En el marco de la Semana Nacional de Protesta y Visibilización anunciada por la federación, Conadu, ADIUC convocó al paro docente universitario ayer. Lejos de -al menos- acompañar el ritmo de la inflación, los incrementos anunciados por el gobierno para marzo y abril consolidan y profundizan, como denuncian desde el gremio, el inédito deterioro salarial registrado desde diciembre de 2023. La medida de fuerza se realizó sin asistencia a los lugares de trabajo.
Universidad21 de mayo de 2025
Francisco Lopez Giorcelli
Por Francisco Lopez Giorcelli
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) atravesó este martes una jornada de paro docente convocada por ADIUC, que interrumpe la relativa calma gremial que se venía manteniendo durante las últimas semanas. Sin clases, sin evaluaciones y con escasa actividad académica, la medida de fuerza se concreta en una fecha particular: la semana de mayo, período tradicionalmente destinado a los exámenes finales del primer cuatrimestre, cuando la mayoría de las cátedras no dictan clases.
El paro se da además a días de las elecciones universitarias, donde se renovaron conducciones estudiantiles, consejos directivos y decanos en casi todas las facultades (habrá balotaje en Psicología). A pesar de que el conflicto presupuestario y la pérdida salarial del sector docente lleva meses de arrastre, el tema no tuvo protagonismo en la campaña ni fue abordado con énfasis por la mayoría de los espacios políticos que compitieron en la contienda. ADIUC recogió ese dato y lo hizo saber en el comunicado que acompañó la convocatoria: “La elección pasó, los problemas siguen. El salario docente sigue deteriorado y el presupuesto universitario no alcanza para sostener las funciones básicas de la universidad pública”.
El dato político relevante para el gremio, entonces, es que durante la reciente campaña electoral, ni oficialistas ni opositores pusieron el tema salarial ni el presupuesto universitario en el centro del debate. A lo sumo, hubo referencias generales a la “defensa de la universidad pública”, pero sin precisiones sobre cómo enfrentar la crisis presupuestaria ni cómo revertir la pérdida salarial. En ese vacío discursivo, el gremio busca posicionarse y tensionar un poco más con los sectores de la política universitaria que se mantienen sin acompañar a docentes y no docentes en sus reclamos.
La medida tuvo impacto dispar según las facultades. En aquellas donde el gremio tiene una presencia más consolidada —como Filosofía, Sociales, Psicología, Artes y Comunicación— el acatamiento fue alto y la jornada de exámenes se suspendió en varias cátedras. En otras, como Derecho, Ciencias Económicas o Ciencias Exactas, el funcionamiento fue más regular. La modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo y sin tareas virtuales busca marcar un punto de inflexión luego de semanas en que ADIUC optó por sostener el diálogo y no profundizar el conflicto, en un contexto donde el Gobierno nacional no ha dado señales claras de recomposición salarial ni mejoras estructurales para el sistema.
Desde el sindicato señalan que el poder adquisitivo del salario docente ha caído por lo menos un 50% en términos reales en el último año, y que las propuestas del Ministerio de Capital Humano han sido nulas o, en el mejor de los casos, retóricas. En ese marco, el paro de este lunes se inscribe como una advertencia: la voluntad de diálogo no implica resignación, y la base docente comienza a exigir señales más firmes tanto al Ejecutivo nacional como a las autoridades universitarias.
El rector John Boretto, que salió fortalecido de las elecciones de la semana pasada consolidando su conducción en decanatos clave, ha mantenido hasta ahora una estrategia institucional cuidadosa: defender la universidad pública, mantener abiertos los canales con Nación y contener la conflictividad interna. Sin embargo, el paro lo enfrenta con un nuevo desafío político. Aunque el gremio no lo señala directamente, el reclamo también apunta a la gestión rectoral, a la que exige mayor protagonismo público frente al ajuste universitario.
La medida también exhibe un cambio de clima en relación con la primera parte del año, cuando la conducción de ADIUC optó por priorizar el frente nacional a través de la CONADU y no escalar el conflicto localmente. Ahora, con las elecciones resueltas, el sindicato retoma la iniciativa con una acción directa que combina protesta simbólica y reclamo estratégico. El momento elegido —semana de exámenes finales, sin clases pero con actividades críticas para los estudiantes— amplifica el impacto y obliga a las autoridades a tomar nota.
Desde el Rectorado, por ahora, no hubo declaraciones públicas. En los pasillos universitarios se comenta que la medida no cayó bien en algunas facultades, especialmente entre decanos recientemente electos, que esperaban transitar las primeras semanas de gestión sin sobresaltos. En otras, sin embargo, el paro fue interpretado como una señal inevitable de un conflicto que solo había sido contenido por el calendario electoral.
El paro no solo vuelve a poner en escena a las y los docentes organizados, sino que también sirve como recordatorio de que la crisis universitaria está lejos de resolverse. La gestión Boretto deberá administrar esta nueva etapa con un ojo puesto en lo macro —a la espera de definiciones nacionales sobre el financiamiento— y otro en lo micro, donde crece la incomodidad de las bases ante la falta de respuestas concretas.
Aún sin paralizar por completo la UNC, la medida marcó el regreso de la protesta gremial en 2025 y dejó en claro que la universidad sigue siendo un campo de disputa política, incluso cuando las campañas no ponen de eje principal el ataque constante a la casa de altos estudios por parte del propio Gobierno Nacional. En este escenario, los salarios docentes y el futuro del sistema universitario volvieron, por la fuerza de los hechos y por un rato al menos, al centro del debate.
Mientras la universidad transita el receso de verano y la agenda pública baja un cambio, se discuten puertas adentro decisiones que podrían ser polémicas. El aumento de las cuotas en DASPU expone una forma de administrar el ajuste sin escalar el conflicto y abre interrogantes sobre los equilibrios entre gestión, gremios y gobernabilidad universitaria.
En la UNC, el ajuste no solo tensiona presupuestos y discursos: empieza a interpelar a un actor decisivo que rara vez aparece en los comunicados. El voto no militante, mayoritario y volátil, observa cómo se ordena el poder universitario mientras define, en silencio, los márgenes de gobernabilidad.
En un contexto de ajuste, conflicto presupuestario y de elecciones previstas para mayo, el oficialismo universitario enfrenta un dilema cada vez más visible: sostener la cautela institucional o asumir definiciones políticas que hoy son más sutiles y pasan, muchas veces, desapercibidas.
Presupuesto ajustado, financiamiento en disputa y silencios incómodos marcan el inicio del año universitario. Con elecciones rectorales en abril, oficialismo y oposición se miden en un escenario atravesado por conflictos abiertos.
Un fallo judicial obligó al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reactivó la disputa entre el sistema universitario y el Gobierno nacional. La decisión marca el pulso de las negociaciones y vuelve a incomodar a una gestión que evita dar explicaciones.
El pronunciamiento conjunto de cinco facultades contra la detención de Nicolás Maduro y el intervencionismo internacional excede el hecho puntual y deja entrever movimientos políticos que empiezan a leerse en el tablero universitario.
Juez y Bornoroni hablaron de ir juntos a Laboulaye el domingo, donde el gobernador inaugurará las sesiones legislativas ordinarias. El radical anunció a los suyos que asistirá junto a intendentes. El sanfrancisqueño ante un momento con bemoles: gremios molestos, fondos con aval nacional, y un colchón de territorialidad para aguantar el previsible endurecimiento opositor.
Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, presentó un informe técnico sobre el proyecto de Modernización Laboral del gobierno nacional. Ofrece análisis y herramientas a legisladores y gobernadores para "mejorar la ley y reducir la litigiosidad".
La apertura de sesiones ordinarias en Laboulaye se convierte en una vidriera política clave para jefes municipales y dirigentes del interior. Frente al gobernador Martín Llaryora, se empieza a revelar el rumbo a las municipales del 2027, en un escenario atravesado por la ampliación de Provincias Unidas y la lógica de las encuestas.
En medio del clima tenso por el rechazo del bloque juecista sobre la compra de drones, el ministro le pidió al Ministerio Público Fiscal que investigue a los integrantes del Tribunal de Cuentas.
Tras un año de la polémica por la publicidad del presidente a una criptomoneda que resultó ser una estafa, una firma de un documento con el empresario yankee deja mal parado al mandatario.
