Ajustar el cinto para ordenar el juego

Por Javier Boher 
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No hubo muchas sorpresas en el discurso de presentación del presupuesto. Milei dijo más o menos lo que se esperaba y le tiró el mayor compromiso a las provincias, que han sido puestas en aviso de que el año se viene duro y que tienen que ver de qué manera van a sobrevivir con menos fondos girados de Nación.

Casualmente hace unos días estuve charlando sobre ese tema con alguien que está más o menos metido en el tema de presupuestos y administración de recursos escasos en el sector de la salud. El intercambio tuvo su pasada por el tema de la relación entre las provincias y el gobierno federal, al preguntar sobre cómo era el vínculo con la gestión a ese nivel. La respuesta fue muy clara: es una función delegada, así que han decidido que es problema de las provincias. Básicamente no existe la gestión de salud pública a nivel nacional, todo en nombre de recortar el gasto.

Esa forma de ver y obrar nos vuelve a enfrentar a un problema que sigue sin resolverse desde hace décadas. Las provincias tienen problemas para gestionarse porque los recursos (humanos y económicos) son insuficientes para las tareas que desempeñan. Un Estado que abarca demasiadas áreas es un Estado que va a cubrir algunas de manera deficiente.

Ese problema de la falta de recursos tiene incorporado, además, otro problema adicional, el de la superposición de areas y tareas entre niveles, porque se gasta dos veces en algunas cosas y se compite por el mismo recurso humano.  En otras palabras, si la salud es un problema de las provincias, ¿por qué sigue habiendo una gigantesca estructura burocrática de salud (dentro de Capital Humano) a nivel nacional? No se trata acá de pedir la eliminación de una coordinación nacional, sino de poner el foco en la superposición de tareas. Todos los que usamos dispensarios de pueblo vemos lo difícil que es conseguir médicos de guardia, por ejemplo, que eligen ir a trabajar a los dispensarios de la ciudad de Córdoba.

Quizás en el área de la salud sea necesaria esa superposición (por la complejidad de la coordinación), pero hay otras áreas en las que es más difícil justificar la existencia y sostenimiento económico por triplicado, como por ejemplo las áreas de cultura, deportes, género o ambiente. En el lugar en el que vivo el presupuesto no alcanza para mantener las calles, pero hay responsables para todas esas áreas antes nombradas, que se limitan a organizar murgas y ferias agroecológicas. ¿Tanta falta hacen?

Ese problema económico de la falta de recursos para sostener los tres niveles del Estado es, fundamentalmente, un problema político. ¿Quién está dispuesto a recortar gastos y achicar el Estado?¿Quién se va a animar a dejar de usar los fondos públicos para hacer política metiendo por la ventana a sus militantes? Son preguntas difíciles de responder, porque en el fondo nadie quiere hacerlo.

Algo de eso es lo que quedó claro tras el discurso del presidente. Uno a uno fueron apareciendo los gobernadores a decir que en sus provincias ya hicieron un gran esfuerzo y que no van a ajustar más. Algunos incluso redoblaron la apuesta pidiendo que les paguen lo que nación les debe, en ese juego perverso de reclamarle la deuda a quien no la contrajo, después de haberse sacado fotos con el que sí lo hizo. Nadie en el gabinete puede alegar no haber sabido que esto iba a pasar, pero ningún gobernador debería hacerse el desentendido sobre cómo se llegó hasta acá. 

En el discurso Milei pidió a las provincias un ajuste de 60 mil millones de dólares, algo imposible. Esta dificultad reside, particularmente, en que el corrimiento del Estado nacional de algunas funciones implica que los estados provinciales deban salir a cubrir esos huecos, pero además porque el gasto está tan atomizado que nadie sabe muy bien cuánto se gasta y en qué.

En esa línea se única la decisión de eliminar la posibilidad de cobrar tasas municipales en los servicios, que según las versiones menos políticas apunta a bajar la inflación. La realidad indica que es una maniobra para obligar a los municipios a bajar el gasto o sincerar las tasas brutales que le cobran a la gente. Es una pelea política que no tenían necesidad de dar, pero que deben hacerlo para forzar al ajuste de ese nivel opaco de la política. Provincias y municipios gastan mucho y mal, confiados en que la plata va a terminar llegando con giros discrecionales. Todo parece indicar que eso se terminó y que esta movida apunta a redefinir nuevas alianzas y acuerdos que le permitan al gobierno nacional construir poder para encarar los próximos tres años.

No vamos a entrar en los detalles de los números, que algunos han calificado de fantasiosos y otros como mal calculados. Pocos se tomaron en serio los números anunciados, quizás porque parece haber menos trabajo técnico que convicción dogmática de que hay que reducir el gasto. Quizás eso sea lo que más preocupa a los gobernadores: solo un fanático poco embebido de las tradiciones políticas criollas sería capaz de cumplir con su palabra de cerrarles la canilla de plata pública. Parece que esta vez van a tener que ajustarse el cinto.