La oposición salió a exigir al oficialismo que detalle cuál es el tamaño de la planta política y quienes la integran, aprovechando un momento de relativa debilidad de Hacemos Unidos. La entrada en funcionamiento del Ente de Fiscalización y Control vuelve a subir en las prioridades del Ejecutivo.
Municipal15 de noviembre de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
Rápida de reflejos, la oposición advierte que el Ejecutivo Municipal no atraviesa un buen momento e intenta multiplicar los costos políticos de la gestión.
La inminente suba del boleto, el posicionamiento del Palacio 6 de Julio frente a las plataformas de transporte, las críticas de los tuiteros libertarios al intendente, sumados al conflicto con el Suoem y la detención de tres inspectores municipales por presunta extorsión a manteros representan demasiados flancos abiertos para atender en simultáneo.
Como Alfil publicó días atrás, Passerini ha ordenado a sus secretarios reducir un treinta por ciento de la planta política, achicando la estructura orgánica del municipio. Esto surge de un señalamiento que, primero, hizo la oposición, pero que Rubén Daniele volvió a poner sobre el tapete a raíz del conflicto gremial que cruza al municipio.
La intención del municipio de cerrar una paritaria que viaje por debajo de la inflación, con los razonables argumentos de la caída de la recaudación y la necesidad de atender a emergencias que antes eran responsabilidades compartidas con la nación y hoy solo descansan en cabeza del municipio y la Provincia, no conforma a Daniele, que ha salido a acusar del oficialismo de incrementar la planta política, contraviniendo sus promesas de campaña y, quizá aún más importante, violando la máxima de austeridad que pregona el Gobierno Nacional.
El Ejecutivo recalcula y, se sabe, aprovechará el cierre de su primer ejercicio al frente del municipio para hacer cambios en el equipo y reducir su organigrama, disimulando las críticas opositoras y encuadrando las modificaciones en el balance traerá diciembre también a nivel provincial.
Ahora bien, al margen de estos señalamientos, otro frente que preocupa es el que asedia a las Áreas de Fiscalización.
La detención de tres inspectores que revistaban en la Dirección de Inspección General es, apenas, una derivación secundaria de la causa de los certificados “truchos” de Bomberos. El avance de las líneas principales de esa investigación, que se mantiene bajo secreto sumario, podría traer una amenaza mucho más profunda, con responsabilidades compartidas por empleados y funcionarios.
De hecho, Alfil pudo saber que en las últimas horas el Ejecutivo ordenó poner en marcha, a la brevedad, el Ente de Fiscalización y Control, un organismo autárquico acuñado por el oficialismo –con respaldo parcial de la oposición- para absorber las competencias que hoy están en cabeza de la subsecretaría de Fiscalización y Control.
La porción de la oposición que ayudó a construir la mayoría agravada exigida por la Carta Orgánica para la creación de entes autárquicos cree que el ente ayudará a abordar de manera más eficiente el control de las actividades económicas, la habilitación de negocios y los espectáculos públicos.
La otra, por el contrario, entiende que el ente sólo representa una herramienta para cortar las responsabilidades políticas, aislándolas a un nivel más bajo, y poniendo a resguardo a los funcionarios más importantes de la gestión.
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