Pequeña tregua ruralista: diálogo con Busso (aún con escepticismo)

Por Julieta Fernández 

En las últimas horas del lunes, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, se comunicó con las autoridades de la Sociedad Rural local para lograr una especie de tregua tras los contundentes testimonios de la última asamblea. La instancia había reunido a más de 300 productores rurales y también intendentes de la región y legisladores del radicalismo (además del diputado Rodrigo de Loredo, quien tuvo una efusiva intervención casi sobre el final del encuentro). Aún sin definiciones que den por cerrado el conflicto, Busso se habría comprometido con la SRRC a retomar el diálogo en relación al aumento del impuesto inmobiliario rural que, según plantearon los productores, ha llegado a superar el 200 y 300%.

Según informó Puntal, uno de los compromisos vertidos por el funcionario fue que la Provincia publicará periódicamente información sobre el destino de aquellos fondos que “vuelven en un 98% al campo para tareas de infraestructura o seguridad”. Este planteo responde a varios de los reclamos que se volcaron durante la asamblea de productores, quienes reiteraron en varias ocasiones que, más allá del incremento, demandaban conocer “en qué se gasta esa plata”. “Un impuesto razonable y ver obras en los campos fue el pedido unánime de los productores”, remarcaron desde la SRRC como balance de lo que dejó la reunión.

La asamblea de la entidad ruralista no pasó inadvertida en el Panal, especialmente a partir de la participación de Rodrigo de Loredo, quien aprovechó la oportunidad de acercarse al sector (más allá de que la presencia de dirigentes políticos no fue del agrado de todos los presentes). En este sentido, el diputado siguió jugando a fondo en sus guiños al sector y repudió el comunicado de los consorcios camineros que, al darse en este contexto, generó controversia. 

“En el último año y como parte de un compromiso para fortalecer y poner en valor el sistema, el gobernador Martín Llaryora destinó más de $21 mil millones a los consorcios y las regionales para el equipamiento y adquisición de maquinaria (...) Mientras que en otros contextos la obra pública queda sujeta a recortes o paralizaciones, en Córdoba el mantenimiento y la mejora de los caminos rurales están salvaguardadas, gracias al aporte de los productores a través de sus impuestos y el trabajo conjunto entre los consorcios que gestionan y el Estado que financia”, señalaron desde la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia. De Loredo compartió el comunicado en sus redes y opinó que “no le hace bien a esta importante asociación salir en este momento con este tipo de comunicados que buscan avalar el salvaje impuestazo rural de Llaryora”. 

El diálogo de Busso calmó un poco las aguas pero no parece haber disipado el enojo de la entidad ruralista local. “Hablaron de seguir dialogando pero sostienen su forma de sacar las cuentas. Y el lugar que unos no ocupan, lo ocupan otros. El gobierno provincial tuvo la chance de venir a explicar todo y no lo hicieron”, manifestó un dirigente ruralista a este medio en relación a la presencia de dirigentes radicales y la ausencia de funcionarios provinciales en esta instancia.