Milei quiere llenar el álbum

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un poder político fundamental para el desarrollo de la vida institucional. Sus funciones de control sobre los dos poderes restantes permiten el correcto desenvolvimiento de la democracia. 

Esta cuestión de politicidad de la Corte Suprema implica la influencia de los partidos políticos en el funcionamiento de la misma, así como también en el de los tribunales inferiores. No hay elección directa ni afiliación directa de los magistrados, pero llegan a ocupar posiciones de poder por sus vínculos con unos y otros. Se trata de una especie de “justo medio” en donde ningún juez que abrace abiertamente una posición ideológica extrema puede conseguir la totalidad de los votos necesarios para ser nombrado, salvo en períodos particulares en los que hay una hegemonía de un partido dentro del Congreso.

Estas negociaciones para definir quiénes ocuparán cargos en la estructura del poder judicial son permanentes y ocupan a todos los partidos, pero particularmente a quien ejerce la presidencia. Todos los gobiernos buscan limitar a quienes pueden ponerle cerco a su accionar político. Si no existiera esa tentación de parte de los ejecutivos jamás habría aparecido la idea republicana de que al poder hay que partirlo.

El kirchnerismo tuvo cuatro períodos en los que arrancó en fuerte minoría y llegó a una situación hegemónica alrededor del año 2011. Esa posición le permitió designar a cientos, sino miles, de funcionarios judiciales en todo el país, moldeando un poder judicial con una visión política definida y parcial. Ahora los libertarios pretenden hacer lo mismo, aunque su gobierno recién esté en los inicios y con la incertidumbre de que pueda perdurar y crecer a lo largo del tiempo. 

En ese sentido la principal batalla que tiene por delante es la definición de quiénes ocuparán los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, un vacío que quedó por la intransigencia del kirchnerismo para negociar a los sucesores de los jubilados de los últimos años. El oficialismo tiene que negociar con distintas fuerzas políticas estos nombramientos, pero está obstinado en una posición en la que va por todo o nada: los jueces Lijo y Garcia Mansilla son los elegidos por el presidente Milei para llegar al máximo tribunal.

Ambas figuras son resistidas desde distintos círculos por motivos diferentes. Sobre García Mansilla pesan dudas por su perfil conservador; sobre Lijo no quedan dudas: es de lo peor que hay en lo referido a la casta judicial. El kirchnerismo y algunos legisladores de los otros bloques están dispuestos a avalar la candidatura de Lijo, un personaje oscuro que les ha garantizado impunidad en más de una ocasión, pero pretenden equilibrar las cosas en el tema género nombrando a una jueza mujer, sin representación desde que Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco dejaron el máximo tribunal.

Milei se niega a tal cosa. No llegó hasta acá negociando cada cosa, sino todo lo contrario: avanza hasta donde lo dejan, y hoy no hay muchos que opongan resistencia a sus embates. Por eso se reserva una jugada a la espera de la llegada del cierre de sesiones del Congreso. Por delante quedan tres meses de inactividad legislativa, salvo expreso pedido del poder ejecutivo para temas puntuales que se tratan en sesiones extraordinarias. Por eso mira la historia reciente de lo que hizo Mauricio Macri cuando nombró por decreto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para ocupar cargos vacantes. Hasta entonces la jurisprudencia establecía que se podían nombrar por decreto cargos que necesitaban conformidad del Senado, pero nunca los cargos referidos a la máxima autoridad judicial de la República Argentina. Esa cuestión no quedó saldada de fondo, ya que después de idas y vueltas, tensiones y peleas, el Senado terminó aprobando los pliegos de aquellos dos jueces y todo pasó rápidamente al olvido. De aquella ilegitimidad de origen se pasó a respetar los mecanismos institucionales para convalidar esa designación. 

Muchos especulan que Milei podría avanzar en el mismo sentido nombrando a Lijo y a García Mansilla a través de un decreto. La verdadera incógnita es cómo podría actuar el supremo ante una situación como esta si los jueces designados quisieron entrar en funciones: ¿Se expediría rápidamente en contra o permitiría un devenir ambiguo que deba ser saldado posteriormente por el Poder Legislativo? Acá hay opiniones encontradas, ya que la candidatura de Lijo es avalada por un ex hombre fuerte de la Corte que hoy está en minoría, Ricardo Lorenzetti. Quizás la Corte como poder político esté dispuesta a negociar el cargo vacante que dejará Juan Carlos Maqueda al jubilarse a fines de este año. Claramente esa negociación no es potestad del Poder Judicial, pero en una situación como esta, en donde ellos podrían tener que convalidar o rechazar el decreto de Milei, se abrirán todas las puertas y se tenderán todos los puentes entre poderes para definir el futuro institucional de la República. Todo vale cuando se negocian las figuritas para llenar el álbum.