
Escándalo en PAMI: Nuevo capítulo | Puja por la localía
La gestión De Rivas se posiciona como uno de los actores centrales de la cruzada contra las acciones del Gobierno Nacional en torno a la situación de la discapacidad. Nuevo round en el acompañamiento a un reclamo que toca directo a Javier Milei y donde la Municipalidad toma un rol clave también en lo político.
Río Cuarto28 de mayo de 2025
Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
Son cada vez más frecuentes los choques entre el Hacemos Unidos por Río Cuarto que conduce Guillermo De Rivas y el Gobierno del presidente Javier Milei. La situación del Banco Nación y la negativa a pagar Comercio e Industria permitió que la Municipalidad de Río Cuarto soltara críticas más directas hacia la administración nacional, pero no ha sido el único episodio: las políticas de Casa Rosada y su efecto en las minorías más desfavorecidas activó el perfil social de la gestión local, que atraviesa la que quizá sea su etapa de mayor malestar con Nación.
Así como lo hicieron semanas atrás, cuando se reanimó el reclamo por los derechos de las personas con discapacidad, el derrivismo volvió a tomar parte en una cuestión que provoca raspones en el aparentemente impenetrable casco libertario. En medio de un contexto de creciente incertidumbre, distintas instituciones vinculadas a la atención y acompañamiento de personas con discapacidad alertaron sobre el impacto negativo que está generando la auditoría implementada por la Agencia Nacional de Discapacidad. La situación, denuncian, pone en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales y afecta directamente a quienes más necesitan del sistema.
“Reforzamos la posición de acompañamiento y solidaridad con las personas en situación de discapacidad y sus familias ante la gravedad de la situación que atraviesan”, señalaron desde el Palacio de Mójica, acompañando este trabajo desde el Consejo Asesor de Discapacidad que se conformó hace relativamente poco. Al mismo tiempo, cuestionaron que el proceso de auditoría “no brinda certezas ni previsibilidad”, generando un panorama de extrema vulnerabilidad.
Uno de los principales reclamos tiene que ver con las demoras en los pagos a instituciones y profesionales que brindan servicios de rehabilitación, apoyo y educación. Esta falta de liquidez está repercutiendo directamente en la calidad de atención: “Las instituciones y actores del sistema de educación, rehabilitación y de apoyo ya registran retrasos en los pagos, situación que está afectando la continuidad de los tratamientos y la calidad de atención”.
Desde el municipio, en conjunto con el Consejo Asesor de Discapacidad, insistieron en la necesidad de declarar la emergencia en el área: “Seguiremos haciendo frente a la situación acompañando e insistiendo en la garantía de los derechos y la urgente necesidad de establecer la emergencia en discapacidad, pedimos prioridad”.
El reclamo se suma a otras voces que en las últimas semanas se alzaron a nivel nacional para exigir una mayor sensibilidad y celeridad en las decisiones administrativas que impactan en la vida cotidiana de miles de personas. De hecho, en conjunto con las diferentes instituciones involucradas, se posicionaron en simultáneo con la convocatoria que se realiza a nivel nacional este jueves.
En distintos puntos del país, se llevará adelante una movilización nacional bajo el lema “La emergencia no puede esperar”, convocada por colectivos de personas con discapacidad, familiares, profesionales del sector y prestadores de servicios. La actividad busca visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema y reclamar la aprobación urgente del proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad a nivel nacional.
“La propuesta invita a sumar apoyos para avanzar hacia una Argentina verdaderamente inclusiva y libre de barreras”, señalan desde la agrupación que convoca a las actividades en pos de lograr una declaración de emergencia que garantice, hasta el 31 de diciembre de 2027, el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos el acceso efectivo a prestaciones de salud, educación, empleo, pensiones no contributivas y políticas de protección social.
Río Cuarto, a través de la Municipalidad y la coordinación con instituciones, selló su aporte también en lo político. “Tomamos la decisión política de seguir acompañando a los que más padecen esta crisis”, resaltan desde el Gobierno local, actuando pese al riesgo de quedar expuestos a las críticas de los sectores afines al Gobierno nacional.

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