A casi ocho meses de su puesta en marcha en Río Cuarto, la empresa SAT anunció la baja de la tarjeta que representa la mitad de los pasajes que se cortan porque Nación no hizo los aportes correspondientes. De Rivas se sumó al reclamo de otros intendentes y puntualizó en la situación de la capital alterna.
Río Cuarto02 de agosto de 2024
Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
“Insostenible”, palabra que se repite cada vez más seguido cuando se habla del servicio de colectivos en la ciudad de Río Cuarto. A solo dos meses del comienzo oficial del nuevo Gobierno municipal, el intendente Guillermo De Rivas se encontró con el primer aprieto de su gestión en materia transporte, como si se tratara de una especie de costumbre -nada feliz- que el sistema le da como bienvenida en su llegada al poder. En esta ocasión, la Sociedad Anónima de Transporte (SAT) sorprendió al jefe municipal con la decisión de suspender el beneficio de la tarjeta SUBE, ese que comenzó a implementarse en la ciudad como parte de una maniobra del ex ministro Sergio Massa, en el ocaso de su campaña presidencial dentro del territorio cordobés.
La decisión unilateral e inconsulta de la SAT no representa -a priori- un reclamo al vínculo que mantiene con el Gobierno municipal, sino que apunta al incumplimiento de compromisos que el Gobierno nacional tiene con las ciudades adheridas a la SUBE. Según informaron el pasado miércoles desde la empresa de transporte local, Nación adeuda más de 60 millones de pesos desde mayo. Es decir, hace dos meses transportan a los beneficiarios de la tarjeta sin cobrar un peso. Aunque la respuesta de la empresa pueda resultar lógica, lo cierto es que impacta directamente en los usuarios: el 50% de los pasajes diarios se abonan con la tarjeta nacional. Por esa razón, De Rivas tomó parte en la cuestión en busca de soluciones.
A través de sus redes sociales, el intendente riocuartense se plantó con un reclamo dirigido al Gobierno nacional, la primera demostración de fuerza de su gestión con la Rosada y en consonancia con lo expresado por sus pares en el interior. De Rivas puso lo suyo con el pedido de equidad en el reparto de los fondos públicos que aporta para sostener el sistema de transporte público de pasajeros y recordó el aporte extraordinario de Nación al transporte del AMBA,
En la publicación de anoche, el jefe municipal afirmó que las medidas del Gobierno nacional “van en detrimento no sólo del servicio de las empresas de muchas ciudades, capitales alternas como en nuestro caso, y trabajadores que diariamente necesitan del servicio de transporte público para acudir a sus puestos, así como de estudiantes y vecinos (en capital pagan $270 el boleto con la SUBE registrada) sino también a nuestro Municipio que tiene que destinar fondos de los Riocuartenses para sostener el servicio”. A diferencia de lo observado durante los últimos meses de la gestión de Juan Manuel Llamosas, el intendente personalizó el reclamo para dar señales de estar “al frente” de la cuestión -al menos a nivel local.
Tal lo expresó De Rivas, la mayoría de los sectores vinculados al transporte local enfocaron en la responsabilidad del Gobierno nacional en la solución del conflicto. La gestión de Javier Milei no solo sacó los subsidios para el interior, sino que -para el caso particular de Río Cuarto- no realizó el pago de lo correspondiente a la SUBE desde mayo.
La reacción inicial de la empresa -la del corte- respondería a un último recurso con acento imperial para llamar la atención de Nación, tal como se viene haciendo desde otros municipios de la provincia. Pero también se sumó la fuerza del reclamo emitido por De Rivas, el cual replicó lo expresado por Daniel Passerini, su par capitalino, con quien consensuó las acciones que tuvieron lugar en las últimas horas.
Con las palabras del intendente riocuartense y la “amenaza” del corte de la SUBE desde el sábado, en la Municipalidad anoche se mostraban optimistas respecto a la posibilidad de que lleguen soluciones desde este viernes. Al cierre de esta edición, Alfil estaba al tanto de comunicaciones entre la empresa y representantes del Ministerio de Transporte de Córdoba para destrabar el conflicto. Todo indicaba que, de haber voluntad de Nación, la SAT cobraría parte de lo que se le adeuda y pondría marcha atrás para evitar el golpe de quitar la SUBE. “A Milei no le conviene que la gente se enoje”, expresaba una voz del Palacio de Mójica sobre la postura que deberá tomar Nación para brindar soluciones y no generar más problemas.
Reparto de culpas
En medio del conflicto, actores de la gestión nacional anterior salieron a poner el foco en la empresa local y también en la Municipalidad. También sugieren que el comportamiento de la empresa es “excepcional” y que, lejos de intimidar, revela su intención de “pulsear” por mayor presupuesto utilizando a los usuarios como carnada. “Es una práctica común”, recuerdan sobre situaciones como las que sucedieron no hace tanto, cuando se llegó a sacar colectivos de circulación por “emergencia” y no se pegaron sueldos de choferes.
Claro que esta postura fue desmentida desde el Mójica: De Rivas salió a mostrarse al frente de la crisis, dejando entrever una suerte de “trabajo en equipo” con la empresa local de transporte, coincidiendo en que las demandas debían apuntar únicamente al Gobierno nacional. Sin embargo, pese a la momentánea “consonancia” entre la Municipalidad y la SAT, desde que cambió la gestión se dejaron algunas cosas en claro: “Se viene una etapa de revisión y en los próximos meses habrá cambios”, reflejan desde el entorno derivista, un mensaje directo a la empresa que -aseguran- “no puede tirar más de la cuerda”.
Aunque aún no se ha cerrado un acuerdo, desde el Ejecutivo tienen expectativas de lograrlo en el día de la fecha. Previo a la última reunión, el gremio se mostraba poco optimista y consideraba que la situación “no está encaminada”. El Municipio podría elevar la oferta del 2% para evitar posibles medidas de fuerza.
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