UEPC: Llaryora ofrece sacar del diferimiento a la mitad de los jubilados

Por Felipe Osman

Tras una maratónica reunión de más de siete horas entre los delegados paritarios de la UEPC y los funcionarios del Centro Cívico avocados a la negociación, el gremio convocó a una Asamblea de Secretarios Generales para presentar el último ofrecimiento de la Provincia.

Al cierre de esta edición, aún no concluía la reunión de los titulares de cada uno de las delegaciones departamentales de la UEPC, pero si hubo un trascendido de magnitud: la nueva oferta haría foco en los jubilados docentes, y apuntaría quitar el diferimiento a la mitad de ellos.

Se trata, debe decirse, de uno de los reclamos centrales de la UEPC, que desde hace tiempo presiona al Gobierno Provincial para anular estos diferimientos. Ahora, el contexto de caída inflacionaria hace que limitar los diferimientos resulte menos oneroso para las arcas provinciales.

Sin embargo, todavía se desconocían costados sumamente significativos de la oferta. Entre ellos, si la Provincia avanzará, como advirtió, en el descuento de los dos días de paro de la semana pasada, si el período abarcado por la paritaria llegará o no hasta noviembre (como prefería el Panal para limitar la capacidad de protesta del gremio en la próxima negociación), y si habría o no correcciones sobre los períodos de junio y julio, que el gobernador decidió implementar por decreto, pasando por encima de la representación gremial de UEPC.

En cualquier caso, se abre un nuevo capítulo del conflicto gremial. El sindicato deberá convocar a un nuevo esquema de asambleas escolares y departamentales, para recibir el mandato de las bases y hacerlo subir hasta la Asamblea Provincia Resolutiva que defina la aceptación o el rechazo de la nueva propuesta.

Prima facie, la posición de la conducción provincial sería poner fin al conflicto, aunque parece difícil que los sectores más combativos del sindicato impulsaren la aceptación.

En el horizonte, las elecciones de delegados escolares de UEPC están cada día más cerca, y si el proceso paritario sigue dilatándose, no cabe duda de que esos comicios estarán impregnados de la actual negociación, en la que oficialismo y oposición han protagonizado múltiples encontronazos.

Por fuera de la vida interna del gremio, la oposición al Gobierno Provincial también empieza a prestar cada vez más atención al reclamo docente, en el que ve una oportunidad de maximizar los costos políticos de la gestión capitaneada por Llaryora.

Prolongar el conflicto también amenaza con multiplicar las chances de la oposición de atacar por ese flanco al Centro Cívico. De momento, la moneda está en el aire.

La propuesta anterior

La última oferta del Centro Cívico, que fue rechazada por la Asamblea de Secretarios Generales y aplicada por decreto en cuanto a los períodos de junio y julio, se componía de sumas no remunerativas de 25 mil pesos a liquidar con los salarios de junio y julio, complementadas por una fracción de la inflación (2,5 por ciento) durante estos primeros dos meses. Luego, entre agosto y noviembre, aplicaría una cláusula gatillo equivalente a la inflación, y durante estos últimos cuatro meses del acuerdo se liquidarían sumas fijas de 30 mil, 35 mil, 40 mil y 45 mil pesos, respectivamente. En octubre se eliminaría el tercer tramo del tope al estado docente, y la compensación por FONID en función de la inflación durante los seis meses de acuerdo.

Como complemento, ofrecía ampliar el alcance del Boleto Educativo Gratuito en todos los tramos y horarios para los docentes DAI, hospitalarios y de programas de alfabetización; suspender la aplicación del FOSAET durante los seis meses del acuerdo; y detener la actualización de los aportes al Fondo de Enfermedades Catastróficas.