De nuevo con los peajes

Por Javier Boher 
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El gobierno nacional avanza con su idea de retirar al Estado de todos los lugares que pueda. Esta vez la discusión gira en torno a las rutas, que según el credo oficial deberían ser privatizadas: que paguen quienes las usan.
La idea no es nueva, ya que se la vio todo a lo largo de los ‘90, cuando esas benditas casillas se desplegaron por todos lados. La crisis del 2001, la devaluación de Duhalde y el congelamiento de tarifas del kirchnerismo hicieron inviable un negocio que ya no funcionaba cuando se lo implementó. La rentabilidad de las empresas se desplomó, se multiplicaron los juicios al Estado y aparecieron las estatizaciones. 
Así fue como se llegó al punto actual en el que los ciudadanos pagan una fortuna en caminos, pero para prestaciones mayormente mediocres. Se pagan impuestos nacionales, tasas viales, peaje -los que circulan por las rutas- y más impuestos para sostener a los empleados y las obras de esas empresas de peajes que no pueden sostenerse. Los que vivimos en Córdoba pagamos mucho por circular por nuestras rutas, pero al menos hay una infraestructura muy superior a la que se ve en otras provincias del país. Esto, que sirve para alimentar el ego cordobés, no alcanza para cubrir la demanda de conectividad que hay en el terreno. 
El problema, nuevamente, está en cómo se supone que se debería resolver ese déficit de asfalto.
Si el kirchnerismo sostenía que todo debía depender del Estado, el milevismo sostiene que a todo lo debe resolver el mercado, pero los dos se quedan cortos en sus enfoques. El Estado decide mejorar la infraestructura vial de acuerdo a las necesidades de los políticos, como quedó a la vista con las obras que el kirchnerismo pagó en Villa María o Cosquín, mientras que en la capital se tuvo que adaptar la forma de la rotonda del Tropezón porque nación no facilitaba el acuerdo por unos terrenos bajo su jurisdicción. El mercado sólo lo hace de acuerdo al negocio, lo que favorece la concentración de todas las actividades económicas sin la visión del desarrollo que debería aportar el sector público. En un país tan extenso como Argentina debería haber algún punto intermedio y eficiente entre esos dos extremos.
El modelo de los libertarios tiene dos problemas adicionales. El primero, y fundamental, es que el parque automotor es reducido y antiguo. La carga impositiva sobre los vehículos hace que sea muy difícil acceder al 0km, muchos de los cuales valen casi el doble que en países vecinos, con el ridículo de que los autos fabricados en Argentina son más baratos en esos otros mercados.
Además, el costo de mantener los vehículos (seguro, patente y rentas, además del costo de funcionamiento y mantenimiento) hace que poca gente tenga y use su auto o moto para viajar. Esto pasa incluso con un muy deficiente sistema de transporte público, que de ser mejor haría que incluso menos gente se desplace en su propio vehículo.
El gobierno de Menem coronó un deterioro de décadas al desmantelar su red ferroviaria y volcar todo el tráfico a las rutas con la esperanza de que los peajes puedan sostener la expansión de la red vial, cosa que funcionó parcialmente, sólo en aquellos lugares en los que hay suficiente tráfico. Por caso, ningún peaje de la provincia de Córdoba supera los 50.000 vehículos diarios, la mitad de los que se calcula que deberían pasar para que sea rentable. Los números no cierran por ningún lado.
El otro problema del enfoque libertario es la carga impositiva vinculada a la compra y operación de vehículos. Si hace un siglo Argentina estaba entre los principales tres consumidores de autos a nivel global (lo que alentó la instalación de fábricas en el país), no fue porque había un consumo masivo de vehículos por parte de las clases populares, sino por la gran cantidad de vehículos que se vendían para actividades productivas y para zonas alejadas. Era una herramienta relativamente accesible, que se potenció una década más tarde con el desarrollo del Automóvil Club Argentino.
Si el Estado no se achica mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, la necesidad de cobrar tasas e impuestos que encarecen el consumo de vehículos se seguirá manteniendo. Nada de todo lo que se recauda paga lo que se supone que debería, sino legiones de empleados improductivos y gastos ridículos que alimentan a los políticos de turno. Si no bajan los impuestos, no va a haber más autos. Si no hay más autos, los peajes no son rentables.
Esta discusión es completamente diferente a la que deberíamos dar si hablamos del transporte urbano, con ciclovías, colectivos, subte, trenes o todo lo que desaliente el auto. Pero en un país en el que hay extensas zonas de tierra con islotes de gente desperdigados en la inmensidad, lo primero que debería hacer el gobierno es pensar en quiénes usarían esas rutas a las que les quieren poner una casilla. Como están las cosas, muchos menos de los que deberían.