? En diferente contexto y con otros aires políticos, José Manuel de la Sota sancionó apenas asumido, en el año 2000, un paquete de leyes que se conocieron como Estado Nuevo, que habilitaron la privatización la Epec, la Lotería y el Banco de Córdoba -proyectos paralizados por la crisis del 2021- y nuevos enfoques de lo público con lógica privada. Todo se presentó bajo el rótulo de la “modernización”. Durante toda la campaña, Llaryora abrazó el concepto de “innovación” y la misma noche de su triunfo anunció que la “nueva generación” del oficialismo empezaría “de cero”. Desde la oposición se rascaron antes de que pique. La legisladora Daniela Gudiño, de Juntos por el Cambio, manifestó que “toda ley que se quiera aprobar ahora para el nuevo gobierno tendrá visos de ilegitimidad”. El “lilito” Gregorio Hérnández Maqueda le hizo la segunda. En cualquier caso, cuando pase el turno electoral de la Capital, los equipos técnicos que encabeza el secretario municipal de Economía, Guillermo Acosta, le ofrecerán al electo mandatario provincial un menú de opciones. 

La más explícita preocupación del llaryorismo a futuro es el Tribunal de Cuentas, que desde el 10 de diciembre estará controlado por el juecismo. María Fernanda Leyva y Beltrán Corbalán, los tribunos electos por la mayoría, responden directamente al excandidato a gobernador Luis Juez. En minoría quedará la schiarettista Silvina Rivero, hoy ministra de Coordinación de la Provincia. Las expectativas del oficialismo de revertir en el escrutinio definitivo el resultado en este tramo no se dieron y ahora aseguran que parte de lo que se viene es fortalecer las direcciones de administración de los Ministerios del Poder Ejecutivo, para que los expedientes lleguen “sin errores” a un Tribunal de Cuentas que suponen hostil. En ese sentido, puede haber cambios en las disposiciones para la administración y también refuerzos de miradas técnicas para los controles a posteriori de los números. “Más que prolijos, hiper transparentes”, afirman cerca del todavía intendente capitalino. La incomodidad está. Es que si la mayoría rechaza un expediente del Ejecutivo, Llaryora podría quedar obligado a manejarse con decretos. Además del hecho de que el personal del organismo quedará bajo el mando opositor.

En Juntos por el Cambio le bajan el precio al rol que hoy tiene el TdC. Dicen que está achicado en sus funciones porque el PJ, en los 24 años que lleva en el poder, le ha recortado competencias, dejando afuera de su éjido los gastos de las agencias Cultura, Deportes, Turismo, etc, de Epec, Caminos de las Sierras y la Lotería SE. “Solo se controla el gasto de la administración central, que esté adecuado al presupuesto”, indican.