
Criptogate: en la Rosada dicen que Milei fue estafado y no cambia su agenda
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En el 2024 se iniciaron un total de 125.842 nuevos juicios laborales, únicamente por riesgos del trabajo. La cifra está 6,8% arriba del 2023. Córdoba, cuarta en el ranking.
Nacional23 de enero de 2025El Gobierno derogó una norma de 2013 que fijaba límites mínimos y máximos (pisos y topes) para las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), definidas como porcentajes de las nóminas salariales. A partir de la decisión, concretada con la resolución 18 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, surgieron dudas sobre cuál será el efecto en el precio de los seguros. En este rubro los precios no estaban regulados.
De acuerdo con los datos elaborados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), 2024 se consagró como un año de altísima litigiosidad alcanzando un total de 125.842 nuevos juicios laborales, únicamente por riesgos del trabajo. Solo en diciembre se iniciaron 8.910 demandas en el país. La cifra transparenta el tamaño de la problemática y del desafío a resolver, que no sólo impacta sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo, sino que -en estos niveles- “perjudican a toda la estructura productiva”, dicen desde la entidad.
Enumeran que a los empleadores los afecta “alcanzando sus decisiones de inversión y empleo, a los trabajadores bajando sus chances de conseguir empleo y al empleo de calidad y a las ART socavando la solvencia del sistema”.
En 2023 las demandas iniciadas por esta causa sumaron 117.348. Y si bien desde UART y muchas otras instituciones empresariales y profesionales abocadas a la temática del empleo, se alertó acerca de esta distorsión, el año pasado el número aumentó 6,8%, sumando casi 8.500 demandas más.
En orden de participación, la provincia de Buenos Aires es la más litigiosa con un total anual de 50.584 (en diciembre sumó 3584 nuevas demandas). Su crecimiento respecto del año precedente fue de 4.5%. La sigue Caba con 22.946 litigios en el año. El tercer lugar lo ocupa Santa Fe, con 16.439 juicios en el año, (1137 solo en diciembre) y un incremento anual explosivo de 21,5%. En cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales, 650 en el último mes, y un aumento interanual de 4.2%. La sigue en el podio de las 5 grandes Mendoza con 9.857 totales (661 en diciembre) y un aumento de 18%.
Según el análisis de Uart, estos números, que no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias, con acuerdo a la ley que regula la actividad, sin cargo alguno para el trabajador, se explica en buena parte por la demora de la Justicia de cada provincia adherida a la Ley 27348 y de la Corte Suprema de Justicia en Caba, en crear los cuerpos médicos forenses en ellas.
Para la entidad se suma, además, el agravante de las tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales muy por encima del rendimiento de las inversiones y el incumplimiento del plazo de caducidad estipulado en la ley para presentar demanda judicial, luego de haber recibido el dictamen de las Comisiones Médicas del Sistema. Cada provincia tiene un plazo propio aprobado en su respectiva adhesión, mientras que la Ley Nacional 27.348, determinó 15 días hábiles, lapso que rige en Caba.
“Estos ocho años de retraso en adecuarse a lo exigido por ley, y completar la reforma, han generado un efecto boomerang volviendo, en cantidad de demandas, casi al punto de partida -agrega-. Resulta urgente ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral, constituyendo, tal como lo prevé claramente la norma”.
En esa línea apunta, cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo, que cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias y que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral.
La Uart sostiene que si la Argentina quiere “reconstituir su economía y competir globalmente con toda su enorme capacidad y potencial, debería corregir cuanto antes este ‘costo judicial argentino que se ha convertido en un costo estructural denunciado ya, por todos los actores de nuestra economía. Los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo”.
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