El Gobierno anunció que el Fondo Monetario Internacional hará un desembolso de US$7.500 millones después de las PASO. Varios fueron los economistas que apuntaron que sigue habiendo exigencias del organismo internacional, como más cerrojo sobre las importaciones ante la falta de dólares, posibles aumentos de impuestos y un paso más en la devaluación. A la Argentina este año le faltan, por la sequía, US$20.000 millones y debe pagarle al FMI, US$4.000 millones.

Lo cierto es que el Fondo avaló el plan oficial, pero solo con “carácter temporal”. No le dará al ministro Sergio Massa más de lo que ya estaba comprometido y lo hará con condiciones. El FMI quiere ver el resultado de la “secuencia de políticas” anunciadas por el Gobierno en las últimas semanas. En esa línea, el board técnico no elevará al directorio el pre acuerdo hasta después de las PASO.

Massa debe pagarle US$3400 millones al FMI de los vencimientos acumulados. Con una escasez récord de reservas -el Banco Central acumula US$7500 millones en negativo-, usará yuanes del swap chino y US$1000 millones que el viernes aprobó el Banco de Desarrollo de América Latina, conocido como CAF.

El dinero aprobado por el directorio en agosto permitirá el giro de US$ 7.500 millones que “calzarán” con los pagos que el país debe hacer hasta fines de octubre. Los pagos de junio y septiembre se harán en conjunto en agosto porque la quinta revisión se demoró demasiado, 10 semanas, y de este modo el Fondo se asegura cobrar de acá al menos de ahora hasta que pase la primera vuelta. Hasta después de esa fecha, hay pagos por 4.700 millones de DEGs: 2000 millones en julio, 2000 en octubre y 700 en septiembre. Además, el país debe pagar 600 millones de sobrecargos en agosto y otro tanto en noviembre, con recursos propios.

El acuerdo no implica que el FMI no vaya a seguir de cerca la aplicación de las medidas acordadas, a modo de “acciones previas” al giro. La Argentina incumplió las metas del primer semestre ese fue el motivo por el que el Fondo pidió una mayor devaluación del tipo del cambio oficial.

Desde el Iaraf, el economista Nadín Argañaraz indica que el comunicado del organismo confirma el mantenimiento de la política fiscal contra cíclica planteada a comienzos de año, a pesar del fuerte impacto de la sequía. Es decir, la disminución del déficit fiscal primario del 2,4% del PIB al 1,9%. “La meta de déficit fiscal primario para 2023 se mantiene sin cambios en 1,9 por ciento del PIB. El cumplimiento de la meta requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año, respaldado por una serie de medidas acordadas de ingresos y gastos, protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios”, describe el texto.

El mayor endurecimiento aludido tiene que ver con que el déficit primario del primer semestre fue algo superior al de igual semestre de 2022, lo que hace descansar toda la reducción de la meta en el segundo semestre. Para Argañaraz, este nuevo escenario fiscal plantea que teniendo en cuenta que a raíz de la sequía los ingresos tributarios caerían alrededor de 1,1% del PIB, compensada parcialmente en 0,9% del PIB por la introducción de nuevas medidas de ingresos, el gasto sería el que tiene que hacer el esfuerzo residual adicional para cumplir la meta.

El gasto primario debería finalizar el año en 19,7% del PIB. Teniendo en cuenta que ya se ha informado el gasto primario del primer semestre, para terminar el año en 19,7% del PIB, en el segundo semestre debería descender en términos reales un 6%. De esta manera, el gasto primario en 2023 tendría un descenso real del 6% y de 0,6 puntos porcentuales del PIB respecto a 2022.

Para la consultora Quantum, en cambio, la recaudación fiscal adicional por aplicación del impuesto país y el nuevo anticipo de impuesto a las ganancias de grandes empresas, no alcanzarían para cumplir con la meta de déficit primario de 1,9% acordado en el programa con el FMI. Con un déficit primario anualizado de casi 3% en el período enero a junio, el desvío sería de 0,6% del PBI.