En una jornada maratónica, el órgano máximo de gobierno de la Universidad aprobó los informes de las comisiones y sus respectivos posicionamientos políticos frente al desfinanciamiento universitario. Reflotaron algunos reproches por falta de profundización en el debate.
Río Cuarto12 de diciembre de 2024
Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
“Si estuvimos casi 5 horas para debatir el reglamento de la asamblea, es difícil pensar que se podrá profundizar en los informes de las distintas comisiones en un solo plenario”, manifestó Santiago Lovera, asambleísta y consejero superior docente, luego de la primera sesión de la Asamblea Universitaria que tuvo lugar hace dos semanas. No obstante, la asamblea concluyó en su segunda jornada, tras casi 7 horas de debate y las respectivas exposiciones de las comisiones.
El pasado 27 de noviembre se crearon cuatro comisiones que, el día de ayer, presentaron sus respectivos informes: Grado, Posgrado y Bienestar; Ciencia, Técnica e Innovación; Presupuesto e Infraestructura; y Extensión, Vinculación y Transferencia. En diálogo con Alfil, Lovera señaló que hubo informes que los asambleístas no llegaron a leer en la previa a la asamblea, ya que algunos fueron concluidos minutos antes del inicio de la sesión. “Se podría haber hecho un mejor trabajo pero ya estaba definido que la asamblea concluiría en su segunda jornada”, aseguró. No obstante, el docente remarcó que no hubo grandes diferencias entre los asambleístas durante la mayor parte de la sesión.
Los decanos de las facultades presidieron las distintas comisiones y trazaron un análisis de la situación del 2024 y su proyección de cara al 2025, con un presupuesto que, en el “mejor de los casos” no alcanzaría a cubrir la mitad de lo previsto con el CIN para el funcionamiento de las universidades nacionales.
El decano de la facultad de Ciencias Humanas, Cristian Santos, presidió la comisión de Presupuesto e Infraestructura y planteó que “nos enfrentamos a una política de desfinanciamiento. No es lo mismo que enfrentarnos a una situación en la que va a faltar plata. El desfinanciamiento hace alusión a una política que tiene como objetivo, de manera deliberada, ahogar presupuestariamente”. Además, Santos remarcó que la caída de los salarios docentes y no docentes es de las más bajas en el sector público y que a eso se suma el nivel en el que se encuentran las becas estudiantiles (algunas entregadas por la UNRC con presupuesto de la propia institución y no a través de programas nacionales).
La preocupación trazada por Santos apuntó al proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional que contempla una partida para las UUNN que estaría lejos de garantizar salarios dignos, becas y mucho menos planes de infraestructura o mantenimiento en el campus universitario. Además, reflexionó en torno a un escenario que sería aún más crítico: la posibilidad de que no salga la Ley de Presupuesto y se deba funcionar con las partidas asignadas para este año (que ya implicaban un retraso considerable en relación a los niveles inflacionarios).
Más allá de algunas observaciones de asambleístas que lamentaron que no se haya podido profundizar en el debate, el rectorado destacó la realización de esta asamblea que hacía más de seis años que no se llevaba adelante. La vicerrectora, Nora Bianconi, resaltó que se llevó a cabo un importante trabajo en las cuatro comisiones y que se comenzará a trabajar en la redacción del documento final, el cual detallará las conclusiones de la jornada.
“Si tuviera que calificar este año con una palabra sería ‘incertidumbre’. Esa palabra también define en cierta medida la política del gobierno nacional respecto del sistema público universitario. Es preocupante y da cuenta de una situación crítica. Cuando se tiene una previsión presupuestaria se puede planificar y avanzar hacia una propuesta de gobierno, de tránsito dentro de la vida universitaria. No es éste el caso”, señaló Bianconi a Radio Universidad.
La gestión De Rivas eleva el tono de sus reclamos al Gobierno nacional por la nula llegada de fondos y la judicialización de las tasas municipales. “No prestan ningún servicio, pero presionan para resentir los servicios que se prestan en la ciudad”, señalan. La coparticipación también va en caída.
En pleno año electoral, una de las obras de mayor envergadura en el departamento terminaría su primera etapa a mediados de este año. Ante un gobierno nacional “reacio” a la promoción de la obra pública, el PJ provincial podría capitalizarla a partir del compromiso de aportar fondos en caso de que Nación “cierre el grifo”.
El último informe del COPEC arrojó datos que colocarían a Río Cuarto en una situación “mejor” a la esperada, teniendo en cuenta que en febrero hubo una fuerte seguidilla de delitos en la ciudad. La oposición relativiza los datos porque considera que no todos los hechos registran denuncias. Pedirán que la Mesa de Seguridad creada por el intendente se instituya por ordenanza.
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Por fuera de las estructuras sindicales oficiales, autoconvocados y opositores de Judiciales y la UEPC le ponen presión a la tregua con la Provincia, y condicionan a sus conducciones.
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Juez presente en la vigilia por el acto de Malvinas |Quinteros, con buena imagen | Se calienta Salud | Nueva sede de Daia Córdoba
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