Redacción Alfil
El caso de Joaquín Sperani, el adolescente brutalmente asesinado en Laboulaye, ha encendido nuevamente el debate sobre la imputabilidad de menores en Argentina y las profundas falencias de un sistema judicial que, año tras año, deja a las víctimas y sus familias en un limbo legal y emocional.
Joaquín, con apenas 14 años, fue víctima de un crimen atroz cuyo principal acusado también es menor de edad, protegido por las leyes actuales que impiden su juzgamiento penal. Esta situación ha provocado una ola de indignación que trasciende las fronteras de Laboulaye y ha reavivado el reclamo social por una reforma urgente en la legislación penal juvenil.
Un Debate que No Encuentra Consenso
El pasado 5 de diciembre, en un acto que tuvo lugar en Buenos Aires, se realizó un encuentro clave para discutir la problemática de la imputabilidad y la protección de las víctimas de delitos violentos. El evento, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra Patricia Bullrich, también contó con la participación de los padres de Joaquín Sperani y del referente liberal cordobés Maximiliano Camusso.
Durante el encuentro, los padres de Joaquín pidieron, con profunda emotividad, la urgente aprobación de una ley que reduzca la edad de imputabilidad en casos graves como homicidios. “Necesitamos leyes que hagan justicia, no que las familias queden desamparadas mientras los asesinos caminan libres”, expresó la madre de Joaquín.
Actualmente, la legislación argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser penalmente responsables, generando un vacío legal que deja sin respuestas a las familias de víctimas. Este marco legal ha sido fuertemente criticado por no estar acorde a las realidades sociales y por proteger, en muchos casos, a quienes cometen delitos graves.
El Rol de Maximiliano Camusso
En medio de esta situación, Maximiliano Camusso se ha posicionado como un aliado estratégico para las familias de víctimas. El referente liberal del sur de Córdoba no solo acompañó a los padres de Joaquín en su lucha por justicia, sino que también se convirtió en una voz crítica frente a la inacción de las autoridades.
“El sistema judicial está fallando. No puede ser que las familias tengan que pelear solas contra la burocracia para conseguir justicia. Es urgente transformar este sistema para que quienes cometan delitos graves paguen por ellos, sin importar su edad”, afirmó Camusso.
La Ley de Imputabilidad: Un Camino de Obstáculos
Según datos del Ministerio de Seguridad, los delitos cometidos por menores han mostrado un aumento significativo en los últimos años. Sin embargo, el debate legislativo sobre la reducción de la edad de imputabilidad sigue estancado por divisiones ideológicas y falta de voluntad política.
Patricia Bullrich, presente también en el encuentro, hizo un llamado a que todas las provincias se adhieran a la Ley de Víctimas, un marco que busca garantizar apoyo psicológico, jurídico y social para las familias afectadas. Actualmente, provincias como Córdoba no han implementado este sistema, dejando a miles de familias en un estado de vulnerabilidad absoluta.
¿Hacia Dónde Vamos?
El caso de Joaquín Sperani es un recordatorio desgarrador de que las víctimas y sus familias no pueden seguir siendo relegadas. En palabras de Camusso, “la justicia debe ser igual para todos; el que comete un delito grave debe pagar por ello, sin importar su edad”.
El tiempo apremia. Cada día que pasa sin una reforma es un día más en el que las víctimas quedan desamparadas y los victimarios sin responsabilizarse. Argentina enfrenta el desafío de transformar su sistema judicial y legislativo para garantizar que el dolor de familias como la de Joaquín no quede en el olvido.
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