La fiesta de los bienes del Estado

Por Javier Boher 
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Hay un tipo de falacia conocida coloquialmente como “cherry picking” (en español, recolección de cerezas) que se usa cuando se elige cuidadosamente la evidencia para dar sustento al punto que queremos evidenciar, mientras excluimos intencionalmente aquella que podría refutarlo. La evidencia incompleta demuestra que tenemos razón; la evidencia completa podría demostrar que no.

Con el uso de los bienes del Estado y el impulso privatizador pasa algo de eso, ya que los libertarios están empecinados en demostrar lo mal que el Estado se administra a sí mismo. No les falta razón al señalar los casos en cuestión, pero tampoco significa que sea lo común. 

Hay falta de evidencia para respaldar cualquier afirmación, pero la que existe es bastante contundente: a nadie parece importarle lo que pasa con los bienes públicos, los de todos los ciudadanos. Me crié a menos de diez cuadras de la estación de trenes de Argüello y siempre estuvo usurpada, como pasó con tantos predios y edificios del ferrocarril, así que suelo ser de los que cree que en este país es muy fácil robarle bienes al Estado bajo pretexto de la necesidad.

Esta semana los libertarios se largaron con dos casos que muestran un poco esto de lo que estamos hablando. El primer caso es el más leve: en la terraza de un edificio del INTA vivía un empleado que usurpó el espacio. Seguramente ya nos enteraremos si llegó ahí con permiso de algún superior o si se instaló y nadie lo echó, pero terminó siendo parte del lugar. Es como Bruno, el tío de Mirabel en Encanto: vive en las entrañas del edificio, con las ratas como únicas compañeras. 

Está claro que el plan del gobierno cierra con la venta de algunos valiosos inmuebles, de los que el INTA tiene varios (pensando, por ejemplo, en las miles de hectáreas que tiene repartidas en la pampa húmeda). El ente agropecuario está en la mira, además, por ser este gobierno una continuidad del kirchnerismo en lo que hace a las políticas para el sector, de allí que resulta prescindible en la mente de gente que solo conoce de hormigón porteño.

El otro caso -y este sí ya tiene muchos más condimentos- es el que en algún momento del gobierno de Macri se le cedió a la Universidad de la Madres de Plaza de Mayo para que lo transforme en aulas y espacios de aprendizaje. Nunca pasó.

Ese edificio -dependiente del Ministerio de Justicia- tiene una historia de dos décadas de mala utilización. Se le dio a piqueteros para uso privado, se instaló una familia que tenía un gallinero de dudoso bienestar animal e incluso llegó a haber un boliche clandestino. Uno creería que solo esto último fue una fiesta, pero toda la historia del inmueble demuestra que en el Estado hay cosas que son un viva la pepa. Nadie hizo uso de ese edificio pensando en el bien del conjunto de los ciudadanos, sino en las necesidades puntuales de un partido específico y de todas las organizaciones satélite que medraron como rémoras en torno al mal uso de los recursos públicos.

Como la memoria todavía no me falla del todo recordé una denuncia de hace tres meses (parece mucho más) en la que acusaban a la pareja de Tamara Pettinato de haber organizado fiestas en una vivienda entregada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todo fue en el contexto de los videos del expresidente y la señorita, así que se pasaron por alto ese detalle de la malversación de fondos. El acusado sigue siendo diputado, cuando en cualquier país serio ya lo hubiesen mandado a freír churros.

Quizás todo esto es una evidencia incompleta y sesgada, pero es la que tenemos más a mano y a la que el gobierno quiere que prestemos atención. No es tan difícil verla: las cornetas y las serpentinas de la fiesta de los bienes del Estado siempre es llamativa.