Redacción Alfil
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, a través de su Defensor Adjunto Carlos Galoppo, expresa su adhesión al comunicado emitido por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en el marco del III Plenario Anual realizado en la ciudad de Santa Fe.
En dicho encuentro, ADPRA manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de que se vete la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario, la cual es considerada una herramienta clave para recomponer el presupuesto de las universidades nacionales en un contexto de emergencia. La ley, aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, propone la actualización de los recursos universitarios en función de la inflación acumulada y su distribución equitativa, garantizando el correcto funcionamiento de las instituciones y el derecho a una educación superior de calidad.
Desde la Defensoría del Pueblo de Córdoba suscribimos a este pronunciamiento, reconociendo que el eventual veto a esta normativa afectaría los derechos fundamentales de estudiantes y trabajadores universitarios, así como el funcionamiento y desarrollo de actividades claves como la investigación y la extensión, esenciales para el progreso de nuestra sociedad.
Consideramos que esta decisión pondría en riesgo los acuerdos salariales y el funcionamiento adecuado de las universidades, generando un impacto negativo tanto en la calidad educativa como en el avance científico y tecnológico del país.
ADPRA enviará notas formales a la Secretaría General de la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete de la Nación, exponiendo los argumentos discutidos durante el plenario, a lo cual la Defensoría del Pueblo de Córdoba adhiere plenamente.
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La Legislatura de Córdoba aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, un nuevo organismo autónomo bajo la órbita del Poder Judicial. Impulsado por la legisladora Nadia Fernández, su función principal será controlar el funcionamiento de las cárceles y otros lugares de detención.
Los referentes del cordobesismo en el Congreso rechazan la posibilidad de un “tratamiento exprés” del Gobierno nacional y empiezan a ordenar su posición: sin quita de derechos, pero reconociendo la necesidad de actualizar normas. Analizan cómo impacta la reforma en el interior productivo.
El oficialismo aprobará hoy la creación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba. El objetivo, tutelar los derechos de los presos. En los próximos días, el Ejecutivo enviará los pliegos con los siete candidatos cuyos cargos serán inamovibles y cobrarán como un vocal del TSJ. Críticas opositoras.
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El presidente de AFA afronta la batalla legal con la Justicia utilizando al mundial y a los campeones como coartada. Mientras tanto, juega sus cartas para el contragolpe.
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